GUÍA BÁSICA PARA FORMACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES

UNION NACIONAL DE TRABAJADORES

GUÍA BÁSICA PARA FORMACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES

  1. TIPOS POSIBLES DE SINDICATOS

1.1, DE OFICIOS VARIOS, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate, el número de trabajadores de una misma profesión, sea menor de veinte. Es fácil advertir que esta forma podría corresponder a poblaciones muy pequeñas, que de no haber alternativa tendrían que formar sindicato de ese tipo con la perspectiva de transformarse en alguna de las otras formas que con el tiempo fuere factible,

1.2,

GREMIALES, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Esta forma resulta obsoleta y fue usada en los albores de la formación de los sindicatos en México, (recuérdese a los gremios ferrocarrileros, que posteriormente se unificaron en el actual sindicato nacional)

1.3, DE EMPRESA,

los integrados por trabajadores que prestan sus servicios en una misma empresa. El mayor número de sindicatos que existen en el país son de este tipo y a ello obedece en medida importante la dispersión y debilidad del movimiento obrero mexicano porque no favorece el diseño de estrategias comunes de los trabajadores por rama o cadena productiva. Sin embargo puede ser necesaria la sindicalización en esa forma al no existir en la FESEBS algún sindicato nacional de industria o por o por lo menos industrial, de la rama de la empresa en que presten servicios los trabajadores que se pretenda organizar.

1.4, INDUSTRIALES, los integrados por trabajadores que presten servicios en dos o mas empresas de la misma rama industrial en determinada entidad federativa, (estados o Distrito Federal). Esta forma es mas evolucionada y ofrece en alguna medida posibilidades de coordinación de los trabajadores de la rama por lo menos a nivel de su Estado. Es recomendable intentar la liga de trabajadores de la misma rama en cada estado, al no existir en la FESEBS sindicato nacional de la rama en cuestión, porque ello favorecería la posibilidad de dar el siguiente paso, es decir la constitución de sindicatos nacionales de industria, cuyas características son las que siguen.

1.5, NACIONALES DE INDUSTRIA,

los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o mas entidades federativas, como lo es el caso del STRM, con todas las posibilidades de desarrollo que ustedes conocen perfectamente.

2. AUTORIDADES COMPETENTES PARA EL TRAMITE DE REGISTRO DE LOS DIVERSOS SINDICATOS

2.1, SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

Procede ente esa autoridad cuando se trata de sindicatos de trabajadores al servicio de empresas o entidades de jurisdicción federal de las ramas textil, eléctrica (de servicio público), cinematográfica, hulera, azucarera, minera, metalúrgica y siderúrgica, de hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz incluyendo autopartes, química incluyendo farmacéutica y medicamentos, de celulosa y papel, de aceites y grasas vegetales, productora de alimentos enlatados, empacados o envasados, bebidas enlatadas o embasadas, ferrocarrilera, maderera básica, aserradero, triplay y aglutinados, vidriera de vidrio plano, liso o labrado y envases, tabacalera, empresas administradas directa o descentralizadamente por el Gobierno Federal, empresas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal (caso TELMEX) y empresas que ejecuten trabajos en zonas federales. Procede también cuando se trata de SINDICATOS NACIONALES DE INDUSTRIA por tener miembros en dos o mas entidades federativas.

2.2, JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

. Procede ante la de la entidad correspondiente cundo se trate de sindicatos gremiales, de empresa, industriales o de oficios varios cuyos trabajadores presten servicios a empresas no comprendidas en la jurisdicción federal.

3. DE LOS REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS DIVERSOS SINDICATOS.

3.1, NUMERO DE TRABAJADORES.

La Ley establece que sean por lo menos veinte en servicio activo, regla que en los casos de los sindicatos industriales y nacionales de industria, debe rebasarse por los requerimiento de organización sindical interna.

3.2, EDAD Y OTROS REQUISITOS PERSONALES. Deben ser mayores de catorce años, pueden sindicalizarse también los extranjeros con la limitante de que no pueden formar parte de la directiva y no pueden coexistir los trabajadores de confianza con el resto de los trabajadores en el mismo sindicato.

3.3, DEL PADRÓN SINDICAL. Debe integrarse padrón por triplicado, consistente en la lista de los constituyentes con progresión numérica de sus nombres, sexo, edad, domicilio particular, afiliación del IMSS, SAR e INFONAVIT si lo tienen y firma autógrafa de cada trabajador así como con el nombre y domicilio del patrón, empresa o establecimiento en que presten sus servicios. Un padrón por cada empresa si se trata de sindicato industrial o nacional de industria. De ser posible debe obtenerse constancia patronal de prestación de servicios que puede ser directa cuando no les ponga en peligro o bien copia de su alta en el IMSS u otro documento público fehaciente de la existencia de la relación laboral de cada uno.

3.4, DE LOS ESTATUTOS. Deben previamente formularse por triplicado, los estatutos sindicales que reúnan los siguientes requisitos: 1,

Denominación del Sindicato,

2,

Domicilio y población,

3,

Objeto del Sindicato (el estudio y defensa de los derechos del los trabajadores integrantes) y estructura, (por secciones y delegaciones si se trata de sindicato industrial o nacional de industria;

4,

Condiciones de admisión de los socios,

5,

Obligaciones y derechos de los asociados,

6

Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias,

7,

Forma de convocar a asambleas y clases de ellas,

8,

Quórum requerido para sesionar y porcentaje de miembros para que los acuerdos tengan validez,

9,

Procedimiento para la elección de la directiva, número y cargos sindicales,

10

Período de duración de la directiva,

11,

Normas para la adquisición, administración y disposición de los bienes sindicales,

12,

Forma de pago y monto de las cuotas sindicales,

13,

Época de presentación de cuentas (en plazos no menores a seis meses),

14,

Normas para la liquidación del patrimonio sindical en caso de extinción del sindicato y

15,

Demás normas y garantías específicas del artículo 371 de la L.F.T.

3.5, ACTA DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, Esta debe prepararse por triplicado y cuidadosamente para que reúna los requisitos de ser una relación circunstanciada y coherente en que consten: 1,

quiénes instalan la asamblea;

2,

los padrones deben hacer las veces de lista de asistencia;

3,

debe precisarse el quórum, declarararse y elegirse a la Mesa de Debates;

4

debe insertarse la orden del día y decirse que se aprobó;

5,

debe decirse que se dieron a conocer los estatutos, que se aprobaron y que forman parte del acta;

6,

debe elegirse la primer directiva conforme a los puestos del estatuto y

7,

debe firmarse por la mesa de debates y por la directiva electa.

SOLICITUD DE REGISTRO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE. Esta debe estar firmada por lo menos por los secretarios General, de Organización y de Actas, se deben adjuntar por duplicado: 1,

el acta de la asamblea constitutiva;

2,

la convocatoria si la hubo;

3,

los estatutos firmados por quienes firmen el acta y

4,

el padrón que hace efectos de lista de asistencia.

Si deseas más información envíanos

Correo electrónico: E-Mail accionpolitica@strm.org.mx

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GUÍA BÁSICA PARA FORMACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES

UNION NACIONAL DE TRABAJADORES

Diálogo para la

Reforma Laboral y productiva

Propuesta de la Unión Nacional de Trabajadores

Para el Nuevo gobierno

El pasado dos de julio, la sociedad mexicana optó por un cambio democrático que de alguna u otra forma ya se ha iniciado, pero que en los meses y años por venir, deberá de proyectarse e impulsarse en prácticamente todos los aspectos de la vida social, económica, política e incluso ideológica del país. Se trata, sin duda, del comienzo de un proceso histórico con desarrollos y con metas de corto, mediano y largo plazos, en el que un objetivo esencial es la construcción de un nuevo Estado democrático, más justo, más participativo, más incluyente y más productivo de lo que pudo haber sido el Estado corporativo, aún en sus momentos de mayor eficacia y esplendor. La transición a la democracia es un proceso complejo, en el que sólo la intensa participación y movilización sociales y la configuración de acuerdos y compromisos representativos y legítimos en todos los niveles, podrán superar las resistencias e inercias del viejo sistema y de sus intereses.

Para los trabajadores, la posibilidad del cambio trae consigo expectativas adicionales, porque por vez primera en varias décadas, el nuevo gobierno se ha comprometido a emprender transformaciones importantes, transformaciones democráticas en materia laboral. Uno de los indicadores de la decadencia del viejo sistema corporativo es, precisamente, el abandono y el descuido de la cuestión laboral y productiva, lo que convirtió a la política laboral del Estado en sinónimo de control político sobre los actores productivos y de sobreintervención gubernamental, directa o indirecta, sobre las relaciones obrero-patronales y en la vida interna de los sindicatos y de las organizaciones patronales, es por ello que la UNT considera que la reforma laboral y productiva es parte sustancial de la necesaria reforma social, democrática y económica del Estado Mexicano.

El cambio laboral comprometido por el nuevo gobierno es un cambio específicamente democrático, lo que coloca a la transición laboral pactada en un lugar estratégico dentro del proceso general de construcción de la transición a la democracia en nuestro país. Orientar y promover un cambio democrático en materia laboral y productiva exige, necesariamente, trascender al corporativismo y confrontar de diversas formas sus estructuras y sus prácticas.

La Unión Nacional de Trabajadores reconoce que existe ya una base muy clara e inconmutable para plantear y proyectar una reforma laboral y productiva democrática en la agenda laboral del nuevo gobierno. Esta base está definida, principalmente, por los diez puntos que estableció el candidato Vicente Fox con la propia Unión Nacional de Trabajadores el 16 de febrero de 2000, así como por los Veinte Compromisos por la Libertad y la Democracia Sindical.

La UNT piensa que es indispensable para la gobernabilidad del cambio el respeto y el cumplimiento de los compromisos ya existentes, no sólo porque constituyen una verdadera alternativa para emprender los cambios laborales sustantivos que se ha propuesto el nuevo gobierno, sino porque son una posibilidad real para impulsar un nuevo acuerdo social entre trabajadores y empleadores, así como para redefinir el papel del gobierno en materia laboral y productiva, eliminando la sobreintervención y el control político como prioridades de la política laboral.

La UNT sostiene por ello que, en todo caso, las discusiones y los consensos representativos en torno de la reforma laboral y productiva y de la agenda laboral del nuevo gobierno tienen que partir, necesariamente, de las bases establecidas en campaña. Es por tanto de la mayor importancia retomar la iniciativa del diálogo público nacional sobre la reforma laboral y productiva, para de aquí sumar voluntades, movilizar, lograr aliados, formar acuerdos, asumir compromisos, definir normas y leyes y superar resistencias y obstáculos, cualquier posible reforma a la legislación laboral debe de ser por tanto, el resultado en lo principal del acuerdo social entre trabajadores y empleadores, convocado y respaldado por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por vez primera, existe la posibilidad de contar con una política laboral y productiva de estado que sea consecuencia del acuerdo social y del consenso y no de la imposición o de clientelismos partidistas, una ley para la revalorización del trabajo, el salario y el trabajador, para el desarrollo productivo de las empresas y la competitividad económica, para la concertación auténtica entre los actores del mundo laboral, para la justicia, la equidad y el desarrollo nacional.

Es importante subrayar que la agenda básica de la nueva política laboral no requiere de modificaciones legislativas de corto plazo. Más aún, la contratación colectiva puede de inmediato permitir la detonación de los cambios fundamentales por lo que, antes que modificar las leyes laborales, sería adecuado imprimir cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al Reglamento de la STPS. Lo anterior en virtud de que, además de los compromisos ya señalados, la política laboral debería de instrumentar un cambio profundo en la estructura, actitudes, facultades, valores y perfil de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a fin de que: promueva un desarrollo armónico, democrático y autónomo de los actores productivos; aliente un crecimiento sostenido y sustentable; logre la convergencia empresarial y sindical y el justo disfrute de los resultados económicos de dicha convergencia; promueva la generación de más y mejores empleos, de mayores salarios e ingresos, de la capacitación permanente y fomente la cohesión económica y social, la solidaridad de los actores del mundo del trabajo y el ejercicio transparente, ético y eficaz de la autoridad laboral en todos sus niveles.

En consecuencia, la UNT insiste en que los planteamientos de la reforma laboral y productiva y de la agenda laboral del nuevo gobierno, partan de los compromisos ya existentes, porque constituyen la única forma creíble y posible para emprender los cambios laborales sustantivos que se ha propuesto el nuevo gobierno y porque son una parte ineludible de la transición a la democracia y de la Reforma del Estado.

Para la nueva política laboral y productiva es indispensable considerar la legalidad internacional de las prácticas laborales, en especial el cumplimiento de los convenios internacionales en la materia y la inclusión y la reglamentación de la cuestión laboral en los tratados comerciales. En cuanto al método para arribar al acuerdo social y el consenso, proponemos se realice a partir de los puntos definidos y comprometidos y de ellos convocar, sumar y conciliar a quienes sean convocables y conciliables. Habrá sin duda quienes por sus privilegios o intereses no lo sean, pues de antemano se presenta un desequilibrio histórico; el nuevo gobierno debe de tener en cuenta sobre todo la desigualdad preexistente, que ha colocado a los trabajadores mexicanos en una situación de extrema precariedad económica y social. la reforma laboral tendrá que ser fundamentalmente representativa de los intereses de los trabajadores, cuyos derechos laborales básicos han sido cancelados por el corporativismo, el autoritarismo y la corrupción.

Un segundo aspecto substancial de método para la reforma laboral y productiva y para definir la agenda laboral del nuevo gobierno, es comenzar a diluir la sobreintervención gubernamental creando las condiciones para la democratización, la libertad y la autonomía sindical, así como abrir paso a una mayor y mejor interlocución entre trabajadores y empresarios, lo que supone un cambio importante en la practica tripartita corporativa.

Lo anterior supone que la mesa y que los trabajos de la reforma laboral no pueden ni deben de quedar sólo en manos del gobierno, sino que de entrada deben de participar el Poder Legislativo y el Judicial y establecerse puentes con otras mesas, en especial en materia de Reforma del Estado y de Acuerdo Social. Asimismo, es preciso apostar abiertamente al nuevo diálogo obrero-patronal, recuperando hasta donde sea posible la experiencia de la nueva cultura laboral, pero a la vez tomando en cuenta que en esta ocasión se trata de crear nuevos espacios de diálogo obrero-patronal, para el establecimiento de pactos productivos, eventualmente promovidos y coordinados pero no controlados ni dominados por el gobierno.

El diálogo obrero-patronal debería iniciarse con el fin inmediato de realizar diagnósticos conjuntos por ramas, cadenas, regiones y sectores de la producción. Estos diagnósticos pondrían atención a aspectos clave para diseñar y proyectar políticas públicas, como: tipo y nivel de empleo, capacitación, grado de modernización, capacidad administrativa, productividad, tecnología, salarios, contratación colectiva, etc. Un segundo nivel del diálogo obrero-patronal sería la pactación de acuerdos productivos, por rama, cadena y sector de la producción. Entre los sectores sobre los que consideramos que existe una mayor urgencia para establecer acuerdos específicos podemos mencionar los siguientes:

  • Sector de aeronáutico.
  • Transportes. Aeronáutico y Terrestre.
  • Radio, televisión, cinematografía y prensa escrita.
  • Telecomunicaciones en la convergencia digital.
  • Energéticos.
  • Educación.
  • Seguridad Social, (la CONSAR, sociedades de ahorro y préstamo, asistencia social, jubilaciones y pensiones).
  • Sector agropecuario.
  • Política cultural.

Esta dinámica compleja describe un proceso muy amplio de reconstrucción de la vida social, política y económica en el país, del cual se desprenderá una movilización novedosa, diferente que nutrirá el desarrollo de la transición a la democracia.

Es importante señalar que la UNT de ninguna manera aceptará que el “Código Procesal del Trabajo”, que algunos sectores están interesados en convertir en la base de un cambio en el orden laboral se considere para efecto de desencadenar todo este proceso; ya que dicho anteproyecto no ha sido consensado ampliamente entre las organizaciones sindicales y representa una regresión con relación a diversos derechos fundamentales de los trabajadores que ya están contemplados en las leyes vigentes, pero sobre todo, porque en el Código no se abordan las reformas de fondo que son necesarias para garantizar el ejercicio de la libertad sindical, la abolición de los contratos de protección, ni los demás aspectos que deberían abordarse para perfeccionar el derecho laboral mexicano.

En opinión de la UNT, una modificación de fondo del orden laboral en México debe considerar entre otras cuestiones las siguientes:

  • Constitución del Registro Público Nacional de Sindicatos y Contratos Colectivos.
  • Penalización a empleadores y sindicatos que pacten contratos colectivos de protección.
  • Establecimiento de reglas que garanticen el funcionamiento democrático y representatividad de las organizaciones sindicales y empresariales (voto universal directo y secreto, entre otras medidas).
  • Establecimiento de cláusulas referentes a los sistemas de capacitación y productividad.
  • Homologación a la alza de los salarios mínimos, desaparición de la CNSM Y definición de mecanismos democráticos e incluyentes para la determinación de los mismos.
  • Federalización de la Justicia Laboral, es decir la competencia exclusiva de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en lo administrativo y de los jueces federales de lo laboral en lo jurisdiccional.
  • Sustitución de las juntas por jueces de lo laboral.
  • Eliminación de la requisa y de todos los ordenamientos legales que nulifican el derecho de huelga.
  • Eliminación del apartado “B” por su carácter limitativo de los derechos laborales.
  • Garantías plenas al derecho de asociación sindical y a la autonomía de las organizaciones de los trabajadores.
  • Garantías plenas a la estabilidad en el empleo.

Licenciado Fox:

Sabemos que usted comparte con nosotros la convicción de que responder a los compromisos permite congruencia y fortalece la credibilidad, lo que marca rumbo y representa el más valioso capital político para el cambio, reiteramos así mismo que el acuerdo social y el consenso son instrumentos esenciales para avanzar en la nueva política laboral y que la contratación colectiva es el espacio idóneo para desencadenar este proceso.

Desarrollar estas reformas de la manera propuesta, colocándolas en el ámbito de las prioridades nacionales, será un elemento fundamental para apuntalar la paz social en la medida en que estarán sustentadas en acuerdos y consensos sociales incluyentes y plurales. Lo anterior es muy diferente de la paz aparente derivada del control autoritario y corporativo, por lo que debemos tener claro que la gobernabilidad y el direccionamiento adecuado de estas transformaciones implica necesariamente un cambio en la correlación de fuerzas y por consecuencia requiere de aliados y de actores que puedan impulsarlo. Arribar a este cambio producirá sin duda logros en justicia social pero de manera adicional y no menos importante, dará viabilidad al aparato económico y productivo del país.

México, D.F., noviembre del 2000.

“POR LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS TRABAJADORES”

Por la Presidencia Colegiada

Francisco Hernández Juárez

Dr. Fernando Rocha Larrainzar

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes

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UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES – UNT

Posición de la UNT en relación a las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Materia de Libertad Sindical

Desde su nacimiento la UNT se ha pronunciado por el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos sindicales, políticos, individuales y colectivos de los trabajadores. La UNT es partidaria de la libertad sindical y de la vida democrática de sus organizaciones, es partidaria de la titularidad y la contratación colectiva, de la bilateralidad, del derecho de huelga y de la erradicación del corporativismo.

Por ello, en relación con las recientes tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de libertad sindical, la UNT declara:

1. Estas ejecutorias constituyen un reconocimiento tardío e incompleto de los derechos de los trabajadores al Servicio del Estado, ya que subsisten las limitaciones que impone el Apartado “B” y su ley reglamentaria, en relación con la Contratación colectiva, la bilateralidad de la relación laboral y el derecho de huelga. En el Apartado “B” no se permite la negociación por parte de los sindicatos de las condiciones generales de trabajo. Tratándose del derecho de huelga, se establece como condición para su ejercicio la violación reiterada y sistemática de las mismas, lo que en la práctica nulifica su aplicación. Desde luego, la Jurisprudencia permite la existencia de más de un sindicato por dependencia, con lo que se intenta corregir una aberración de la normatividad laboral que ha existido por 40 años, pero no se afecta la esencia del corporativismo laboral, que es la verdadera causa que en nuestro país no hayan podido desarrollarse a fondo la libertad, la autonomía, la democracia y la independencia sindicales.

2. Por el contrario, la generalización del concepto de libertad sindical, cuya aplicación ya no sería en sentido positivo, es decir como el derecho de un trabajador a optar por un sindicato distinto, sino como la posibilidad de que los trabajadores no se afilien a ninguna organización, lo que se conoce como libertad sindical negativa, sobrepone el interés individual al colectivo, de esta manera, se incrementa peligrosamente la capacidad del gobierno y los empresarios para intervenir todavía más en la vida sindical, ya que el corporativismo laboral y sindical es producto no sólo de las leyes, sino más bien de todo un sistema político presidencialista, autoritario y paternalista, caracterizado por la intervención del gobierno en las relaciones obrero patronales y en la vida sindical. Nada de esto ataca ni resuelve las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de libertad sindical.

3. El corporativismo laboral ha generado estructuras de simulación que constituyen los mayores obstáculos para la libertad y la democracia sindicales en México. Un ejemplo de ello son los contratos de protección, los cuales otorgan protección y garantías a las empresas para administrar a su antojo las relaciones obrero patronales, y se usan para prevenir e impedir la formación de sindicatos auténticos, libres y democráticos, evitando así la existencia de una auténtica contratación colectiva.

Otro caso son, los contratos de corrupción, administrados por abogados que actúan como supuestos dirigentes sindicales y venden todo tipo de protección y seguridad a las empresas.

Este sistema de simulación de la contratación colectiva es alentado y solapado por las empresas y por el gobierno, quien lo reconoce y registra, a partir de sus facultades para sobreintervenir y decidir en materia laboral y sindical y otorgar representatividad y legalidad a quien no la tiene. En esto reside la esencia del corporativismo del Estado y del sistema político en México, y es lo que debe cambiar para una verdadera transición. Para la UNT, desarrollar la democracia sindical es tan importante como la promoción de la libertad de asociación sindical.

4. La UNT considera que las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de libertad sindical, se pueden interpretar como una respuesta del gobierno mexicano a las exigencias de flexibilización de los sistemas laborales impuestas a los trabajadores por el capital multinacional en prácticamente todo el mundo.

La reforma laboral ha sido, desde los 80’s, una prioridad para el capital multinacional y sus agentes. En muchos países, los gobiernos y los empresarios han promovido modificaciones a las leyes laborales cuyos efectos han sido adversos para los trabajadores y las sociedades en general.

5. La UNT opina, que las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de libertad sindical, pueden constituir un mecanismo mediante el cual el gobierno y los empresarios pretendan inducir, en los hechos, una reforma a la legislación laboral tendiente, específicamente, a debilitar y liquidar a las principales organizaciones con que cuentan los trabajadores. El gobierno y los empresarios han sido incapaces de consensar con los sindicatos un proyecto democrático e integral de reforma laboral en México. Todo hace suponer que el objetivo principal de su propuesta y la del capital multinacional consiste precisamente en debilitar a los sindicatos, sin desmantelar al corporativismo ni establecer las bases de un sistema laboral productivo, democrático y justo en nuestro país, tal y como la UNT y otros sindicatos han planteado desde hace varios años. Los anterior demuestra que tanto el gobierno, como los empresarios carecen de la voluntad y el compromiso que se requieren para definir, junto con las organizaciones sociales, un nuevo pacto social de y para la Reforma Social y Democrática del Estado Mexicano.

6. La UNT cuestiona el papel que el gobierno ha adjudicado a la Suprema Corte de Justicia de la nación como instrumento para imponer decisiones autoritarias, que no resuelven el fondo de problemas fundamentales para el país y que, por el contrario, profundizan contradicciones y efectos negativos, como en este caso el corporativismo laboral. La reforma del poder judicial en México y su autonomía verdadera siguen siendo temas pendientes en la reforma del Estado, y es hoy más que nunca un asunto que también concierne a los trabajadores. Los mexicanos necesitamos que la Suprema Corte actúe a fondo en la procuración de justicia. Y actúe a fondo contra un régimen que controla los salarios, la justicia laboral, el derecho de huelga, el registro de sindicatos y que limita la autonomía de sus organizaciones.

7. Históricamente, el Presidente de la República ha tenido injerencia y predominancia sobre los poderes legislativos y judicial, razón por la cual, en los últimos años ambos poderes han servido como instrumento para aplicar y validar políticas y directrices que provienen del capital multinacional y de los organismos financieros a nivel mundial. Por esto, hoy más que nunca, la soberanía nacional requiere de nuevas estructuras de consenso y de diálogo social, de la construcción de acuerdo y de un nuevo pacto social en el que la soberanía sustente en un verdadero equilibrio entre los poderes de la República. La tesis de la Suprema Corte en materia de anatocismo, reparto de utilidades y de libertad sindical, son ejemplo de ello y por lo tanto, hoy por hoy son también asunto de soberanía nacional.

8. La UNT sostiene que el camino abierto por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de libertad sindical, no es suficiente ni es la mejor opción para plantear la erradicación del corporativismo y una verdadera reforma laboral en México. Por lo tanto, propone enfrentar al corporativismo a partir de dos elementos clave: uno, eliminar la intervención del gobierno y los patrones en la vida sindical y dos, emprender acciones decisivas en contra del corporativismo y del sistema de simulación de la contratación colectiva que ha hecho posible el surgimiento de los contratos de protección y corrupción.

El corporativismo sindical y laboral constituye el principal obstáculo para el desarrollo del sindicalismo democrático, plural e independiente en México; el corporativismo es un fenómeno complejo, un ensamble de estructuras y políticas cuya transformación exige del fortalecimiento de la democracia y de la autonomía sindicales.

Por todo lo anterior, la UNT propone erradicar al corporativismo mediante el fortalecimiento y el desarrollo de la autonomía y la democracia sindicales, esto es una cuestión que corresponde esencialmente a los trabajadores, pero las condiciones para que esto pueda darse, no existirán si el gobierno y los patrones persisten en su intervención sistemática en la vida interna de los sindicatos, si continúan apoyando y fomentando los contratos de protección y corrupción, si mantienen el control de los registros sindicales y contractuales o si siguen impidiendo el funcionamiento, con imperio propio, de las juntas de conciliación y arbitraje, entre otras cuestiones.

9. La UNT propone que el gobierno y los patrones se comprometan con los trabajadores a un pacto de transición democrático que, en el contexto de la Reforma Social y Democrática del Estado, establezca los consensos y las bases para una verdadera transformación del corporativismo laboral y sindical. Los componentes principales de este pacto serían la democracia, la autonomía y la libertad sindical.

En materia de autonomía y libertad sindicales, la UNT propone:

a) Derogación del Apartado “B” Constitucional.

b) Creación del Instituto Nacional Autónomo para el Registro Público de Sindicatos y Contratos Colectivos de Trabajo. El procedimiento básico para el registro de cada sindicato sería la presentación de sus documentos básicos, sancionados con la participación mayoritaria de los trabajadores que este afilia, mediante voto universal directo y secreto. La consulta del Registro Público estaría abierta a todos los ciudadanos interesados.

c) Impedir cualquier limitación a la libertad de asociación, al radio de acción y a la capacidad de los sindicatos para coaligarse.

d) Evitar la aplicación de normas de excepción en beneficio de las multinacionales que operan en el país y en perjuicio de la soberanía y los trabajadores.

e) Garantizar los derechos políticos y sindicales, así como los individuales y colectivos. En consecuencia proscribir la afiliación corporativa a los partidos políticos.

f) Imponer sanciones severas a gobierno y patrones en caso de intromisión en la vida sindical. Las sanciones partirían de la imposición de multas y la destitución inmediata del o los funcionarios implicados. En caso de reincidencia se procedería a la aplicación de multas y sanciones más severas. Las multas se destinarían al fortalecimiento del Instituto Nacional Autónomo para el registro público de sindicatos y de contratos colectivos de trabajo. Se propone adicionalmente la realización de una revisión profunda del funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a efecto de garantizar su autonomía, mejorar su funcionamiento e incrementar sus recursos.

g) Garantizar el derecho de información por parte de la empresa para los sindicatos.

En materia de democracia sindical, la UNT propone a la sociedad un pacto de transición democrática a partir de los siguientes puntos:

Que los sindicatos instrumentos mecanismo estatutarios de carácter obligatorio que garanticen el voto universal directo y secreto de sus trabajadores afiliados para la elección de los representantes y dirigentes y para la toma de todas las decisiones sindicales fundamentales como la aprobación de negociaciones y contratos colectivos de trabajo, y que el gobierno y los patrones respeten plenamente estos mecanismos sin interferir en su aplicación.

a) Que los sindicatos establezcan mecanismos estatutarios para garantizar la equidad y la transparencia en el manejo de las cuotas y recursos sindicales. Se trataría de evitar la centralización de cuotas y su manejo clientelar por los comités ejecutivos nacionales. Se establecerían auditorias anuales independientes.

b) La UNT, manifiesta su decisión de impulsar la ampliación y profundización de la participación activa de los trabajadores en todo el proceso de toma de decisiones en la vida sindical, así como fomentar el principio de proporcionalidad en las instancias de dirección, la construcción de consensos y las direcciones colegiadas, así como erradicar todas y cada una de aquellas figuras y prácticas sindicales obsoletas y que impidan la libertad sindical y la democracia. La UNT promoverá el fortalecimiento de la unidad de los trabajadores a través del reconocimiento y respeto de los derechos de las minorías y de la eliminación de aquellas prácticas que propicien la persecución o expulsión de cualquier trabajador por causa de sus preferencias políticas o ideológicas.

c) Que se establezca y normalice la práctica de los recuentos con el voto universal directo y secreto del trabajador y sin presiones de ningún tipo para resolver disputas de mayoría de titularidad.

Adicionalmente, la UNT asume la realización de un estudio especializado sobre las inconstitucionalidades contenidas en leyes reglamentarias de la constitución y en las propia constitución en materia laboral (por ejemplo el apartado “B”, la requisa, etc.), y promover su eliminación. Propone también la elaboración de un estudio sobre casos de justicia pendientes para trabajadores y sindicatos archivados o “en trámite” en la Suprema Corte, para demandar su resolución.

10. La UNT se pronuncia por una verdadera reforma laboral, participativa, democrática, incluyente, forjada en el consenso, en la legalidad, en la equidad y no en la imposición y el autoritarismo. En contra del corporativismo laboral y sindical y a favor de la democracia, la pluralidad, la libertad y la autonomía de las organizaciones sindicales, en la perspectiva de una reforma social y democrática del Estado mexicano.

La UNT reitera su convicción de impulsar un diálogo plural e incluyente para generar respuestas y alternativas que respondan a los intereses legítimos de los trabajadores y a los nuevos retos que demanda la sociedad moderna, a las necesidades actuales de la producción nacional para el fortalecimiento de la sociedad y de la nación sobre la base de la productividad y la calificación justa del trabajo con la elevación del nivel de vida y de trabajo de los trabajadores y de todos los ciudadanos.

Fraternalmente

“POR LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS TRABAJADORES”

México, D.F., a 11 de junio de 1999.

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Unión Nacional de Trabajadores

PROPUESTAS DE LA UNT

FRENTE A LAS REFORMAS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

  1. LA DEFINICIÓN DE UN MÉTODO PARA LA REFORMALa UNT sostiene que, hasta el momento, no existen condiciones para una reforma democrática, incluyente y consensuada de la legislación laboral en nuestro país. Esto significa que los escenarios actuales para la reforma son de lo más desfavorables y adversos para cualquier cambio de la Ley, no sólo desde el punto de vista de los trabajadores, sino del desarrollo productivo del país y del interés nacional.

    La UNT considera necesario, en primer término, definir un método para la reforma, es decir, establecer, necesariamente por consenso entre todos los actores involucrados, el cómo de la reforma para de ahí plantear qué se tiene que reformar y el por qué.

    El paso inicial en este proceso es, sin duda, la construcción de escenarios diferentes, democráticos, participativos e incluyentes, en los que se establezcan compromisos que sean respetados por las partes y en el que, sobre todo, se discutan las propuestas, conceptos e ideas de los diferentes actores sobre la propia reforma. Es necesario que las partes conozcan las diferentes posiciones y argumentos, los discutan y analicen y en función de ello sostengan propuestas sólidas y bien estructuradas que puedan ser llevadas a un gran debate y consulta nacional, en la que participen los propios trabajadores.

    LA UNT EXPLICA SU CONCEPCIÓN DE LA REFORMA Y LA S

    QUÉ DEBE SER LA REFORMA LABORAL.

    En todo momento, la posición de la UNT ha sido la de luchar por una reforma laboral y productiva que forme parte de una reforma social, económica y democrática del Estado mexicano.

    Una reforma laboral y productiva es aquella que tiene por objeto la actualización y adecuación del conjunto de las instituciones, leyes y prácticas económicas, políticas, sociales y culturales del mundo del trabajo, con el fin de que, efectivamente, nuestro aparato productivo pueda enfrentar exitosamente los retos de la globalización económica, la revolución tecnológica, la competencia por los mercados y la integración de grandes bloques comerciales, con base en la revalorización del trabajo y del trabajador, en el desarrollo de las capacidades productivas de las empresas y en una profunda reforma institucional y de las políticas en materia laboral y productiva.

    Lo anterior implica, inevitablemente, transformar al corporativismo, sus prácticas y relaciones, porque constituye uno de los obstáculos principales para el desarrollo productivo y social de México.

    Para la UNT, en este sentido, la reforma social y democrática del Estado debe ser entendida puntualmente como la transformación de las estructuras, relaciones y prácticas corporativas del propio Estado, fortaleciendo la soberanía nacional.

    Substituir al corporativismo por un proyecto democratizador, plural e incluyente parece ser la única opción de cambio verdaderamente válida para el movimiento sindical. Esto es especialmente claro en un momento en el que el gobierno y algunas fuerzas sociales y políticas parecen apostar a una renovación del corporativismo, intentando mantener el control y la intervención gubernamentales en la vida sindical aunque, eso sí, con nuevos interlocutores y matices. La UNT rechaza la dinámica hasta ahora seguida para la reforma a la Ley Federal del Trabajo, porque entre otras cuestiones, ha sido eminentemente corporativa y antidemocrática.

    Para las organizaciones, reestructurar democráticamente al sindicalismo implica tomar decisiones y llevar adelante procesos complejos e insoslayables, revisando y reconstruyendo las estructuras y los acuerdos que las normaron bajo el corporativismo. Deben emprender su propia transformación estructural y orgánica, a fin de construir nuevas relaciones con el gobierno, con los empresarios y con la sociedad, así como garantizar para los trabajadores la participación de los beneficios económicos del crecimiento productivo.

    La reforma laboral-productiva constituye la gran tarea pendiente en la agenda democratizadora del país, sobre la que no hay avances ni consensos y sobre la que, en cambio, existen propuestas unilaterales y excluyentes sumamente limitadas como, por ejemplo, la de suponer que la sola reforma de la Ley Federal del Trabajo resolverá los rezagos productivos o eliminará al corporativismo sindical, a sabiendas de que éste no es sólo sindical, sino también patronal, y que no podrá ser transformado en ausencia de una reforma profunda del papel y de las facultades gubernamentales en materia productiva y laboral.

    Por lo mismo, la UNT sostiene que la reforma laboral-productiva debe realizarse en el contexto de una reforma estructural más amplia, la de la reforma social y democrática del Estado.

    Es necesario avanzar y ganar en consensos, en la apertura y creación de nuevos espacios democráticos de y para la sociedad, y por ello la reforma laboral no puede plantearse como un proceso aislado ni como una concertación cupular entre el gobierno y algunas organizaciones.

  2. LINEAMIENTOS DE ESTRATEGIA: LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO FAVORABLE A LOS TRABAJADORES.

La estrategia de nuestra organización dentro del movimiento obrero es la unidad en la acción en pos del cambio de las políticas públicas. De ahí que sea necesario buscar las coincidencias con otras organizaciones para impulsar juntos los cambios que demandamos, evitando a toda costa la negociación al margen de los trabajadores.

Por lo que se refiere a los desafíos inmediatos, todo indica que el objetivo principal debiera ser, sin duda, la creación de un escenario propio de los trabajadores para la reforma laboral productiva, tomar la iniciativa para alcanzar un cambio en la correlación de fuerzas en el país. Los aspectos que habría que considerar para esta iniciativa son:

    1. Definir los objetivos de la Reforma.
    2. Definir los tiempos y contenidos para la reforma laboral productiva.
    3. Definir las formas de cómo hacerla.
    4. Definir a los actores principales de la reforma.
    5. Lograr respaldo social.
    1. EL MÉTODO DE LA REFORMA: DEFINIENDO EL CÓMO Y EL POR QUÉ.

    La UNT reitera su posición en el sentido de que los cambios a la legislación laboral deben darse sólo mediante un proceso democrático y no corporativo y en el contexto de una reforma laboral-productiva integral, que a su vez se ubique en un proyecto de reforma social y democrática del Estado.

    La reforma laboral-productiva debe de convertirse en el sustento y en el impulso para consolidar una verdadera transición democrática en México.

    En este sentido, el método a seguir estaría determinado por los pasos siguientes:

    1. Lograr un consenso sindical lo más amplio e incluyente posible, sobre la reforma laboral-productiva dentro del proyecto de la reforma social y democrática del Estado.
    2. Una vez logrado un acuerdo o pacto sindical sobre lo anterior, éste se llevaría a consenso con los empresarios, para definir una agenda que podría basarse en la propuesta siguiente:

    AREA I. Diagnóstico productivo nacional

    • Mercados y Relaciones laborales en el mundo (creación de indicadores)
    • Banco de datos, por sectores
    • Recursos humanos (formación y fondos económicos)
    • Gestión de la producción
    • Tecnología
    • Administración
    • Competitividad nacional e internacional
    • Infraestructura
    • Financiamiento
    • AREA II. Acuerdos productivos sectoriales y regionales (Reforma Microeconómica y nuevo modelo de Relaciones Laborales).

      AREA III. Reformas legales y reglamentarias

      AREA IV. Acuerdo productivo para el desarrollo social y la competitividad económica. Este ACUERDO deberá contemplar, entre otras, medidas que:

    • Afirmen la igualdad de los trabajadores ante la Ley, derogando el Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional,
    • garanticen el pleno ejercicio de la libertad de organización, de sindicalización y de contratación colectiva, la autonomía frente al Estado, las iglesias, los partidos políticos y los patrones y la más amplia democracia interna, a fin de que se eliminen todas las formas de simulación sindical, los contratos de protección, las tomas de nota y demás formas que limitan o impiden una sana vida sindical,
    • establezcan la bilateralidad representativa en todas las negociaciones,
    • fijen un salario remunerador y distributivo,
    • defiendan el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación pública, a la vivienda, a una jubilación digna,
    • establezcan el reparto de los beneficios obtenidos de una productividad con sentido social,
    • instituyan la igualdad laboral bajo una perspectiva de género.
    • protejan la estabilidad en el empleo, las condiciones de salud en el trabajo y una permanente capacitación que garanticen una mejora continua en las condiciones laborales y vitales de la clase trabajadora mexicana,
    • garanticen autonomía y eficacia en la impartición de la justicia laboral.
    • AREA V. Pacto para la reestructuración de la economía nacional en la globalización: determinación de una política económica de Estado y de políticas públicas con base en acuerdos microeconómicos productivos.

      1. Llevar los consensos obrero-patronales al gobierno y al Congreso, a fin de que el primero asuma su responsabilidad y emprenda las reformas que le corresponden, y de que el segundo asuma su posición representativa, legislando en razón del acuerdo social.
      1. NUESTROS PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES.

      Algunos de los más importantes son:

        • Libertad de afiliación sindical
        • Contratación Colectiva
        • Derecho a la representación sindical
        • Libre expresión de las ideas
        • Salario remunerador
        • Equidad en el trato
        • Derecho de huelga
        • Exclusividad en la contratación
        • Derecho a la jubilación
        • Derecho a vivienda
        • Seguridad Social
        • Salud e Higiene en el trabajo
        • Capacitación y Adiestramiento
        • Bilateralidad en las negociaciones
        • Estabilidad en el empleo:

        derecho a la permanencia en el trabajo y a las obligaciones derivadas del patrón efectivo y del substituto

        • Salario igual para trabajo igual
        • Jornada máxima de ocho horas
        • Descanso semanal obligatorio
        • Respeto a las garantías sobre el trabajo de las mujeres y los menores
        • Respeto a las garantías de los trabajadores en materia procesal
        • Reparto de Utilidades

        “POR LA UNION DEMOCRATICA DE LOS TRABAJADORES”

        México, D.F., 31 de Agosto de 1998

        PRESIDENCIA COLEGIADA

        Antonio Rosado García

        Agustín Rodríguez Fuentes

        Francisco Hernández Juárez

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        Unión Nacional de Trabajadores

        COMPROMISOS DE FOX CON EL SINDICALISMO

        Cúmplase la Ley:

        Los derechos humanos, laborales y sindicales establecidos en la constitución, como el de empleo y todos los derivados de la relación de trabajo: salario, seguridad e higiene, capacitación, seguridad social, etc., que son indispensables para garantizar una vida digna, son prácticamente inexistentes para la mayoría de los mexicanos.

        Por ello consideramos necesario impulsar los siguientes objetivos:

        1.- CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS Y JUSTAS

        1.- Acordar con los actores productivos la estrategia para impulsar un programa de generación de empleo, capacitación y recuperación salarial, que en el corto y mediano plazo incremente el nivel adquisitivo de los trabajadores, en la dinámica de la reactivación del mercado interno.

        2.- Impulsar una política económica que promueva la inversión productiva y coloque al mercado interno como motor de desarrollo, rediseñando la estrategia para la integración de la planta productiva nacional que fortalezca nuestro sector externo.

        3.- Implementar un plan que incluya proyectos, programas, políticas públicas y gubernamentales en torno a la recuperación de los salarios de los trabajadores mexicanos.

        4.- Revisar los Tratados Comerciales para reafirmar el respeto a los derechos de los Trabajadores, con particular énfasis en los trabajadores migratorios.

        5.- Fortalecer al sector social de la economía (cooperativas, empresas en autogestión, comunales, etc.), que generan autoempleo e integran cadenas productivas, con políticas e instrumentos de fomento, crédito, incentivos fiscales, presupuesto para capacitación, asistencia técnica y organización, así como la actualización de su marco jurídico.

        6.- En concordancia con la Cumbre Mundial de Desarrollo Social – Copenhague +5-, convocar a todos los actores interesados a un Encuentro Nacional, a fin de analizar la realidad y la normatividad laboral y dar pauta a consensos y a políticas institucionales en la materia.

        II.- LIBERTAD Y DEMOCRACIA SINDICAL

        7.- Eliminar el trámite de registro y de la “toma de nota” de las directivas sindicales ante la autoridad laboral.

        8.- Establecer el Registro Público de Sindicatos y Contratos Colectivos. El organismo encargado de dicho registro, será público y autónomo del Poder Ejecutivo.

        9.- Respetar el derecho de los trabajadores a pertenecer o no a un sindicato, sin ningún tipo de hostigamiento, discriminación o persecución a la disidencia sindical; que el Gobierno Mexicano cumpla cabalmente con el convenio 87 y ratifique el cumplimiento del Convenio 98, ambos de la Organización Internacional del Trabajo.

        10.- Promover la reforma laboral para la elección de los comités ejecutivos sindicales por voto universal, secreto y directo.

        11.- Ampliar la competencia de las Comisiones de Derechos Humanos, para incluir la materia laboral.

        12.- Garantizar la igualdad de derechos de los trabajadores ante la Ley. Derogar el apartado “B” del artículo 123 Constitucional, así como todos los reglamentos de excepción. Hacer realidad la plena igualdad de género en el mundo del trabajo.

        III.- CONTRATACION COLECTIVA LEGITIMA

        13.- Hacer obligatorio el recuento previo a la selección del titular del contrato colectivo de trabajo, cuando dos o más sindicatos demanden éste derecho, y exigir el voto aprobatorio de la asamblea como condición para la firma de contrato.

        14.- Garantizar condiciones equitativas en la contienda entre opciones organizativas, incluyendo los juicios de titularidad del contrato colectivo.

        15.- Penalizar las prácticas patronales que impiden la sindicalización o la de otorgar preferencia a una opción sobre otra.

        Promover el voto universal, secreto y directo, en los recuentos sindicales.

        IV.- HACER REALIDAD LA JUSTICIA LABORAL

        17.- Garantizar la autonomía del sistema de impartición de justicia laboral frente al Poder Ejecutivo.

        18.- Eliminar los contratos de protección patronal y todo tipo de corrupción, extorsión, presión y violencia en contra de los trabajadores.

        19.- Un elemento esencial para lograr el pleno cumplimiento de los derechos colectivos es el respeto al derecho de huelga de los trabajadores, por lo que deben ser suprimidas todas las restricciones que imperan en la práctica laboral.

        20.- El establecimiento de leyes contra la impunidad, que contemple medidas aplicables a las autoridades gubernamentales o a particulares, que no respeten la ley o la apliquen discrecionalmente lesionando con ellos los derechos laborales.

        Un primer paso, tiene que ver con el presupuesto federal, lo cual requiere de la participación democrática del Congreso de la Unión y de los actores económicos, políticos y sociales para discutir y aprobar un presupuesto de ingresos y egresos de acuerdo con las prioridades y necesidades de la nación.

        Estos objetivos, serán un factor esencial para la modernización integral del mundo del trabajo, en un esquema de libertad y responsabilidad compartida entre los factores de la producción para beneficio de la población mayoritariamente trabajadora y del país.

        Atentamente

        México, D.F., agosto del 2000

        ————————————————————

        Unión Nacional de Trabajadores

        LA REFORMA SOCIAL Y DEMOCRATICA DEL ESTADO MEXICANO EN SU VERTIENTE LABORAL-PRODUCTIVA Y LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO HISTORICO DEL SINDICALISMO EN MEXICO

        Uno de los grandes objetivos históricos de la Unión Nacional de Trabajadores, es lograr una reestructuración democrática del sindicalismo, que permita autentificar y fortalecer a los sindicatos como organizaciones que defiendan y promuevan los intereses y los derechos de los trabajadores pero también como organizaciones que transformen y que reviertan las inequidades y los desequilibrios inherentes al capitalismo, como organizaciones que impulsen el cambio y la justicia, como vanguardia y como conciencia crítica de la sociedad.

        Las organizaciones y movimientos sindicales que genuinamente han asumido este compromiso de reestructuración democrática del sindicalismo mexicano han coincidido en que, necesaria e inevitablemente, realizarlo implica desmantelar al corporativismo, transformando al Estado, sus estructuras, prácticas y relaciones.

        El corporativismo es la integración obligatoria de los ciudadanos al aparato de Estado por medio de corporaciones gremiales, como pueden ser las cámaras patronales, las organizaciones sindicales o campesinas, las asociaciones profesionales y otras, cuya finalidad es garantizar, por medio del principio de autoridad, el cumplimiento de los proyectos gubernamentales. En México, esta incorporación se dio a través de mecanismos tripartitas en donde los supuestos representantes de los trabajadores y de los empresarios se sumaban a las decisiones gubernamentales en aras de una pretendida unidad nacional.

        Un rasgo conceptual y decisivo del corporativismo es el control que el gobierno ejerce sobre la sociedad y su organización. Baste recordar que la tesis “el gobierno es el árbitro y regulador de la vida social”, punto central sobre el que se sustentó la política laboral del estado corporativo desde los años treinta, sirvió no sólo para fundar instituciones y forjar leyes en este ámbito sino, prácticamente, en todas las esferas de la vida del país y que fue una actitud constante hacia la sociedad. La aplicación de dicha tesis tuvo algunos efectos particularmente importantes sobre la economía, como la sobrepolitización del ámbito productivo y de las relaciones entre los actores productivos, en la que la regulación estatal se guió más bien por criterios de control político y de clientelismo, que por prioridades de desarrollo y de eficiencia.

        El autoritarismo, el paternalismo y la corrupción son característicos del corporativismo a la mexicana, que incluye la sumisión voluntaria o impuesta a la voluntad única de un Estado conformado por distintos sectores que funcionan como correas de transmisión entre las políticas del Estado y los ciudadanos, por medio de acuerdos nacionales, pactos sociales y alianzas para el crecimiento.

        Desde los años 20 y, especialmente con la promulgación de la Ley Federal del Trabajo de 1931, se generó una grave desviación en los sindicatos, gracias al sistema de registro sindical y toma de nota de las directivas, que otorgó al Estado la facultad de decidir en la práctica qué sindicatos son reconocidos y cuáles no, independientemente de la voluntad de los trabajadores que los conforman. Otro tanto ocurrió con la calificación de las huelgas, que da a las autoridades laborales el poder de decidir la procedencia o improcedencia de un movimiento acordado por los trabajadores.

        Una característica adicional del corporativismo mexicano fue la afiliación colectiva de los sindicatos y las organizaciones campesinas al partido oficial, con lo que se les sujetó al control corporativo del voto. Esta relación entre las organizaciones y el gobierno significó la obtención de prebendas para los dirigentes, entre las que destacan los puestos de elección popular, las Secretarías de Estado y la posibilidad de realizar diversos negocios al amparo del poder público.

        En el plano laboral, el corporativismo adoptó, como una de sus manifestaciones, el tráfico de contratos colectivos llamados de protección, ya que los inversionistas interesados en abaratar los costos de mano de obra establecen una relación de simulación jurídica que les permite violar los ordenamientos legales y pagar salarios bajos, todo ello con la complacencia de las centrales sindicales oficialistas y de las autoridades del trabajo, que aceptan hasta el uso de golpeadores para impedir los intentos de sindicalización auténtica.

        Este modelo de sindicalismo corporativo tuvo sus mayores éxitos en la época del llamado milagro económico mexicano, época en la que se tuvieron altas tasas de crecimiento y un mercado interno protegido que consumía los bienes nacionales. En la época actual, en que han caído las barreras proteccionistas y el país se ha integrado de lleno a la economía mundial, el corporativismo ha mostrado sus debilidades, pues resulta económica y socialmente ineficiente.

        En resumen, podemos afirmar que el corporativismo y uno de sus soportes, los contratos de protección, constituyen en nuestro país el principal obstáculo a la modernización productiva. Solamente con organizaciones auténticas y eficientes de empresarios y trabajadores, que realicen acciones concertadas con amplio sustento programático y técnico, será factible irrumpir con éxito en el fenómeno de la globalización económica.

        Para la UNT, en este sentido, la reforma social y democrática del Estado debe ser entendida puntualmente como la transformación de las estructuras, relaciones y prácticas corporativas del propio Estado en México.

        Substituir al corporativismo por un proyecto democratizador, plural e incluyente parece ser la única opción de cambio verdaderamente válida para el movimiento sindical. Esto es especialmente claro en un momento en el que el gobierno y algunas fuerzas sociales y políticas parecen apostar a una renovación del corporativismo, intentando mantener el control y la intervención gubernamentales en la vida social aunque, eso sí, con nuevos interlocutores y matices.

        Para las organizaciones, reestructurar democráticamente al sindicalismo implica tomar decisiones y llevar adelante procesos complejos e insoslayables, revisando y reconstruyendo las estructuras y los acuerdos que las normaron bajo el corporativismo. Deben emprender su propia transformación estructural y orgánica, a fin de construir nuevas relaciones con el gobierno, con los empresarios y con la sociedad.

        Lo anterior ayuda a entender las dificultades de muchas organizaciones para trascender este proceso, y el por qué de defecciones, indecisiones y de la persistencia de la intervención gubernamental.

        La lucha contra el corporativismo constituye, de hecho, una refundación del movimiento sindical mexicano sobre nuevas bases. La UNT cumple con dicho perfil, porque nace de la iniciativa de los trabajadores y por ello su poder radica en su auténtica representatividad y no en el reconocimiento que el gobierno pudiera darle.

        La reforma laboral-productiva constituye la gran tarea pendiente en la agenda democratizadora del país, sobre la que no hay avances ni consensos y sobre la que, en cambio, existen propuestas unilaterales y excluyentes sumamente limitadas como, por ejemplo, la de suponer que la sola reforma de la Ley Federal del Trabajo resolverá los rezagos productivos o eliminara al corporativismo sindical, a sabiendas de que éste no es sólo sindical, sino también patronal, y que no podrá ser transformado en ausencia de una reforma profunda del papel y de las facultades gubernamentales en materia productiva y laboral.

        Por lo mismo, la UNT sostiene que la reforma laboral-productiva debe realizarse en el contexto de una reforma estructural más amplia, la de la reforma social y democrática del Estado.

        Es necesario avanzar y ganar en consensos, en la apertura y creación de nuevos espacios democráticos de y para la sociedad, y por ello la reforma laboral no puede plantearse como un proceso aislado ni como una concertación cupular entre el gobierno y algunas organizaciones.

        Impulsar la reforma laboral-productiva concretiza el desmantelamiento del corporativismo en cuanto objetivo histórico de la UNT. Esta tarea no puede ser un planteamiento retórico, sino un conjunto de acciones y de cambios concretos, estructurales y profundos que permitan consolidar por igual la autonomía y la democracia sindicales, revalorizar al trabajo y al trabajador y desarrollar la función productiva del sindicalismo, entendida como recurso y estrategia de su fuerza social y política.

        Por lo mismo, realizar la reforma laboral-productiva en el contexto de la reforma social y democrática del Estado no será para la UNT una concesión del gobierno ni debe ser el resultado de una interlocución tradicional sino el producto de la movilización consciente de sus integrantes, a nivel nacional. La UNT necesita seguir construyendo y abriendo nuevos espacios de acción democrática y, para ello, su propio desarrollo orgánico, por un lado, y su interacción novedosa y directa con los empresarios constituyen mecanismos fundamentales.

        La UNT ganará en autonomía y en consensos en la medida en que, con base en el diálogo entre iguales, logre acuerdos concretos, generales, por rama y cadena productiva con los empresarios para resolver problemas productivos y laborales de empresas nacionales y multinacionales, y al mismo tiempo en que con dichos acuerdos consiga pactar condiciones para la revalorización del trabajo, la generación de empleos y la redistribución del ingreso.

        La UNT ganará en democracia y participación en la medida en que demuestre ser una alternativa de representación no sólo sindical sino social, en la medida en que demuestre que la reforma laboral tiene que ser también productiva, porque esta es la fórmula para una nueva fuerza histórica del sindicalismo, para aliarse con otras organizaciones y para desarrollar una alternativa nacional frente a la globalización, frente a la crisis y frente a la reestructuración en proceso del capitalismo.

        NUESTROS PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES

        Algunos de los más importantes son:

      • Libertad de afiliación sindical
      • Contratación colectiva
      • Derecho a la representación sindical
      • Libre expresión de las ideas
      • Salario remunerador
      • Equidad en el trato
      • Derecho de huelga
      • Exclusividad en la contratación
      • Derecho a la jubilación
      • Derecho a vivienda
      • Seguridad Social
      • Salud e Higiene en el trabajo
      • Capacitación y Adiestramiento
      • Bilateralidad en las negociaciones
      • Estabilidad en el empleo:
      • derecho a la permanencia en el trabajo y a las obligaciones derivadas del patrón efectivo y del substituto

        • Salario igual para el trabajo igual
        • Jornada máxima de ocho horas
        • Descanso semanal obligatorio
        • Respeto a las garantías sobre el trabajo de las mujeres y los menores
        • Respeto a las garantías de los trabajadores en materia procesal
        • Reparto de utilidades

        La UNT convoca a todos los sindicatos del país a una reunión preparatoria para crear una Mesa de Concertación Sindical Nacional, de la que se derive la constitución de un frente común con propuestas propias frente a una imposición de reforma a la Ley Federal del Trabajo.

        “POR LA UNION DEMOCRATICA DE LOS TRABAJADORES”

        México, D. F., Junio de 1998

        PRESIDENCIA COLEGIADA

        ANTONIO ROSADO GARCIA AGUSTIN RODRIGUEZ FUENTES

        FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ

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        Unión Nacional de Trabajadores

        LA REFORMA SOCIAL Y DEMOCRATICA DEL ESTADO

        1. INTRODUCCIÓN

        E

        s evidente que los Pactos Económicos establecidos principalmente desde 1982 con el ascenso de las políticas neoliberales se encuentran agotados. En un principio se pensaron como acuerdos de corto plazo para salir de la crisis económica, que en ese momento se manifestaba principalmente como un fenómeno inflacionario. Se convirtieron, después en instrumentos políticos permanentes de los gobiernos para superar la crisis económica y emprender la reestructuración productiva del país, vía el control sobre los trabajadores y sus organizaciones.

        L

        os pactos económicos desde entonces han sido parte central de la política económica y social de los programas gubernamentales, hoy son inoperantes para poder resolver los problemas económicos más apremiantes en que se debate la sociedad mexicana.

        C

        abe agregar que desde su nacimiento, los Pactos se configuraron como formas para el establecimiento de consensos únicamente entre las cúpulas de los sectores productivos del país: patrones, trabajadores y gobierno; con la finalidad de regular la compra-venta de la fuerza de trabajo y como mecanismos de control social y político, para garantizar el desarrollo de la estrategia económica. Con ello queda claro el carácter corporativo de los Pactos y su carácter obligatorio para la sociedad.

        H

        oy evidente que lo que se firma como Pacto consiste en la decisión autoritaria del gobierno en materia económica y no el establecimiento de los consensos entre los auténticos representantes. En principio, porque los firmantes representan poco o nada a los sectores y lo que se decide, en su gran mayoría, es contrario a los intereses de los trabajadores y sus organizaciones.

        S

        in embargo, la estrategia para salir de la crisis económica aceleró la reestructuración productiva pero controló la recomposición social y política de los trabajadores y sus organizaciones. La experiencia de los Pactos en este sentido así lo demuestra, al coadyuvar a la imposición de la política de la flexibilización salarial.

        E

        sta política de flexibilización, cambió la composición salarial al alterar las diferencias entre los salarios contractuales y los salarios mínimos, al abaratar la mano de obra, y al disminuir la participación del trabajo en el ingreso nacional. Al mismo tiempo, evidenció la inoperancia de organismos que sólo refrendaban la política económica del gobierno sin importarle sus representados, como la CTM y otros integrantes del Congreso del Trabajo.

        C

        on el advenimiento del neoliberalismo, la regulación de la compra-venta de la fuerza de trabajo, elemento central en la definición de los pactos, puso en el centro el control de los aumentos salariales, comúnmente llamados “topes salariales”. Esta regulación significó un serio golpe a las organizaciones sindicales y no se puede explicar sin su debilitamiento o, su subordinación a políticas contrarias a los trabajadores. El control político que el gobierno realiza para cumplimentar su proyecto económico, es cada vez más cuestionado a medida que no se ve ninguna mejoría ni recuperación en los niveles de vida de los trabajadores. Aunque es importante señalar que muchas organizaciones se opusieron desde el nacimiento de los Pactos a su funcionamiento, y se lograron resistencias importantes a los acuerdos, el cuestionamiento más importante no provino sólo de los trabajadores, viene también del repudio masivo a la política económica y a sus formas excluyentes que le son inherentes, que se expresó recientemente vía el voto popular del pasado 6 de julio.

        P

        or lo anterior creemos que no debe seguirse sosteniendo una política de pactos concertados cupular y corporativamente, que han demostrado ser incapaces de traer consigo, en su cortoplacismo irresponsable y engañoso, los cambios estructurales que la economía mexicana requiere para recimentarse sobre nuevas bases de eficiencia productiva y de justicia social.

        L

        a política de pactos neoliberales debe terminar porque su desgaste revela el agotamiento de un esquema histórico seguido por el Gobierno Mexicano para el diseño, elaboración e instrumentación de políticas públicas.

        L

        os pactos corporativos son la expresión de un sistema autoritario de toma de decisiones, de planificación y de aplicación de políticas públicas que con diferentes denominaciones y modalidades se ha seguido en nuestro país a lo largo de varias décadas. En estos, los participantes son presionados y subordinados por el gobierno o simplemente, ignorados para obligarlos a aceptar en los hechos una serie de medidas insuficientes y de elevado costo social. Prescindir de ese esquema autoritario es hoy posible y necesario.

        L

        os sindicatos agrupados en el Foro “El Sindicalismo ante la Nación” consideramos que la participación plural y democrática de los actores por medio del consenso democrático y de un equilibrio responsable y no patrimonialista del poder son una alternativa para reemplazar a los pactos cupulares y corporativos con nuevas estructuras democráticas de toma de decisiones e instrumentación de políticas públicas.

        I

        nsistir en el mismo esquema de pactos es un contrasentido ante los procesos de democratización y de cambio que se han consolidado como el gran lineamiento, como la única orientación incuestionable del quehacer político en nuestro país. Sostenerlo implica un grave riesgo, un obstáculo, un retroceso para la consolidación del proceso de cambio democrático que vivimos, y que ha mostrado ser responsabilidad y propiedad de todos los mexicanos, y no patrimonio de una persona, elite, institución o partido político.

        L

        os cambios que se expresaron el 6 de julio sirven de impulso para las transformaciones pendientes y para hacer de la democracia la pluralidad, la tolerancia y la participación, lo cotidiano y lo ordinario en los diferentes segmentos de la convivencia social. De aquí que los pactos corporativos para respaldar las políticas económicas y sociales del gobierno deben ser reemplazados por verdaderos acuerdos sociales entre el gobierno, los diferentes organismos sectoriales, las organizaciones sociales representativas, los partidos políticos y los ciudadanos por la vía directa mediante procesos democráticos de discusión y consenso, lo que fortalecería las políticas públicas y la soberanía de la nación.

        E

        s por ello que durante los próximos meses y años, la reforma desde la sociedad y en forma democrática de las políticas públicas será una de las estrategias e instrumentos más importantes para el avance y la consolidación de la democracia en nuestro país, para redefinir al Estado, establecer un nuevo pacto social y consensar el perfil del país que queremos ser en los escenarios mundiales de la globalización y de la compleja interdependencia.

        P

        or su naturaleza y característica, las políticas públicas constituyen espacios para la discusión y la participación plural, pero también para la necesaria construcción de consensos, acuerdos y compromisos que resuelvan, en el corto y en el largo plazo problemas concretos y expectativas reales de gestión y de representación de intereses de los más diversos actores sociales.

        E

        n un proceso de construcción democrática con el que se vive en México, la discusión y construcción de consensos en torno de las políticas públicas específicas y sectoriales puede construir una garantía de avances más sólidos y estables que den certidumbre y fortaleza a la consolidación democrática. Puede ser además, sobre todo, la clave para resolver problemas ancestrales de desigualdad, de injusticia y de corrupción que no hallaron, ni podrían haber hallado solución en los esquemas cupulares y corporativos tradicionales.

        P

        or esto, una de las grandes lecciones cívicas de la jornada electoral del pasado 6 de julio fue el voto contra esos viejos esquemas y generó una nueva composición política que obligará a todos sus integrantes a dialogar, a consensar, a repensar la política y el ejercicio del poder.

        L

        a reciente reforma político-electoral, pese a sus insuficiencias, abrió causes a la participación activa de la sociedad que ahora permite avanzar en la democratización de otros espacios de la vida nacional. Es indispensable dar mayor alcance a la participación ciudadana para la reforma social del Estado, de manera que así como hoy se debate abierta y públicamente la vida político-electoral, la responsabilidad de los funcionarios, de los partidos y otras instituciones, se discutan y se consensen también la política económica y la representatividad de las organizaciones sociales.

        L

        os consensos deberán buscar no sólo la solución coyuntural y parcial de los problemas sino que deberán estar soportados por una visión de largo plazo con un concepto integral de proyecto de Nación y con metas y propósitos alcanzables, respaldados por la movilización y la participación de la población en su conjunto.

        P

        ara ello, proponemos como mecanismo para impulsar los acuerdos y los consensos y para la discusión misma de los problemas y de sus soluciones, aprovechar los espacios del poder legislativo, tanto federal como estatal, de manera que diputados y senadores no sólo representen los intereses de los partidos a los que pertenecen sino, sobre todo, los de la población que les otorgó su voto y su confianza. Otro medio para lograr este objetivo es la negociación directa con el poder ejecutivo para incidir en las decisiones de gobierno y con los partidos para llegar a acuerdos, a alianzas y a acciones comunes, manteniendo siempre nuestra independencia y autonomía sindical.

        P

        ara que el proyecto sea verdaderamente nacional, proponemos adicionalmente construir acuerdos con otros sectores representativos de las sociedad-empresarios, pequeños propietarios agrícolas, organizaciones civiles, etc., así como realizar un acuerdo extraordinario para involucrar a los medios impresos y electrónicos de comunicación para llevar a la opinión pública un debate informado y serio de los problemas y de sus soluciones. Y, finalmente, para crear un círculo virtuoso en este proceso democrático de consensos y de acuerdos, se requiere legislación para crear mecanismos de participación ciudadana como el referéndum y el plebiscito, a efecto de que los asuntos y las decisiones fundamentales sean sometidas al voto universal, directo y secreto de los mexicanos así como construir los mecanismos ciudadanos para vigilar y evaluar el cumplimiento y los alcances de las políticas públicas.

        E

        ste proceso de democratización de la interlocución de las organizaciones sociales obliga a la máxima congruencia y representatividad de estas y las impulsa a crear una nueva relación con la sociedad, para representarla también en términos de comunidad, de nación, de soberanía y de política internacional. Esta nueva relación con la sociedad romperá de manera definitiva con el encierro gremial y corporativo que muchos sindicatos han mantenido como única práctica posible y conocida.

        D

        e esta manera la democracia y la pluralidad no serán sinónimos de aislamientos, de rebeldía, de privilegio o de marginalidad. Se convertirán en los mejores y más importantes eslabones que tendrán los sindicatos con la sociedad en su conjunto. Será también, por lo tanto, el mejor instrumento para participar activa, propositiva y autónomamente en la reforma del Estado y en la redefinición del proyecto nacional.

        1. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL

        L

        a política económica ha sido una de las áreas de política pública que históricamente han padecido en mayor medida los embates y consecuencias de los esquemas autoritarios y cupulares de toma de decisiones, en detrimento permanente de la inmensa mayoría de la población. Por esta razón, en un contexto de cambios democráticos, su discusión constituye una de las áreas estratégicas, social y políticamente ineludibles para la reforma social y democrática del poder y de las políticas públicas, revalorando de esa manera la soberanía nacional ante la globalización.

        P

        ero para que verdaderamente contribuya al avance democrático, la discusión sobre la política económica no puede ni debe convertirse en un escenario de confrontación ni de intransigencia, sino en un espacio para los consensos y para impulsar cambios no sólo de tipo económico, sino políticos y sociales.

        A

        fin de no caer en la utopía, la discusión de la política económica y los consensos en torno de ella deberán considerar, responsable y objetivamente, las limitaciones y las posibilidades que a las economías nacionales imponen los entornos globales dominados por la interdependencia compleja y por las corporaciones multinacionales, que hoy son dueñas de cerca de las tres cuartas partes del total de la producción, del capital, de la inversión, de los recursos y de la tecnología a nivel internacional, y que son las verdaderas autoras de los esquemas de privatizaciones, de desregulación y de liberalismo económico en todo el mundo, con el beneplácito de los Estados y capitales nacionales y de los gobiernos.

        E

        n este sentido, toda política económica verdaderamente alternativa y democrática, deberá considerar esta realidad y proponerse, abrir posibilidades de diálogo y de consenso, de interlocución y de fuerza social multinacional e internacional con las verdaderas dueñas y concentradoras de la riqueza y del poder en todo el mundo, es decir, de las grandes corporaciones multinacionales.

        E

        s necesario que los gobiernos nacionales cuenten con un amplio consenso social, con una legitimidad sólida, a efecto de poder encabezar y asumir el liderazgo en la interlocución con las multinacionales y en la discusión de un nuevo orden mundial. Los recientes triunfos electorales hacia la izquierda y en contra de las políticas “neoliberales” en varios países del mundo en los últimos años y meses, son significativos pues parecen apuntar el inicio de un proceso de nuevos consensos nacionales en torno de las políticas económica y social.

        S

        in lugar a dudas, los aspectos financieros, monetarios, comerciales e incluso fiscales de la política económica de los países, están determinados por los intereses de dichas corporaciones, y de la misma manera lo están los aspectos sociales, de aquí el incremento dramático de la pobreza y de la desigualdad en todo el mundo durante los últimos veinte años. De aquí también que las transformaciones financiera, monetaria, comercial o fiscal, no puedan darse sin considerar la variable poderosa y determinante de las multinacionales o al margen de su participación y compromisos.

        L

        a revisión de acuerdos comerciales como el TLC, la renegociación de la deuda externa o la redefinición del sistema monetario internacional no deben plantearse ni asumirse, estratégicamente, como cuestiones sólo de interés nacional, ya que son problemas que enfrenta la mayoría de los países, como expresión de las grandes irregularidades que presenta un nuevo orden mundial caracterizado por grandes transformaciones democráticas, pero al mismo tiempo, paradójicamente, por la resistencia de las peores arbitrariedades y asimetrías en la distribución de la riqueza y del poder.

        H

        oy más que nunca, ninguna propuesta seria y responsable puede pretender que nuestro país esté aislado o pueda transformar y resolver por sí solo problemas epidémicos como el desempleo, los bajos salarios, la desvalorización del trabajo, la polarización social, la inestabilidad financiera o las desventajas del libre comercio.

        P

        or ello, el planteamiento de una política económica alternativa exige, además de identificar las áreas prioritarias susceptibles de ser resueltas por la vía de los consensos nacionales entre una gama plural y representativa de actores, la necesidad de una nueva estrategia internacional, que nos permita enfrentar en mejores condiciones la fuerza y el poder inconmensurable de las multinacionales y de los mecanismos e instrumentos que estas han desarrollado para reacomodar la economía, las finanzas, el comercio y la política mundiales en favor de su acumulación y de sus intereses expansivos y sin compromisos sociales.

        D

        e lo que se trata, finalmente, es de construir una alternativa mejor que sea sustentable para el cumplimiento cabal de la responsabilidad social del Estado. Alternativa en la que mediante la lucha social legal e institucional, la participación política, los consensos y la construcción de nuevas estructuras de representación social y política nacional e internacional que hasta ahora no existen (como aquéllas necesarias para establecer una interlocución social reconocida, eficaz y respetable con las multinacionales) se consiga un nuevo equilibrio económico, social y político entre los actores, una nueva fórmula en la que se consideren no solo el mercado y las ganancias sino el empleo y el bienestar social. Se trata también hacer sustentable al propio mercado, cuya expansión está amenazada por la reducción de los mercados internos, del desempleo y de los bajos salarios.

        E

        s necesario, para todo esto, emprender una intensa e innovadora acción política y social, partiendo, sí, de la discusión y de los consensos en torno de la política económica, pero teniendo como perspectiva la transformación del Estado y un nuevo pacto social. Las áreas prioritarias de la política económica sobre las que es socialmente indispensable empezar a construir consensos y un verdadero “frente nacional” son: el empleo, los salarios, la política fiscal y la distribución del ingreso, las tarifas y precios del Sector Público así como las llamadas <<políticas industriales>> o la política productiva del país en sectores y cadenas estratégicos. De manera inevitable, esta discusión sobre la reforma microeconómica y sus consensos llevarán a las áreas hasta ahora dogmatizadas e “intocables” de la macroeconomía: la deuda externa, la política monetaria, la política comercial internacional.

        E

        l movimiento sindical asume que el empleo, el salario, la política social, la calidad de vida y la distribución del ingreso no pueden ser más subproductos de estas áreas, sino los nuevos ejes para la reestructuración de las economías y los mercados. Por ello sostiene que, de ser necesario, las prioridades de la política económica deberían de ser sometidas a referéndum entre la población.

        P

        roponemos que algunos de los grandes temas que se sometan a discusión y a consenso, como parte de la democratización de las políticas públicas y de la transformación de la política económica sean:

        R

        efrendamos el compromiso de mantenernos al lado de nuestro pueblo en la lucha por transformar la injusta estrategia económica actual, por otra que respete nuestros derechos, mejore las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados, proporcione empleo digno, defienda la soberanía nacional y respete el patrimonio de todos los mexicanos, como son: la educación pública, la seguridad social e industrias estratégicas y todos aquellos sectores vitales para un desarrollo nacional con independencia y justicia social.

        C

        onsideramos urgente dialogar y tomar posición frente a diversas iniciativas gubernamentales tales como la desincorporación de empresas públicas, muchas de ellas de carácter estratégico, como es la petroquímica secundaria, e impulsar procesos transparentes de negociación e incorporación de las propuestas de los actores políticos y sociales comprometidos en defender los intereses nacionales.

        A

        demás de la defensa del patrimonio nacional, la instrumentación de un modelo de desarrollo como el que aspiramos y que parte de los siguientes objetivos:

        • S
        • alvar a la planta productiva nacional, reestructurar e integrar las cadenas productivas y aumentar el contenido nacional de nuestras exportaciones.

        • Crecer a tasas por arriba de ritmo demográfico, sostener tasas de crecimiento económico por encima del 5% no sólo es deseable sino viable con un proyecto que siente las bases de un crecimiento estable, generalizado, sustentable y con distribución justa del ingreso.
        • Lograr soberanía y autosuficiencia alimentaria.
        • Elevar los niveles de bienestar generando más, mejores y bien remunerados empleos.
        • Sanear el sector externo a partir de la redefinición de nuestra integración en la economía mundial.
        • Disminuir la vulnerabilidad de nuestra economía frente al capital especulativo y de los vaivenes del mercado internacional.
        • Recuperar la soberanía en la definición de la política económica y con ello disminuir la dependencia del exterior.

        P

        ara darle viabilidad al proyecto económico soberano y en defensa de los trabajadores, éste debe incluir en relación con:

        1. Defensa del empleo y recuperación de la planta productiva.

        E

        l establecimiento de un acuerdo productivo nacional amplio, consensado por los órganos respectivos de todos los sectores que supere rezagos e injusticias.

        L

        a defensa del empleo, el salario y condiciones de trabajo, como parte de la lucha por la planta productiva, por encima de intereses especulativos y de fórmulas meramente financieras.

        L

        a creación del seguro de empleo y la disminución de la jornada de trabajo sin detrimento del salario.

        L

        os problemas que la modernización plantea a la clase obrera reclaman un proyecto que aborde, desde la óptica de su cultura laboral y sindical, problemas tales como la productividad, la calidad, la eficiencia y la eficacia, las fórmulas patronales que, con el pretexto de la flexibilidad; pretenden burlar y aún mutilar las conquistas laborales, demostrando que no conducen más que a la explotación de la fuerza de trabajo, al ataque de los contratos colectivos y al aumento del desempleo.

        1. Medidas para impulsar el mercado interno.

        Aumento de Salarios.

        A

        umentar significativamente los salarios mínimos, con el objetivo de restituir el poder adquisitivo perdido en los últimos 20 años, y la definición de políticas para la protección y estímulo del consumo.

        L

        ibre negociación de aumentos salariales y contractuales sin imposición de topes por parte del gobierno, con la flexibilidad para considerar la capacidad y los plazos de cada empresa y de cada rama de la producción respetando la bilateralidad y la libertad de las partes para negociar dichos aumentos.

        L

        os aumentos salariales no son necesariamente inflacionarios. El aumento en el costo de la mano de obra puede ser compensado por el aumento de la productividad, pactado entre empresa y sindicato. Esta creciente productividad social permite considerar que la reorientación del actual modelo económico no sólo es posible, sino que convierte en prioridad social y económica el fortalecimiento del mercado interno y la generación de empleos productivos que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido.

        D

        e esta manera se puede activar la producción mediante, un aumento significativo de la demanda interna.

        1. La reforma social de la política laboral.

        E

        l trabajo, única fuente legítima de riqueza y bienestar para el país y las personas, está siendo destruida, degradado y desvalorizado, miles de mexicanos han sido desplazados de las actividades productivas y lanzados a las filas del desempleo y los salarios de la mayoría de los trabajadores han caído dramáticamente.

        P

        or ello, es indispensable establecer propuestas claras y consensadas para la transformación social y productiva del modelo económico del país en las que la revalorización del trabajo, del trabajador y del sindicalismo tengan prioridad.

        L

        os acuerdos macroeconómicos tienen que derivar en concertaciones microeconómicas que reconozcan las condiciones particulares de cada sector, cadena o región productiva, y en las que los trabajadores y sus organizaciones sindicales representativas elaboren planteamientos y principios que conduzcan a una transformación social y productiva de la política laboral y económica del país.

        E

        sta concertación microeconómica debe ser el sustento de un acuerdo social que comprometa a trabajadores y empresarios con el desarrollo integral y justo del país y responsabilice al gobierno de su conducción democrática.

        P

        ara nosotros la transformación productiva y laboral del país significa la democratización y apropiación de los procesos de trabajo, representa una actitud diferente de los trabajadores y sus organizaciones frente al ámbito productivo que privilegia su capacidad propositiva y organizativa y que debe repercutir en un mejoramiento permanente de su nivel de vida y de trabajo, proponemos por tanto, que se realice una efectiva consulta nacional por ramas, cadena y región productiva, en la que todas las organizaciones de trabajadores puedan hacer sus propuestas libremente, ya que consideramos que cambios reales en lo productivo y laboral se darán en la medida en que los propios trabajadores participen en su discusión y los asuman en su implementación.

        1. Ahorro interno.

        E

        l financiamiento del desarrollo debe fincarse en lo fundamental en el ahorro interno, el cual se logra con inversiones productivas, elevación de los ingresos de la población y condiciones favorables en el terreno de la economía y no sólo de instrumentos financieros o del manejo privado del ahorro de los trabajadores.

        1. Política fiscal.

        E

        l gasto público debe reorientarse y aumentar paulatinamente, con objeto de fortalecer las acciones productivas y sociales del sector público en favor de la planta productiva y de la población, priorizando el crecimiento, el desarrollo de áreas y sectores estratégicos en un proyecto de largo plazo y del gasto social.

        Lo anterior supone, entre otras cosas, una reforma fiscal que permita:

        • A
        • umentar los ingresos fiscales a partir de ampliar la base de contribuyentes, lo cual se lograría con una verdadera simplificación administrativa que facilite la incorporación de la llamada economía informal al pago de impuestos, así como a los beneficios de la seguridad social. También el crecimiento económico generalizado por sí mismo permitirá aumentar lo recaudado.

        • Fomentar la inversión productiva frente a la especulativa y orientarla hacia regiones y sectores que son prioritarios en un proyecto de desarrollo de largo plazo. Incentivos otorgados contra compromisos concertados, con metas medibles, por tiempo definido prolongable según el desempeño.
        • Federalización de la recaudación y el manejo de los recursos. El cobro del IVA por los estados y la obligación de las empresas públicas a pagar el impuesto predial en los municipios, pueden dar inicio a la Federalización. La Federalización supondrá un esquema real de solidaridad entre las entidades y los municipios, con objeto de garantizar un desarrollo integral entre las regiones del país.

        Algunas reformas fiscales deben ser:

        • R
        • educir el IVA al 10%. Exentar medicinas y alimentos. Mantener e incluso incrementar más allá la tasa del 15% para bienes suntuarios.

        • Suprimir el impuesto al activo.
        • Proveer de progresividad al impuesto sobre la renta (ISR). Desgravación del Impuesto Sobre la Renta hasta cuatro salarios mínimos. Premios a la reinversión y ahorro en el sistema financiero nacional en instrumentos de mediano y largo plazo.
        • Suprimir los impuestos sobre nóminas.
        • Impuesto sobre las inversiones especulativas, incluyendo las transacciones en la bolsa de valores.
        • Revisar el régimen especial de la maquila.
        • Incentivos sujetos a metas concertadas con los sectores involucrados y su continuidad estará condicionada al logro de dichas metas.
        • Incentivar la reconversión tecnológica hacia tecnologías limpias. Multas y castigos a los agentes contaminantes.
        • Incentivos y subsidios temporales para micro, pequeñas y medianas empresas principalmente por su contribución en la generación de empleos.

        1. Las carteras vencidas.

        L

        as carteras vencidas no sólo es un problema de los deudores; en muchos casos es producto directo de las altas tasas de interés y de su alza indiscriminada y de la ineficiencia con que funciona el sistema bancario nacional, que se subsana con crecientes costos de operación y con la búsqueda de altos rendimientos que no corresponden a la funcionalidad real de la banca.

        L

        os intereses sobre intereses y los intereses moratorios no son mecanismos financieros, además son ilegales; ya que constituyen una fuente de ganancia ilícita.

        E

        s necesario proponer nuevos esquemas de negociación concertada entre banca, deudores y gobierno, con base en la capacidad real de pago de los ciudadanos y de las empresas y no en la búsqueda de altas utilidades para los bancos, que determinen reducciones a la deuda principal considerando su valor en el mercado secundario de cartera vencida, pues los bancos recurren a despachos de cobranzas y fijan un precio a las deudas según sus posibilidades de ser cobradas. Más aún, el gobierno ha adquirido de algunos bancos cartera vencida a niveles de hasta 39% de su valor nominal y ha empezado a rematar, vía Fobaproa, importantes activos de los deudores. Los deudores deben beneficiarse, en primera instancia, de la compra y venta de créditos emproblemados, beneficiándose de los sustantivos descuentos que se otorgan en dichas operaciones.

        E

        l acuerdo de apoyo inmediato a deudores (ADE) y en general los programas de apoyo a la banca han reconocido, de alguna manera, que las carteras vencidas constituyen un problema social, sin embargo, sus limitaciones principales residen en que son programas unilaterales, no negociados; con los que se intenta deslegitimar a las organizaciones de deudores además de que no modifica el modelo económico, ni las políticas de ajuste y estabilización, por lo que tampoco favorece la creación de condiciones económicas que hagan pagables las deudas.

        1. Bajar las tasas de interés

        E

        s necesaria una profunda reestructuración del sistema financiero nacional que eleve su eficiencia y con ello reducir los costos de intermediación.

        D

        ebe desvincularse la política de tasas de interés a la necesidad de atraer capital externo especulativo.

        E

        l Banco de México debe regular los márgenes de intermediación y garantizar el otorgamiento de crédito, barato y oportuno, a las actividades productivas.

        1. Privatizaciones

        C

        reemos indispensable suspender los actuales procesos de privatización que significan un gran riesgo para el patrimonio nacional: petroquímicas, electricidad, ferrocarriles, y aquellos que lesionan las conquistas históricas de los trabajadores y los precarios mecanismos nacionales para la distribución del ingreso, tales como la seguridad social y la educación pública.

        Q

        ue el “Congreso de la Unión”, debe revisar los procesos de privatización y de la política de concesiones llevada a cabo, controlar los que están en curso para evitar tantos negocios ilícitos y hacer que se respeten los preceptos constitucionales.

        L

        egislar contra la existencia de monopolios. Hasta ahora el “Libre Comercio” y la “Competitividad” sólo se han aplicado selectivamente. Existen varios monopolios privados que actúan con ventaja ilegal en la economía, mientras la gran mayoría de las empresas enfrentan graves situaciones, estos monopolios mantienen sus niveles ilegales de ganancia y amplían sus redes de influencia a nuevos campos.

        R

        edefinir el papel de las empresas públicas para hacerlas eficientes y autofinanciables, garantizando que contribuyan al desarrollo nacional. Revisar la participación del gobierno, trabajadores y ciudadanos en la gestión de las mismas.

        P

        romover los controles ciudadanos y comités sindicales para combatir la corrupción y el despilfarro del patrimonio social. El combate a la corrupción debe de ser frontal y tener instrumentos apropiados, entre otros, el acceso público a toda la información sobre el manejo de recursos públicos y sobre el patrimonio de los funcionarios.

        1. Un sector público de la economía eficiente que sea palanca del desarrollo nacional

        R

        econstruir un sector público dinamizador y orientador del conjunto de la economía desde un proyecto nacional concertado democráticamente y de largo plazo.

        L

        os recursos cuya propiedad es constitucionalmente de la nación deben ser manejados por el Estado y constituir una de las palancas del dinamismo económico. Las entidades públicas deben estar bajo control y supervisión del legislativo y con controles ciudadanos.

        1. Deuda Externa

        L

        a deuda externa debe ser reestructurada con base en el desarrollo real de la planta productiva del país del producto interno bruto, que deben determinar la capacidad de pago ante nuestros acreedores. La revisión y renegociación de la deuda externa debe de servir además como etapa inicial para la transformación del sistema financiero internacional, a partir de mecanismos internacionales que integren acciones conjuntas y concertadas de los deudores frente a los acreedores.

        L

        os principales objetivos a lograr en la renegociación de la deuda deben ser:

        • L
        • a reducción significativa en el saldo con el fin de disminuir su servicio (intereses y amortizaciones).

        • Mejorar el perfil de los vencimientos. Entre otras medidas, se debe lograr periodos de gracia suficientemente largos para permitir a la economía consolidar su recuperación.
        • Reducir las tasas de interés.
        • En lo interno, el congreso de la Unión debe proceder a reformar la Ley de Deuda Pública con objeto de acotar y regular de manera efectiva el endeudamiento generado por razones de regulación monetaria. El objetivo es logra un mayor control y fiscalización de las decisiones sobre endeudamiento público por parte del Ejecutivo Federal. en ese mismo sentido se debe propiciar la participación de la sociedad civil en el proceso de renegociación.

        1. La política cambiaria

        E

        l objetivo es mantener un tipo de cambio real, evitando la sub y/o sobrevaluación. Debe evitarse que el tipo de cambio esté determinado totalmente por el mercado pues nos deja a merced de los especuladores. En la medida que la acumulación de reservas internacionales lo permitan se debe de sustituir el régimen de flotación por el de bandas de flotación.

        1. El TLC, la Apertura Comercial y la Seguridad Social

        E

        s indispensable una revisión del TLC tal y como esta prevista en el mismo, para adecuarlo a una nueva política que no implique apertura indiscriminada ni facilidades incondicionales a la inversión extranjera; que considere el papel del Estado, la asimilación y desarrollo de conocimientos tecnológicos y de propiedad intelectual en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas, de las comunidades y de la academia; y las medidas de emergencia por dificultades de balanza de pagos; así como las cláusulas que afectan la soberanía de México.

        I

        ncluir como parte sustancial del TLC el respeto a los derechos sociales y colectivos adquiridos y establecer los mecanismos, obligaciones y recursos para la homologación hacia arriba de dichos derechos entre los países miembros. El mismo tratamiento debe darse al asunto migratorio, al medio ambiente y a los derechos humanos.

        E

        s urgente pedir la revisión del TLC aprovechando que los nuevos acuerdos mundiales de comercio agrupan a más de noventa países incluidos México, los Estados Unidos y Canadá, facilitan mejores condiciones para que México pueda redefinir sus relaciones con el exterior.

        A

        simismo, es necesario que en la revisión del tratado, a diferencia de la negociación original, exista una amplia participación de los sindicatos, de los trabajadores, y la definición de códigos sociales que lo regulen.

        N

        o se trata de volver al proteccionismo o de apoyar la ineficiencia, sino de aplicar una política más gradual y facilitar la competitividad en condiciones de igualdad.

        L

        a defensa de la independencia y la soberanía de nuestra patria se debe convertir en la razón ética y en la principal tarea de todo el pueblo de la clase trabajadora.

        A

        dicionalmente, consideramos necesario que la desregulación y modernización del sistema financiero deben ser concertadas con los trabajadores del sector, priorizando un proyecto de alcance nacional para que el sistema de intermediación financiera opere, en razón de las necesidades de los acuerdos derivados de la concertación microeconómica, para que el ahorro y el financiamiento cumplan propósitos afines al desarrollo social del país. Rechazamos contundentemente la opción de una reforma de la seguridad social en México en función de los intereses de los capitales privados que no constituyen una respuesta verdadera que resuelva el problema de la seguridad social de los trabajadores, ya que su enfoque solo profundiza la injusticia social.

        N

        os manifestamos clara y decididamente por la construcción de una nueva opción que recupere y reoriente los propósitos históricos de la seguridad social como instrumento para la distribución del ingreso, que rescate la utilización del ahorro social para reactivar la economía en beneficio del país y, en suma, que vincule estructuralmente al propio sistema de seguridad social con la promoción del desarrollo económico y sobre todo con la generación de justicia.

        1. Política antiinflacionaria

        E

        n la medida en que se instrumenten las medidas y ajustes aquí propuestos, la inflación estará controlada, toda vez, que la enfrentaremos desde sus raíces profundas que están en la esfera de la producción o de los costos, y no como se ha hecho hasta ahora, deprimiendo la demanda con la caída de los salarios.

        1. PLAN DE ACCIÓN

        L

        os cambios recientes que ha experimentado nuestro país y los que están en proceso, no son en forma alguna aislados ni espontáneos. Son consecuencia y parte de un proceso histórico en el que hemos actuado y por el que hemos pugnado diversas organizaciones sociales. La lucha por construir nuevas formas de convivencia, de representación y de legitimidad más allá del corporativismo, en la pluralidad y en la democracia, en la tolerancia, la participación y el respeto, no es algo que deba ser atribuido sólo a los partidos políticos o a la institución presidencial. Ha sido un amplio proceso colectivo en el que muchas de las experiencias y de los avances democráticos más importantes y ejemplares han estado y están sin duda, en el sindicalismo.

        E

        l sindicalismo mexicano es un movimiento plural, diverso y heterogéneo en el que concurrimos organizaciones con orígenes, trayectoria y memoria diversos, pero en el que finalmente nuestra razón de existir es siempre la representación de los trabajadores en su actuar laboral y productivo, pero también en su actuar social y político.

        P

        ara muchas de las organizaciones dentro del vasto movimiento sindical mexicano, cumplir y desarrollar responsablemente la representación de los trabajadores, nos ha exigido trascender los límites y fórmulas del corporativismo, reclamar una mayor autonomía y renovar nuestra iniciativa histórica, construyendo y encontrando nuevas posibilidades y opciones que, en la democracia, nos han permitido hallar mejores respuestas no sólo frente a las expectativas de los trabajadores, sino para resolver grandes necesidades y problemas productivos, de modernización, de calidad, productividad y competitividad de las empresas y del país.

        E

        sto nos ha demostrado que la fuerza esencial de un nuevo sindicalismo, está precisamente en el ámbito productivo, en los centros de trabajo, desde donde debe ejercerse la representación de los trabajadores, desde donde deben reestructurarse y constituirse nuevas formas de organización sindical, desde donde deben de tomarse las decisiones y la participación de los trabajadores y en conjunto con las fuerzas sociales representativas impulsar la propuesta e instrumentación de políticas públicas para los diferentes sectores productivos.

        E

        n la Primera Asamblea Nacional de los Trabajadores, las organizaciones participantes hemos asumido un compromiso para retomar la iniciativa histórica de los trabajadores y conjuntar nuestros esfuerzos, voluntad y experiencias a efecto de impulsar y consolidar la transformación democrática del movimiento sindical mexicano y, a través de esta, impulsar a la vez la democratización de las políticas públicas y la definición de un nuevo pacto social que dé forma y sustento a un sistema político diferente y a un Estado plural y democrático, con contenidos y formas de representación social más ricos y eficaces que los del corporativismo, y acordes con las transformaciones que han ocurrido en México y en el mundo por lo menos durante los últimos quince años.

        R

        etomar la iniciativa histórica significa para nosotros decidir, en un pleno y legítimo ejercicio de la autonomía sindical, la concertación de una serie de compromisos y objetivos mínimos que hemos identificado como estratégicos para emprender la construcción de ese nuevo pacto social, así como una convocatoria al gobierno, a los empresarios, a los partidos políticos y a otras fuerzas y actores sociales, para respetar y tolerar las nuevas formas de interlocución social y política y a los vínculos novedosos que los sindicatos nos proponemos en nuestras relaciones con ellos.

        C

        on el gobierno, buscamos desde luego una relación seria e institucional, fundada en el respeto pleno e irrestricto de la autonomía sindical y en la concertación de una reforma del propio gobierno, de una reforma laboral-productiva que desmantele progresivamente las estructuras y prácticas de intervención y control oficial sobre los sindicatos; que deseche los mecanismos clientelares, la corrupción y la injusticia en el ejercicio de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y de sus organizaciones.

        C

        on los empresarios, buscamos un pacto social fundado en la revalorización del trabajo, del trabajador y del sindicalismo como fuerza productiva y social representativa y con opciones y respuestas frente a los problemas laborales y productivos de las empresas. Buscamos el compromiso de los empresarios con sus trabajadores, el respeto y el reconocimiento de las organizaciones sindicales y de su autonomía.

        C

        on los partidos políticos, buscamos la definición de nuevos vínculos, que erradiquen las prácticas clientelares y la transgresión continua de la autonomía sindical. Sindicatos y partidos políticos debemos reconocernos como fuerzas substancialmente diferentes, con objetivos esencialmente distintos pero que podemos coincidir en torno de grandes proyectos y objetivos comunes en beneficio de nuestros representados y afiliados, que pueden ser finalmente las mismas personas, actores y comunidades.

        S

        indicatos y partidos políticos necesitamos converger en una profunda reforma del poder para su ciudadanización, democratización y desclientelización, para crear controles sociales sobre la autoridad y establecer redes inéditas de acción comunitaria y regional.

        E

        l gran viraje histórico en las relaciones entre los partidos políticos y los sindicatos, estaría dado fundamentalmente por la determinación de los partidos para convertirse en organizaciones representativas de intereses sociales y no sólo en instrumentos políticos y electorales al servicio de grupos y elites, así como en reconocer la existencia de organizaciones sociales diversas, con su propia autonomía e identidad. En este sentido la relación con las diferentes fracciones de diputados en la nueva cámara y con las comisiones, deberá ser un nuevo espacio de acción sindical.

        P

        or su parte, otro cambio histórico de los sindicatos estaría dado fundamentalmente por su determinación para incursionar en una nueva acción política y social, sustentada en acciones organizativas y de interés cívico en comunidades y regiones.

        E

        sta acción estará encauzada a la gestión ante autoridades, a reconocer, reivindicar y promover los valores y derechos humanos, los valores culturales, estéticos y artísticos. Reivindicar los derechos y la participación de la mujer, el apoyo a las personas de la tercera edad, atender la problemática juvenil e infantil, la de los discapacitados, de las etnias, etc.

        E

        se nuevo ámbito de la lucha sindical requiere nuevas formas de organización y de capacitación, la nueva formación de los activistas sindicales ocupara también una importancia relevante.

        C

        on los medios de comunicación tenemos que relacionarnos más allá de ser noticia, crear vínculos permanentes y profesionales para informar y formar opinión para crear espacios de comunicación creíbles consistentes y coherentes. Los medios han tenido un papel importante en los cambios hacia la democracia, es un hecho que también se están desprendiendo de sus ligas corporativas y de control y están generando un fuerte respaldo para que la pluralidad se amplíe a cada vez más sectores de la sociedad, apoyar esta tarea, es en sí mismo apoyar nuestra lucha.

        L

        a acción internacional del sindicalismo es otra prioridad que debemos ahondar. Nuestro compromiso es participar en la reconstrucción y en el fortalecimiento del movimiento sindical internacional.

        C

        reemos que frente a las circunstancias impuestas por la globalización de las economías, es indispensable la existencia de contrapesos sindicales y sociales fuertes y representativos ante el capital multinacional, que genere correlaciones de fuerzas favorables a los trabajadores y que reviertan la desigualdad social, económica y política existente en todos los países, y entre los países, que construyan opciones frente al desempleo, la desvalorización del trabajo, el deterioro salarial el esquirolaje y la competencia entre los trabajadores en prácticamente todo el mundo.

        L

        a creciente integración de las multinacionales se pone de manifiesto en políticas de alcance mundial que aprovechan las condiciones existentes en cada país en su propio beneficio eso hace destacar la urgente necesidad que tenemos los trabajadores de trascender las fronteras políticas y las barreras mentales que nos impiden actuar de manera unitaria.

        P

        or ello buscamos acuerdos que nos permita consolidar frentes laborales de alcance internacional que enfrenten a un mismo patrón.

        1. EXHORTO DE UNIDAD SOCIAL

        C

        ualquier intento de creación de nuevos vínculos con la sociedad y el impulso de su unidad pasa necesariamente por el fortalecimiento de la unidad del sindicalismo, unidad en la acción y en la movilización, unidad en la lucha y para el cambio, sin simulaciones y tutelajes.

        E

        sta nueva actitud implica por tanto un compromiso profundo de reencuentro con la sociedad, en virtud del cual el sindicalismo replantearía sus relaciones con los más diversos actores, históricos y emergentes, buscando elaborar y coincidir con ellos en agendas de interés público y común. Existe un amplio espectro de demandas y expectativas sociales específicas y generales que sólo podrán ser resueltos mediante una acción combinada de actores, en la que el movimiento sindical puede converger. Estamos dispuestos a transformar la equívoca imagen del sindicalismo como movimiento social aislado y privilegiado, centrado en intereses limitados e incapaz de trascender los límites de su representatividad social.

        A

        gobierno, empresarios, partidos políticos y otras fuerzas y actores sociales y políticos, los convocamos a esta iniciativa de transformación social y política en el marco de tolerancia y paz social elegido y ratificado por los mexicanos en las sucesivas contiendas electorales. Exhortamos a explorar nuevas formas de acercamiento y participación social, acudiendo al referéndum y al plebiscito para orientar las grandes decisiones que afecten a la mayoría de los mexicanos, es indispensable también crear formas de organización social que vigile y evalúe las políticas públicas.

        L

        a democratización de los consensos y los nuevos acuerdos sociales deberán de ser el nuevo sustento de la estabilidad y del proyecto nacional y el principal fortalecimiento de la soberanía.

        A

        las cámaras legislativas, federal y estatales, las exhortamos a ser espacios de la discusión y de la voluntad ciudadana y no meras prolongaciones de las líneas y disputas partidistas.

        C

        on los medios de comunicación, buscaremos la apertura de espacios que fortalezcan el diálogo, la información, los debates y la formación de consensos.

        E

        xiste hoy una situación política excepcional, con indicaciones muy claras de la ciudadanía, que debemos interpretar y cumplir sin vacilación ni desviaciones.

        E

        xiste una sociedad decidida y fuerte, que reclama cambios y que necesita ser representada por organizaciones responsables y de un gobierno sensible y resuelto, que supone hoy de un amplio margen de apoyo para emprender una serie de cambios económicos y políticos orientados a definir un nuevo pacto social, un nuevo Estado, una soberanía más fuerte y un combate estructural a la corrupción, a la ineficiencia y al autoritarismo.

        C

        on nuestros propios cambios, los sindicatos hacemos un llamado de unidad a la sociedad para caminar juntos en este proceso histórico.

        23 de agosto de 1997.

        Documentos
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        UNION NACIONAL DE TRABAJADORES

        M A N I F I E S T O

        A todos los trabajadores mexicanos,
        Al pueblo de México,
        A los partidos políticos,
        A las autoridades del Trabajo,
        A los empleadores,

        La Unión Nacional de Trabajadores (UNT), constituida por más de doscientos sindicatos que representan a más de un millón y medio de trabajadores ubicados en sectores económicos e instituciones sociales y culturales de vital importancia, manifiesta su posición ante el anuncio del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Lic. José Antonio González Fernández, en el sentido que deben iniciarse los trabajos tendientes a reformar legislación laboral que actualmente nos rige:

        1. Inmediatamente después del anuncio de una pronta reforma a la Ley Federal del Trabajo, la UNT declaró públicamente que dicha pretensión no sería efectiva sin la activa participación de los trabajadores, en primer lugar y, por supuesto, de los empresarios, los partidos políticos y otros grupos sociales representativos. Propusimos mecanismos transparentes, abiertos, democráticos y participativos como premisas básicas para crear las condiciones que permitan construir el debate nacional y los consensos entre las fuerzas productivas, sociales y políticas, debate en el que se abordará la problemática del desarrollo nacional, ya que sostenemos que la mera reforma a la Ley Federal del Trabajo no resuelve los problemas económicos, políticos y sociales que venimos afrontado desde hace cuando menos dos décadas y que se han traducido en pérdida del nivel adquisitivo, injusta distribución del ingreso, creciente concentración de la riqueza, carencia de recursos fiscales para ampliar el alcance de los servicios básicos, vulnerabilidad financiera, privilegio de la especulación en detrimento de la producción y estrechamiento del mercado interno, entre otros.
        2. Hemos rechazado también el punto de vista que la reforma laboral sea un asunto exclusivamente político y legislativo entre el gobierno y los partidos, sujeta a negociaciones menores de carácter coyuntural, cuando se trata de uno de los aspectos centrales de la vida económica y social de la Nación. En consecuencia, proponemos que la reforma a la legislación laboral tenga como marco de discusión al propio modelo de desarrollo del país, en la medida en que se pretende su transformación no sólo legal sino laboral y productiva, económica y social. La reforma deberá ser para la prosperidad de la Nación y no para favorecer la explotación de los trabajadores.

      • Por ello, la UNT reconoce las reiteradas declaraciones del Secretario del Trabajo en el sentido de que el Ejecutivo NO enviará al Congreso de la Unión propuesta alguna de reformas a la citada Ley que no sea el resultado de un proceso de construcción de consensos entre los sectores productivos directamente involucrados y del conjunto de las fuerzas políticas del país.Entendemos que estas declaraciones son producto de las condiciones políticas actuales que nos obligan a todos a buscar acuerdos y compromisos por la vía democrática, para así consolidar las nuevas formas de convivencia política y social que los mexicanos estamos construyendo. Entendemos también que este comportamiento de respeto y mesura sólo se mantendrá si, como hasta ahora, el conjunto del sindicalismo nacional unifica sus fuerzas para defender lo que a todos incumbe, es decir, los intereses históricos e inmediatos de los trabajadores y del pueblo mexicano.
      • Desde su nacimiento, la UNT ha venido reclamando la necesidad de abrir los terrenos de la discusión de los grandes problemas nacionales a los sectores más directamente afectados. Por ejemplo, a una semana de su nacimiento, la UNT se encontraba ya en la Cámara de Diputados demandando que la discusión acerca de la asignación de recursos presupuestales considerara las necesidades de los trabajadores mexicanos en ámbitos tales como la educación pública, la salud, la seguridad social, la vivienda y el ingreso.
      • Entre los argumentos más utilizados para demandar las reformas a la LFT se encuentra la necesidad de flexibilizar el mercado laboral, a fin de garantizar un permanente crecimiento de la productividad del trabajo, facilitar el ingreso de capitales extranjeros, elevar la competitividad de la economía nacional y modernizar al aparato productivo. Sin embargo, un somero análisis del entorno laboral nos demuestra que México es uno de los países con más alto nivel de flexibilidad laboral por lo que hace a ingresos, jornadas, condiciones de seguridad e higiene y , en general, el conjunto de las condiciones de trabajo, por no mencionar las condiciones de vida, propias de una nación sumamente pobre. Dicho en otras palabras, el trabajador mexicano, en términos generales, es uno de los trabajadores menos protegidos por el Estado y por las instituciones sociales, por lo que su fuerza de trabajo además de flexible es sumamente barata.La modernización que México necesita no es la del abaratamiento mayor de su fuerza de trabajo sino la del mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes.

      • Por otro lado, podemos afirmar que la legislación laboral existente se viola todos los días y que en la realidad prevalecen prácticas discrecionales e instituciones frágiles que sólo encubren mecanismos de explotación salvaje y abaratamiento primitivo de los costos laborales. Posiblemente, algunos sectores buscan reformar la Ley para adecuarla a estas realidades y no tener que seguir pagando el costo de la simulación de los derechos laborales y el soborno a las autoridades correspondientes. Por lo demás, en los últimos años, muchos de estos aspectos flexibilizadores que hoy se demandan se han ido imponiendo en las revisiones contractuales, empresa por empresa.
      • Por estas razones, la posición de la UNT ha sido la de luchar por una REFORMA LABORAL Y PRODUCTIVA que forme parte de una REFORMA SOCIAL, ECONOMICA Y DEMOCRATICA DEL ESTADO MEXICANO.

      • Una reforma laboral y productiva es aquella que tiene por objeto la actualización y adecuación del conjunto de las instituciones, leyes y prácticas económicas, políticas, sociales y culturales del mundo del trabajo, con el fin de que, efectivamente:
          • Nuestro aparato productivo pueda enfrentar exitosamente los retos de la globalización económica, la revolución tecnológica, la competencia por los mercados y la integración de grandes bloques comerciales.
          • Como la reforma laboral no se puede limitar sólo a fortalecer la competitividad del sector moderno de la economía, la reforma pendiente deberá ayudarnos a promover el trabajo en la ciudad y el campo, a desarrollar al conjunto del territorio nacional, a resolver el doloroso problema de la pobreza extrema, a superar la enorme desigualdad entre clases y sectores sociales, pueblos indios y regiones y a impartir justicia social para todos los mexicanos. En otras palabras, deberá ser el fundamento de una auténtica transición democrática que no se limite a la conquista de los derechos político-electorales, sino que se amplíe el ámbito del mejoramiento económico, social y cultural del pueblo mexicano.
          • Finalmente, esta reforma deberá garantizar la plena vigencia y realización de las conquistas y derechos históricos de los trabajadores y del pueblo mexicano consagrados en la Constitución y en buena parte de la actual Ley Federal del Trabajo.
          1. El mantenimiento de la estructura autoritaria y cupular del Estado Mexicano, junto con la aplicación de un modelo de vocación claramente neoliberal, durante las dos últimas décadas, han provocado la profundización de los problemas tradicionales del país, la creciente polarización social que hoy amenaza convertirse en descomposición política y las crisis recurrentes de cada fin de sexenio, entre otros.Urge por ello un cambio de rumbo y un nuevo modelo de desarrollo justo, equilibrado, democrático, social y sustentable.

          2. En consecuencia, proponemos que en lugar de una negociación menor de misceláneas laborales, fiscales y financieras construyamos las bases para este cambio de rumbo y de modelo de desarrollo a través de un ACUERDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA, LA REFORMA SOCIAL Y ECONOMICA Y LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA, que emane del debate entre los sectores productivos y las fuerzas políticas y cuyo objetivo sea el diseño de las políticas públicas necesarias para revalorizar el trabajo, reforzar las capacidades competitivas de las empresas, ampliar la cobertura del gasto social y fortalecer las condiciones para el crecimiento económico y la gobernabilidad democrática, que nos permitan evitar la catástrofe de una nueva crisis, ahora económica, social y política.
          3. Consideramos que esta reforma integral de nuestro entorno sólo es posible con una activa participación social, ya que se requiere de un amplio diagnóstico productivo, rama por rama, sector por sector, región por región. Los sindicatos somos pieza clave, porque representamos un sector organizado, directamente involucrado en la producción y los servicios, y que conoce de las necesidades esenciales de gran parte de la población. Por ello hemos hecho un llamado a todas las organizaciones sindicales existentes en nuestro país, a fin de que analicemos conjuntamente las propuestas que se han hecho, señalemos avances y retrocesos y elaboremos una posición conjunta que sea discutida, completada y ratificada ampliamente por nuestras bases, sirviendo como sustento para discutir con los empresarios, los partidos políticos, con otras fuerzas sociales y con el Gobierno un nuevo pacto social, que concluya en el citado ACUERDO.
          4. Este ACUERDO deberá contemplar, entre otras, medidas que:
          • afirmen la igualdad de los trabajadores ante la Ley, derogando el Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional.,
          • garanticen el pleno ejercicio de la libertad de organización, de sindicalización y de contratación colectiva, la autonomía frente al Estado, las iglesias, los partidos políticos y los patrones y la más amplia democracia interna, a fin de que se eliminen todas las formas de simulación sindical, los contratos de protección, las tomas de nota y demás formas que limitan o impiden una sana vida sindical,
          • establezcan la bilateralidad representativa en todas las negociaciones,
          • fijen un salario remunerador y distributivo,
          • defiendan el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación pública, a la vivienda, a una jubilación digna,
          • establezcan el reparto de los beneficios obtenidos de una productividad con sentido social,
          • instituyan la igualdad laboral bajo una perspectiva de género,
          • protejan la estabilidad en el empleo, las condiciones de salud en el trabajo y una permanente capacitación que garanticen una mejora continua en las condiciones laborales y vitales de la clase trabajadora mexicana,
          • garanticen autonomía y eficacia en la impartición de la justicia laboral.

          Por nuestra parte, continuaremos buscando las más amplias alianzas y la unidad de acción con el conjunto del sindicalismo nacional, con el fin de mantener una sola voz de los trabajadores, tanto para defender nuestras conquistas históricas como para hacer valer nuestra participación en el debate nacional.

          Proponemos a los empresarios discutir los contenidos principales de un posible acuerdo para la reforma laboral y productiva del país, a fin de que pueda servir de base para las negociaciones nacionales, sean del ACUERDO que proponemos o de la reforma que tenga lugar, según sea el caso.

          Buscaremos aproximar posiciones con los partidos políticos, primero para crear las condiciones democráticas de la reforma y, después, para impulsar las posiciones más favorables para la revalorización del trabajo y el desarrollo del país.

          Al pueblo de México le proponemos sumarse a las acciones que hemos emprendido para detener todo intento de reforma autoritaria, para defender los derechos históricos de los trabajadores y para abrir el paso a la lucha por un cambio democrático de rumbo y un nuevo modelo de desarrollo nacional.

          C O N V O C A M O S

        • A todas las organizaciones sindicales, a los trabajadores, a las organizaciones sociales, a los académicos, a los estudiosos de la realidad nacional, a los abogados laborales y al pueblo de México a un Foro Sindical de Análisis sobre la Reforma Social, Económica y Democrática del Estado Mexicano que se celebrará el viernes 21 de agosto de 1998 en el Centro de Convenciones del SNTSS, Calzada de Tlalpan #1721, a media cuadra del Metro General Anaya, a partir de las 9:00.
        • A todas las organizaciones sindicales, a los trabajadores y al conjunto de organizaciones sociales identificadas con los intereses de los trabajadores al MITIN que realizaremos el jueves 3 de septiembre, a partir de las 17:00 ante la Cámara de Diputados, con motivo de la apertura del periodo ordinario de sesiones.
        • BASTA YA DE CARGAR SOBRE LA ESPALDA DE LOS TRABAJADORES Y DEL PUEBLO DE MEXICO EL COSTO DE LOS ERRORES ECONOMICOS Y POLITICOS DEL GOBIERNO.

          YA ES HORA DE LA REFORMA SOCIAL Y DEMOCRATICA DEL ESTADO MEXICANO, PARA GARANTIZAR LA PROSPERIDAD DE LA NACION.

          A T E N T A M E N T E

          “POR LA UNIÓN DEMOCRATICA DE LOS TRABAJADORES”

          México, D.F., a 6 de Agosto de 1998

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          UNION NACIONAL DE TRABAJADORES

          UNT

          ESTATUTO

          LAS PRESENTES REDACCIONES SON RESULTADO DE LOS CONSENSOS ALCANZADOS ENTRE LOS DIVERSOS ORGANISMOS PARTICIPANTES EN LA COMISION NACIONAL DE TRANSICION HACIA LA NUEVA CENTRAL Y DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS ASAMBLEAS ESTATALES

          Í

          NDICE

          TITULO PRIMERO

          DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

          TÍTULO SEGUNDO

          PROGRAMA DE ACCION

          TÍTULO TERCERO

          DE LAS NORMAS ESTATUTARIAS

          CAPÍTULO I

          DE LA CONSTITUCION, DENOMINACIÓN, LEMA, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

          CAPITULO II

          DE LAS ORGANIZACIONES INTEGRANTES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

          CAPITULO III

          DE LA ESTRUCTURA Y GOBIERNO DE LA UNIÓN

          CAPÍTULO IV

          DEL CONGRESO NACIONAL

          CAPÍTULO V

          DE LOS CONSEJOS DE REPRESENTANTES

          CAPÍTULO VI

          DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS

          CAPÍTULO VII

          DE LA COMISIÓN NACIONAL AUTÓNOMA DE VIGILANCIA Y JUSTICIA

          CAPITULO VIII

          DE LAS COMISIONES ESPECIALES

          CAPÍTULO IX

          DE LAS ELECCIONES

          CAPÍTULO X

          DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS INTERNOS DE LA UNIÓN

          CAPÍTULO XI

          DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LAS ORGANIZACIONES AFILIADAS

          CAPÍTULO XII

          DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS CONFLICTOS EXTERNOS DE LAS ORGANIZACIONES AFILIADAS

          CAPÍTULO XIII

          DEL PATRIMONIO DE LA UNIÓN

          CAPÍTULO XIV

          DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA UNIÓN

          TRANSITORIOS

          TÍTULO PRIMERO

          DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

          La UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES reconoce como principios que basan su organización: 1.

          La emancipación política, económica y social de la clase trabajadora.

          2.

          La revaloración del mundo del trabajo y del trabajador como elementos esenciales en la definición del desarrollo de la sociedad.

          3.

          La democracia, autonomía e independencia sindicales.

          4.

          La no reelección consecutiva de sus dirigentes.

          5.

          La no integración ni intervención colectiva como organismo en partido político alguno y el respeto a la libre afiliación política de los integrantes de las organizaciones activas, sin perjuicio de las alianzas y acciones que la UNT decida para alcanzar sus objetivos.

          6.

          La acción organizada, unitaria, la negociación y el diálogo así como todas las formas consignadas constitucional y legalmente. Por consecuencia el rechazo a la antijurídica discriminación de los trabajadores sujetos al régimen de excepción del apartado B del artículo 123 constitucional.

          7.

          La lucha por la plena consecución de los derechos fundamentales de los trabajadores: a)

          El derecho a la libre asociación

          b)

          El derecho al empleo permanente

          c)

          El derecho a la representación sindical

          d)

          El derecho a la contratación colectiva auténtica, operativa y por rama de actividad y cadena productiva y por consecuencia también el rechazo a los contratos de protección. El respeto a la bilateralidad en las relaciones de trabajo.

          e)

          El derecho al salario remunerador

          f)

          El derecho de huelga

          m)

          El derecho a la libre manifestación de las ideas

          n)

          El derecho a la no discriminación por motivo de raza, ideología, género, preferencia sexual o cualquier otra característica diferenciadora

          ñ)

          El derecho a la seguridad social

          o)

          El disfrute pleno de todos los derechos humanos básicos

          p)

          El derecho a una sociedad justa y equitativa.

          TÍTULO SEGUNDO

          PROGRAMA DE ACCIÓN

          Son sus objetivos fundamentales los siguientes: 1.

          Promover los intereses de sus afiliados y, en general, contribuir al fortalecimiento del bienestar económico y social de todos los trabajadores, incluyendo a los jubilados, desempleados y no sindicalizados.

          2.

          Pugnar por la unificación clasista de todos los trabajadores, establecer principios de lucha conjunta y apoyo solidario a las luchas de sus integrantes y a las de todos los trabajadores.

          3.

          La ampliación y consolidación de la unidad como una de las grandes aspiraciones históricas de la organización de los trabajadores.

          4.

          Sostener y aplicar el principio de la autonomía sindical respecto del Gobierno, las empresas, los partidos políticos, las iglesias y, en general, de los intereses ajenos o contrarios a los de la clase trabajadora.

          5.

          El respeto a la autonomía interna y el estímulo a la solidaridad y fraternidad entre sus organizaciones y hacia las demás organizaciones nacionales e internacionales de trabajadores. Pugnar porque todas las discrepancias políticas e ideológicas entre sus afiliados se resuelvan a través de la participación amplia y determinación democrática de los agremiados, buscando siempre la solución fraterna de las controversias.

          6.

          El pleno ejercicio de la democracia como régimen político para el país y para el sindicalismo y la democratización del movimiento obrero.

          7.

          La transparencia como rasgo destacado de los procedimientos internos de organización de los trabajadores.

          8.

          El establecimiento de mecanismos que garanticen la participación de las bases en la toma de las decisiones fundamentales de la UNIÓN.9.

          La defensa de las conquistas históricas de los trabajadores, señaladamente la seguridad social y la educación pública, así como de las industrias estratégicas y los recursos naturales no renovables.

          10.

          El impulso a la participación consciente y combativa de los trabajadores en los procesos de cambio productivo, económico, político, social y laboral y, por consiguiente, a su capacidad de incidir en la definición del desarrollo del país.

          11.

          La lucha por la superación del nivel educativo de los trabajadores y por el derecho a la educación, capacitación, formación, información, instrucción, cultura y recreación que sean las bases de su emancipación intelectual.

          12.

          Pugnar por el respeto al derecho a la representación sindical auténtica ante las diversas instancias que conforman el sistema de relaciones laborales del país.

          13.

          La participación en la definición de opciones, propuestas, iniciativas y programas relacionados con las áreas productivas y de servicios que involucran a la UNIÓN, en lo general y específicamente por rama de actividad y cadena productiva conexa, a fin de contribuir a la implementación de un modelo de desarrollo alternativo a partir de un nuevo pacto social nacional.

          14.

          La defensa de los derechos de las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los trabajadores migrantes, los jubilados, los miembros de la tercera edad, los discapacitados y otros sectores sociales representativos.

          15.

          Promover acciones legislativas que fortalezcan las políticas reivindicatorias del movimiento obrero.

          16.

          Establecer una política de alianzas y una agenda conjunta de acciones con los campesinos, la sociedad civil y sus organizaciones representativas y con otros sectores cuyos intereses son afines a los de los trabajadores, promoviendo un desarrollo comunitario sustentable y equitativo con participación social.

          17.

          La defensa de la independencia y la soberanía del país. Rechazo al intervencionismo y al hegemonismo en todas sus expresiones.

          18.

          La solidaridad en la lucha contra la explotación, la desigualdad, la marginación, la pobreza, la ignorancia, la violencia, la guerra y todo aquello que limite o impida el disfrute pleno de los derechos humanos.

          Para conseguir los fines anteriores, la UNIÓN utilizará los siguientes métodos de lucha:

          La concertación, el diálogo, el mitin, la manifestación pública, la propaganda, el boycott,

          la huelga, la huelga por solidaridad, las alianzas y coaliciones y todos los demás medios lícitos que sean necesarios para la defensa de sus intereses.

          TÍTULO TERCERO

          DE LAS NORMAS ESTATUTARIAS

          CAPITULO I

          DE LA CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, LEMA, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

          ARTÍCULO 1)

          Las organizaciones sindicales obreras y campesinas participantes en el Congreso Constituyente celebrado en la Ciudad de México, Distrito Federal el día 28 de noviembre del año de 1997, acordaron, con fundamento en el ejercicio del derecho constitucional de libre asociación, y en ejecución de los mandatos de sus respectivos órganos de decisión interna, en acuerdo libremente adoptado, constituir una confederación nacional de trabajadores que se denomina “UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES” – UNT -.ARTÍCULO 2)

          Las organizaciones fundadoras de la UNT, son:

          (Aquí insertar el listado de organizaciones sindicales con sus datos de registro, por orden alfabético, señalando su domicilio social.)

          ARTÍCULO 3)

          El lema de la UNT es POR LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS TRABAJADORES”.

          ARTÍCULO 4) La UNT tiene por objeto el estudio, mejoramiento y defensa de los derechos e intereses legales e históricos que representan y corresponden a todas y cada una de las organizaciones que la integran.

          ARTÍCULO 5)

          El domicilio de la UNT es Calle 19 # 61, Colonia San Pedro de los Pinos en México, Distrito Federal, o el que en el futuro se establezca.

          ARTÍCULO 6)

          La duración de la UNT es por tiempo indeterminado.

          CAPITULO II

          DE LAS ORGANIZACIONES INTEGRANTES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

          ARTÍCULO 7)

          Podrán formar parte de la UNT en calidad de integrantes activas, las organizaciones de trabajadores urbanos y del campo constitucionalmente constituidas, que lo soliciten y cumplan los requisitos establecidos en los presentes estatutos, pudiendo corresponder a los siguientes tipos: a)

          Las federaciones, uniones o centrales integradas por sindicatos de trabajadores al servicio de patrones o empresas privadas, paraestatales y descentralizadas de la ciudad y del campo,

          b)

          Las federaciones integradas por sindicatos de trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión,

          c)

          Las federaciones integradas por sindicatos de trabajadores al servicio de las entidades federativas, de los municipios y del Distrito Federal;

          d)

          Los sindicatos nacionales de industria de trabajadores de la ciudad y del campo,

          e)

          Los sindicatos industriales de trabajadores de la ciudad y del campo,

          f)

          Los sindicatos de empresa de trabajadores de la ciudad y del campo,

          g)

          Los sindicatos gremiales de trabajadores de la ciudad y del campo,

          h)

          Los sindicatos de oficios varios de trabajadores de la ciudad y del campo,

          i)

          Los sindicatos de trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión,

          j)

          Los sindicatos de trabajadores al servicio de las entidades federativas, de los municipios y del Distrito Federal.

          ARTÍCULO 8)

          Los requisitos de afiliación a la UNT como organización activa son: a)

          Entregar una solicitud de ingreso a la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada, que deberá contener:

          a.1.:

          1.-

          Copia autorizada del Acta Constitutiva de la organización sindical,

          2.-

          Copia autorizada de los Estatutos, con los que deberá acreditar que sus miembros gozan sin limitación de sus derechos de libertad de afiliación política y de pensamiento ideológico y religioso, así como que está prevista la no afiliación corporativa de la organización a partido político alguno,

          3.-

          Copia autorizada del su Padrón de Socios, en donde conste el nombre, domicilio particular y empresa u organismo al que preste sus servicios, su sexo, su edad, su nacionalidad y su Registro Federal de Electores, salvo en el caso de los menores de edad,

          4.-

          Copia autorizada del Acta original de la Asamblea o instancia sindical facultada, en donde se compruebe la voluntad democrática de los trabajadores para ingresar a la UNT5.-

          Copia autorizada del Acta en donde conste la elección o nombramiento de su directiva sindical.

          a.2.

          Exposición de motivos para ingresar a la UNT, así como una relación en que aparezcan los datos de constitución de su organización, de su trayectoria en defensa de sus agremiados y del fortalecimiento de las conquistas históricas, laborales y sociales de la clase trabajadora.

          a.3.

          Compromiso de acatar el Estatuto de la UNT así como los acuerdos legítimos de sus instancias de gobierno.

          b)

          La Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada entregará copia de los documentos constitutivos de la petición de ingreso a cada una de las representaciones de las organizaciones activas, para su análisis.

          Dichas organizaciones analizarán la petición en el seno de sus directivas internas, y darán a conocer su voto sobre la solicitud de ingreso de que se trate, en el Consejo Nacional de Representantes de la UNT, en donde se tomará la decisión sobre el ingreso por mayoría del 51% o más del total de los representantes que constituyen el Pleno, independientemente de los que hayan integrado el quórum en tal reunión. De ser aprobatorio el acuerdo, la organización solicitante se integrará como parte de la UNT en calidad de organización activa.

          Se podrá rechazar la solicitud de ingreso por antecedentes de falta de honradez y ética sindical.

          ARTICULO 9)

          Son derechos de las organizaciones integrantes activas de la UNT: a)

          Participar en los órganos de gobierno y comisiones de la UNT, con derecho a voz y voto en los términos de este Estatuto.

          b)

          Presentar propuestas para ser discutidas, analizadas y resueltas ante el Congreso Nacional, el Consejo Nacional de Representantes o la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada, según corresponda en los términos de este Estatuto.

          c)

          Gozar de plena libertad para externar ideas y planteamientos sociales, económicos y políticos.

          d)

          Gozar irrestrictamente de la libertad de afiliación política de los integrantes de su organización.

          e)

          Contar con la solidaridad y el apoyo de la UNT en los conflictos para los que así lo soliciten.

          f)

          Gozar del pleno respeto a su derecho de autodeterminación sindical, de parte de la UNT y de las organizaciones que la integran.

          g)

          Los demás que se deriven del presente Estatuto.

          ARTÍCULO 10)

          Son obligaciones de las organizaciones integrantes activas de la UNT: a)

          Participar en todos los actos y comisiones a las que sean convocadas.

          b)

          Cumplir con los acuerdos mayoritarios.

          c)

          Participar en los Congresos Nacionales.

          d)

          Participar en los procesos electorales internos de la UNT.

          e)

          Cumplir con el pago oportuno de sus cuotas.

          f)

          Respetar la autonomía de todas y cada una de las organizaciones integrantes de la UNT.

          g)

          Que su participación en la UNT esté avalada por los órganos estatutarios internos facultados de su organización.

          h)

          Abstenerse de comprometer la afiliación o comprometer o prohibir el voto de sus miembros a determinado partido u organización política.

          i)

          Los demás que se deriven de este Estatuto.

          CAPITULO III

          DE LA ESTRUCTURA Y GOBIERNO DE LA UNIÓN

          ARTICULO 11)

          La autoridad de la UNT radica en la voluntad de las organizaciones activas que la integran, expresada en sus asambleas de trabajadores y demás instancias decisorias y deberá ser vinculada y articulada en la UNT por medio de sus órganos competentes que son: a) Normativos:

          1.-

          CONGRESO NACIONAL,

          2.- CONSEJO NACIONAL DE REPRESENTANTES

          3.- CONSEJO NACIONAL DE SECTOR, RAMA O CADENA PRODUCTIVA

          4.- CONSEJOS REGIONALES DE REPRESENTANTES

          5.- CONSEJOS REGIONALES POR SECTOR, RAMA O CADENA PRODUCTIVA

          4.- CONSEJOS ESTATALES DE REPRESENTANTES

          5.- CONSEJOS ESTATALES POR SECTOR, RAMA O CADENA PRODUCTIVA

          4.- CONSEJOS LOCALES DE REPRESENTANTES

          5.- CONSEJOS LOCALES POR SECTOR, RAMA O CADENA PRODUCTIVA

          b) Ejecutivos:

          1.- COMISIÓN NACIONAL EJECUTIVA COLEGIADA

          2.- COMISIONES EJECUTIVAS ESTATALES

          c) De Justicia:

          1.- COMISIÓN NACIONAL AUTÓNOMA DE VIGILANCIA Y JUSTICIA

          CAPITULO IV

          DEL CONGRESO NACIONAL

          ARTICULO 12)

          El Congreso Nacional se integra con las organizaciones activas con derecho a participar en él con voz y voto, quienes participarán por conducto de sus delegados efectivos acreditados, según la siguiente tabla:

          Membresía

          Número de Delegados

          I.-

          De 500,000 o más afiliados

          75 como máximo

          II.-

          De 100,000 a 499,999

          50 como mínimo y uno más por cada 20,000 afiliados adicionales

          III.-

          De 10,000 a 99,999

          10 como mínimo y uno más por cada 2,500 afiliados adicionales

          IV.-

          De 1,000 a 9,999

          3 como mínimo y uno más por cada 1,500 afiliados adicionales

          V.-

          De 100 a 999

          2 como máximo

          VI.-

          Menos de 100 afiliados

          1 como máximo

          ARTICULO 13)

          El Congreso Nacional es el órgano máximo de gobierno de la UNT y en él reside su soberanía. Organizará sus trabajos mediante reuniones plenarias, integradas por la totalidad de las delegaciones asistentes. y por mesas de trabajo que aborden temas específicos, cuyas resoluciones deberán ser presentadas a la Plenaria para su discusión y, en su caso, aprobación. El Congreso Nacional podrá ser apoyado para sus discusiones y determinaciones por comisiones especiales, las cuales tendrán temarios específicos y generarán ponencias que serán resueltas por las reuniones plenarias.

          ARTICULO 14)

          El Congreso Nacional podrá ser ordinario, extraordinario, electoral y judicial. En todos los casos será presidido por los integrantes de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada Colegiada en el orden establecido.

          ARTICULO 15)

          El Congreso Nacional Ordinario se celebrará anualmente, durante la última semana del mes de agosto, conforme a un orden del día elaborado por la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada, con base en las propuestas que las organizaciones hagan en el Consejo Nacional de Representantes.

          ARTICULO 16)

          El Congreso Nacional será convocado por la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada, conjuntamente con la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia o en su defecto, conforme a lo señalado en el Artículo siguientes de este Estatuto. La convocatoria se emitirá cuando menos con 60 días de anticipación e incluirá el orden del día con los asuntos a tratar.

          ARTICULO 17)

          En caso de que las instancias obligadas a convocar al Congreso Nacional Ordinario, conforme lo establecen los presentes Estatutos, no lo hagan, el 51% de los representantes con los que se integra el Consejo Nacional de Representantes deberán hacerlo en forma urgente, cumpliendo con todos los requisitos estatutarios.

          ARTICULO 18)

          El quórum del Congreso Nacional se integrará cuando asistan 51% o más de las Delegaciones correspondientes a las organizaciones activas de la UNT que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas, excepto el caso de los Congresos Nacionales Judiciales en los que el quórum deberá integrarse por dos tercios o más del total de las organizaciones activas.

          ARTICULO 19)

          Para que sean válidos los acuerdos del Congreso Nacional, deberán adoptarse por el 51% o más del total de los delegados efectivos de las organizaciones activas que integren la UNIÓN, y que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas.

          Cuando se trate de reformas al presente Estatuto o de destitución de algún cargo de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada o de algún cargo de la Comisión Nacional de Vigilancia y Justicia, los acuerdos deberán adoptarse por las dos terceras partes o más del total de los delegados efectivos de las organizaciones activas de la UNT y que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas.

          Si se trata de expulsión de alguna organización, el acuerdo deberá adoptarse por las dos terceras partes o más del total de los delegados efectivos de las organizaciones activas que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas. En el caso de la disolución de la UNT, el acuerdo deberá adoptarse por las dos terceras partes o más del total de los delegados efectivos, que representen, por lo menos, dos tercios o más del total de las organizaciones activas y de los trabajadores afiliados.

          ARTICULO 20)

          La elección de los Delegados al Congreso se hará conforme a los procedimientos internos estatutarios de cada organización activa.

          ARTICULO 21)

          En cualquier tiempo, el 33% o más del total de las organizaciones activas que integran la UNIÓN, podrá solicitar a la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada y a la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia que convoquen a un Congreso Nacional Extraordinaria, en cuyo orden del día se incluyan los puntos que dicho 33% requiera sean tratados, siempre que dichos puntos correspondan a temas para los que el Congreso esté facultado.

          Si pasados diez días de la solicitud escrita y firmada por los representantes legales de dichas organizaciones, la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada y la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia no emiten la convocatoria relativa, las organizaciones del caso podrán emitir directamente dicha convocatoria, pero en este caso, se estará a las reglas de quórum de dos tercios de la totalidad de las organizaciones activas y que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas y los acuerdos deberán adoptarse por el 51% o más de éstas.

          En el caso de dictamen o culpabilidad en el que se hubiese propuesto la expulsión de una o más de las organizaciones participantes, la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia podrá convocar directamente a un Congreso Nacional Judicial,

          ARTICULO 22)

          Son facultades del Congreso Nacional:a)

          Evaluar y acordar las acciones conducentes en relación con los movimientos, asuntos y conflictos que involucren a la UNT o a solicitud de una o más de sus organizaciones integrantes, las medidas de apoyo y gestión, tanto de carácter nacional como internacional que correspondan.

          b)

          Conocer y en su caso aprobar los programas de acción, su táctica y estrategia.

          c)

          Emitir declaraciones y planteamientos que conciernan a las organizaciones activas y en general a la clase obrera en asuntos de interés nacional e internacional.

          d)

          Integrar comisiones especiales las cuales analizarán temarios específicos y generarán ponencias que serán resueltas por las reuniones plenarias.

          e)

          Proponer candidatos para ocupar cargos en la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada y en la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia, tanto en los procesos electorales ordinarios como en los extraordinarios.

          f)

          Constituirse en Congreso Electoral a fin de elegir a la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada y a la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia, en los términos estatutarios relativos.

          g)

          Proponer y aprobar modificaciones y reformas al presente Estatuto.

          h)

          Constituirse en Congreso Permanente cuando con motivo de conflicto de una o varias de las organizaciones activas, se requiera, de manera expedita e inmediata, tomar acuerdos, definir acciones o emitir declaraciones relacionadas con la situación conflictiva o bien cuando a juicio fundado de la mayoría de las Delegaciones se deba declarar así.

          i)

          Conocer y resolver sobre los dictámenes que le sean sometidos por la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia, de conformidad con las reglas del presente Estatuto.

          j)

          Conocer y, en su caso, aprobar o modificar el proyecto de presupuesto relativo al ejercicio del período anual inmediatamente siguiente, que deberá presentar el Vicepresidente de Finanzas de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada.k)

          Conocer y dictaminar sobre el informe anual correspondiente al ejercicio inmediato anterior, que deberá ser presentado por el Presidente y los Vicepresidentes de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada.

          l).

          Conocer y, en su caso, aprobar o modificar los programas de trabajo para el año siguiente de cada uno de los integrantes de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada de la UNT.

          m).

          Conocer y dictaminar sobre los informes que deberán presentar anualmente los integrantes de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia.n)

          Ratificar o en su caso reconsiderar sobre el ingreso de organizaciones a la UNT.

          ñ)

          Resolver sobre la disolución de la UNT, de acuerdo a las reglas fijadas por el presente Estatuto.

          o)

          Acordar el emplazamiento y estallamiento de la huelga general, de conformidad con el presente Estatuto.

          p)

          Las demás que correspondan al ejercicio del derecho de autodeterminación sindical y a los términos del presentes Estatuto.

          CAPITULO V

          DE LOS CONSEJOS DE REPRESENTANTES

          ARTICULO 23)

          El CONSEJO NACIONAL DE REPRESENTANTES se integra por un Representante de cada una de las organizaciones nacionales activas de la UNT, afiliados a su estructura central, así como con los Coordinadores Regionales o Estatales y los Coordinadores Sectoriales. Sus reuniones serán presididas por la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada. Se deberá levantar acta en que conste quienes integraron el quórum de la sesión así como los acuerdos adoptados. Los Representantes y Coordinadores tendrán derecho a voz y a voto, en la inteligencia de que sus acuerdos serán vinculatorios cuando sean adoptados por el 51% o más de ellos. Los integrantes del Consejo podrán designar representantes debidamente acreditados cuando no puedan asistir personalmente a sus reuniones.

          Para la toma de decisiones se estará a lo siguiente: a) Privilegiar el consenso, b) Mayoría calificada de las dos terceras partes o c) Mayoría simple del 51% cuando no sea posible conseguir el acuerdo por los dos primeros.

          Se reunirá cuando menos una vez cada tres meses o antes, en caso de ser convocado por la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada.ARTICULO 24)

          El Consejo Nacional de Representantes está facultado para analizar y resolver la aplicación de las resoluciones del Congreso Nacional y sobre las cuestiones y problemas que surjan durante el lapso comprendido entre Congreso y Congreso, pudiendo resolver sobre esos casos con aplicación de las reglas estatutarias y los criterios más convenientes a los intereses legítimos de la UNT. Está facultado para decidir sobre el ingreso de otras organizaciones a la UNT. Sus acuerdos vinculan al conjunto de la UNT en lo general, a los Consejos Regionales, Estatales, Locales y Sectoriales de Representantes y a la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada siempre y cuando no contravengan las normas estatutarias o los resolutivos del Congreso Nacional.

          El Consejo Nacional de Representantes estará especialmente facultado para designar al Presidente Interino de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada y/o al Presidente Interino de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia, en los casos de ausencia transitoria que exceda de tres meses, y en las ausencias definitivas de dichos funcionario estará facultado para nombrar al Presidente Sustituto de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada y/o al Presidente Sustituto de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia hasta el término del período que corresponda.

          ARTICULO 25)

          CONSEJOS REGIONALES DE REPRESENTANTES, que se integran con los representantes de las organizaciones integrantes activas de la UNT, afiliadas a sus estructuras regionales, que comprendan dos o más estados, por el Coordinador Regional así como los Coordinadores Estatales, Sectoriales y Locales. Dichos representantes y Coordinadores tendrán derecho a voz y a voto, en la inteligencia de que sus acuerdos serán vinculatorios cuando sean adoptados por el 51% o más de ellos. Los integrantes de cada Consejo Regional podrán designar representante debidamente acreditado cuando no puedan asistir personalmente a sus reuniones.

          Para la toma de decisiones se estará a lo siguiente: a) Privilegiar el consenso, b) Mayoría calificada de las dos terceras partes o c) Mayoría simple del 51% cuando no sea posible conseguir el acuerdo por los dos primeros.

          Cada Coordinador Regional será electo directamente por los representantes que integran el Consejo Regional correspondiente, quienes están facultados para sustituir el nombramiento cuando lo juzguen conveniente. Corresponde a los Coordinadores Regionales emitir las convocatorias para las reuniones de sus respectivos Consejos, presidirlas y levantar las actas en que consten quienes integraron el quórum así como los acuerdos adoptados en dichas reuniones. Se remitirá copia de estas actas a la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada para los efectos de conocimiento y archivo.

          ARTICULO 26)

          CONSEJOS ESTATALES DE REPRESENTANTES, que se integran con los representantes de las organizaciones integrantes activas de la UNT, afiliadas a sus estructuras estatales, el Coordinador Regional así como los Coordinadores Sectoriales y Locales. Dichos representantes y Coordinadores tendrán derecho a voz y a voto, en la inteligencia de que sus acuerdos serán vinculatorios cuando sean adoptados por el 51% o más de ellos. Los integrantes de cada Consejo Estatal podrán designar representante debidamente acreditado cuando no puedan asistir personalmente a sus reuniones.

          Para la toma de decisiones se estará a lo siguiente: a) Privilegiar el consenso, b) Mayoría calificada de las dos terceras partes o c) Mayoría simple del 51% cuando no sea posible conseguir el acuerdo por los dos primeros.

          Cada Coordinador Estatal será electo directamente por los representantes que integran el Consejo Estatal correspondiente, quienes están facultados para sustituir el nombramiento cuando lo juzguen conveniente. Corresponde a los Coordinadores Estatales emitir las convocatorias para las reuniones de sus respectivos Consejos, presidirlas y levantar las actas en que consten quienes integraron el quórum así como los acuerdos adoptados en dichas reuniones. Se remitirá copia de estas actas a la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada para los efectos de conocimiento y archivo.

          ARTICULO 27)

          CONSEJOS LOCALES DE REPRESENTANTES, que se integran con los representantes de las organizaciones integrantes activas de la UNT, afiliadas a sus estructuras locales, el Coordinador Regional y/o Estatal así como los Coordinadores Sectoriales. Dichos representantes y Coordinadores tendrán derecho a voz y a voto, en la inteligencia de que sus acuerdos serán vinculatorios cuando sean adoptados por el 51% o más de ellos.

          Los integrantes de cada Consejo Local podrán designar representante debidamente acreditado cuando no puedan asistir personalmente a sus reuniones.

          Para la toma de decisiones se estará a lo siguiente: a) Privilegiar el consenso, b) Mayoría calificada del dos terceras partes o c) Mayoría simple del 51% cuando no sea posible conseguir el acuerdo por los dos primeros.

          Cada Coordinador Local será electo directamente por los representantes que integran el Consejo correspondiente, quienes están facultados para sustituir el nombramiento cuando lo juzguen conveniente.

          Corresponde a los Coordinadores Locales emitir las convocatorias para las reuniones de sus respectivos Consejos, presidirlas y levantar las actas en que consten quienes integraron el quórum así como los acuerdos adoptados en dichas reuniones. Se remitirá copia de estas actas a la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada para los efectos de conocimiento y archivo.

          ARTICULO 28)

          CONSEJOS SECTORIALES DE REPRESENTANTES, que se integran con los representantes de las organizaciones integrantes activas de la UNT, pertenecientes a un mismo sector, rama o cadena productiva que tendrán derecho a voz y a voto, en la inteligencia de que sus acuerdos serán vinculatorios para los integrantes de dicho sector, rama o cadena productiva cuando sean adoptados por el 51% o más de ellos. Sus integrantes podrán designar representante debidamente acreditado cuando no puedan asistir personalmente a las reuniones.

          Para la toma de decisiones se estará a lo siguiente: a) Privilegiar el consenso, b) Mayoría calificada de las dos terceras partes o c) Mayoría simple del 51% cuando no sea posible conseguir el acuerdo por los dos primeros.

          Cada Coordinador Sectorial será electo directamente por los representantes que integran el Consejo correspondiente, quienes están facultados para sustituir el nombramiento cuando lo juzguen conveniente.

          Corresponde a los Coordinadores Sectoriales emitir las convocatorias para las reuniones de sus respectivos Consejos, presidirlas y levantar las actas en que consten quienes integraron el quórum así como los acuerdos adoptados en dichas reuniones. Se remitirá copia de estas actas a la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada para los efectos de conocimiento y archivo.

          Estos Consejos Sectoriales podrán establecerse a nivel regional, estatal y local, conservando la misma estructura, si existen suficientes organizaciones del sector, rama o cadena productiva que lo permitan.

          ARTICULO 29)

          El Consejo Regional, Estatal, Local o Sectorial de Representantes celebrará reuniones ordinarias cada tres semanas. Celebrará también reuniones extraordinarias cuando sea convocado por la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada o por el 51% o más de los Representantes de las organizaciones activas que lo integran.

          ARTICULO 30)

          Los Consejos Regionales, Estatales, Locales o Sectoriales de Representantes están facultados para analizar y resolver la aplicación de las resoluciones del Consejo Nacional de Representantes, de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada, así como para analizar y resolver sobre las cuestiones y problemas inherentes a su región, estado, localidad o sector, con aplicación de las reglas estatutarias y los criterios más convenientes a los intereses legítimos de la UNT.

          Sus acuerdos vinculan a las organizaciones comprendidas en su región, estado, localidad o sector y en ningún caso podrán afectar los intereses generales de la UNT. Cada Consejo Regional, Estatal, Local o Sectorial podrá organizar comisiones especiales de trabajo que realizarán los estudios específicos correspondientes, generando las propuestas consecuentes que serán presentadas a su Consejo Regional, Estatal, Local o Sectorial correspondiente.

          CAPITULO VI

          DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS

          ARTICULO 31)

          La Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada estará integrada por: I) Tres PRESIDENTES.

          II) Un VICEPRESIDENTE DE ORGANIZACION

          III) Un VICEPRESIDENTE DE FINANZAS

          IV) Un VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y SOCIALES

          V) Un VICEPRESIDENTE DE RELACIONES

          VI) Un VICEPRESIDENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL

          VII) Un VICEPRESIDENTE DE FORMACIÓN SINDICAL

          VIII) Un VICEPRESIDENTE DE ACTAS y ACUERDOS

          ARTICULO 32)

          La Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada constituye el órgano permanente de gobierno de la UNT, y ejerce su representación ante todas las autoridades nacionales e instituciones y organizaciones de hecho y de derecho, así como ante toda clase de personas jurídicas y privadas del territorio nacional y del extranjero.

          ARTICULO 33)

          La Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada actuará permanentemente en ejercicio y cumplimiento de las facultades y obligaciones que establece este Estatuto para el conjunto y para cada uno de sus integrantes.

          ARTICULO 34)

          La Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada está facultada para designar a las comisiones permanentes o transitorias que se requiera integrar para el cumplimiento de los objetivos de la UNT. Tratándose de comisiones permanentes se elaborarán reglamentos para normar y organizar debidamente sus actividades.

          ARTICULO 35)

          Para ocupar el cargo de Presidente o de Vicepresidente de Organización o de Vicepresidente de Finanzas de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada se requiere ser Secretario General en funciones – o su equivalente- en alguna de las organizaciones activas y que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas.

          ARTICULO 36)

          Para ocupar el resto de los cargos que integran a la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada se requiere: a)

          Ser miembro del Comité Ejecutivo -o de su equivalente- de alguna de las organizaciones activas y que se encuentre al corriente en el pago de sus cuotas y,

          b)

          Ser postulado por su Delegación o por el Comité Ejecutivo -o su equivalente- de su organización.

          ARTICULO 37)

          Con la finalidad de sentar las bases para lograr una representación proporcional por género en los organismos decisorios, en todos los niveles, se establece que cuando menos el 33% (treinta y tres por ciento) de los puestos ejecutivos deberán ser ocupados por mujeres integrantes de los Comités Ejecutivos -o sus equivalentes- de las organizaciones activas que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas y que sean postuladas por su Delegación o por el Comité Ejecutivo -o su equivalente- de su organización.

          ARTICULO 38)

          El período de gestión de los miembros de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada será de dos años.

          ARTICULO 39)

          los Presidentes son los representantes directos de la UNT y son los responsables de que se lleven a cabo los acuerdos emanados del Congreso Nacional, del Consejo Nacional de Representantes y de los Plenos de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada; consecuentemente, son los voceros oficiales de la UNT.

          Sus funciones y facultades son: a)

          Presidir los Congresos Nacionales.

          b)

          Responsabilizarse del desarrollo de la UNT en el sentido que marcan su Declaración de Principios, su Programa de Acción y las demás normas de su Estatuto.

          c)

          Orientar sus esfuerzos representativos y la política general de la UNT hacia la defensa y consolidación de los derechos de los trabajadores, de su unidad democrática, la soberanía de la nación y el desarrollo social que serán fundamento de todas sus acciones.

          d)

          Convocar y presidir los Consejos Nacionales de Representantes y los Plenos de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada, así como convocar Consejos Regionales, Estatales, Locales o Sectoriales por causa extraordinaria.

          e)

          Rendir informe de actividades en cada Congreso Nacional Ordinario.

          g)

          Designar apoderados legales, otorgando los poderes necesarios, así como designar los asesores que se requieran para la buena marcha de la UNT.

          h)

          Representar a la UNT ante los poderes públicos y autoridades, ante terceros y ante las organizaciones del movimiento obrero nacional e internacional.

          i).

          Convocar a elecciones ordinarias y extraordinarias en los términos de este Estatuto.

          j).

          Todas aquellas funciones que se deriven del presente Estatuto y de la naturaleza de su cargo.

          ARTICULO 40) Son funciones del Vicepresidente de Organización

          : a)

          Presidir los Congresos Nacionales conjuntamente con los Presidentes.b)

          Presentar informe anual de su gestión organizativa ante el Congreso Nacional Ordinario.

          c)

          Promover la afiliación de sindicatos y demás organizaciones de trabajadores a la UNT y asimismo promover la constitución de nuevas organizaciones sindicales al amparo de la UNT.

          d)

          Llevar registro de cada una de las organizaciones activas que integran la UNT, y mantener actualizado el padrón de organizaciones integrantes activas ante las autoridades laborales competentes.

          e)

          Editar, de acuerdo con la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada, los documentos oficiales de la UNT así como elaborar, distribuir y en su caso publicar, los documentos que sean acordados por las instancias facultadas estatutariamente.

          f)

          Substituir al Presidente en sus ausencias transitorias que no excedan de tres meses.

          g)

          Encargarse de la organización y logística de todos los actos que realice la UNT, como Congresos, Asambleas, Consejos, Plenos y demás eventos que se requieran para el cumplimiento de sus objetivos.

          h)

          Todas aquellas funciones que se deriven del presente Estatuto y de la naturaleza de su cargo.

          ARTICULO 41) Son funciones del Vicepresidente de Finanzas

          : a)

          Presidir los Congresos Nacionales conjuntamente con los Presidentes.b)

          Presentar informe anual de su gestión y del balance de ingresos y egresos ante el Congreso Nacional Ordinario.

          c)

          Rendir en nombre de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada un informe mensual de la situación del patrimonio de la UNT ante el Consejo Nacional de Representantes, enviando copia a los representantes de todas las organizaciones activas.

          d)

          Responsabilizarse del manejo eficiente y seguro de los recursos patrimoniales, económicos y financieros de la UNT.

          e)

          Responsabilizarse de la elaboración del presupuesto anual de acuerdo con los planes de trabajo de las diversas instancias de la UNT.

          f)

          Todas aquellas funciones que se deriven del presente Estatuto y de la naturaleza de su cargo.

          ARTICULO 42)

          Son funciones del Vicepresidente de Asuntos Económicos, Políticos y Sociales:a).

          Presidir los Congresos Nacionales conjuntamente con los Presidentes.

          b).

          Presentar informe anual de su gestión ante la Congreso Nacional Ordinario.

          c)

          . Promover el conocimiento, análisis y discusión de los temas y problemas de índole económico, político y social que involucren a las organizaciones integrantes de la UNT o a los trabajadores en general.

          d).

          Presentar propuestas y lineamientos que orienten la estrategia de la UNT en relación con asuntos económicos, políticos y sociales de diversa índole.

          e).

          Todas aquellas funciones que se deriven del presente Estatuto y de la naturaleza de su cargo.

          ARTICULO 43)

          Son funciones del Vicepresidente de Relaciones:a)

          Presidir las Congresos Nacionales conjuntamente con los presidentes.

          b)

          Presentar informe anual de su gestión ante la Congreso Nacional Ordinaria.

          c)

          Promover y mantener buenas relaciones con las organizaciones obreras nacionales e internacionales y la interacción de los sindicatos, en todo lo que coadyuve al cumplimiento de los objetivos de la UNT.

          d)

          Representar a la UNT ante el resto de las organizaciones de trabajadores, asistiendo a los mítines, manifestaciones, conferencias, foros, encuentros y demás eventos relacionados con los propósitos y objetivos que sustenta la UNIÓN.

          e)

          Todas aquellas funciones que se deriven del presente Estatuto y de la naturaleza de su cargo.

          ARTICULO 44)

          Son funciones del Vicepresidente de Comunicación Social:a)

          Presidir las Congresos Nacionales conjuntamente con los presidentes.

          b)

          Presentar informe anual de su gestión ante la Congreso Nacional Ordinario.

          c)

          Promover y mantener buenas relaciones con los medios de comunicación nacionales e internacionales a fin de presentar ante la opinión pública las actividades, luchas, logros, planteamientos y propuestas de la UNT.

          d)

          Desarrollar una estrategia de medios para resaltar la actuación de la UNT .

          e)

          Elaborar un boletín interno que dé a conocer las propuestas, actividades y logros de la UNT a los agremiados de las organizaciones que la integran.

          e)

          Todas aquellas funciones que se deriven del presente Estatuto y de la naturaleza de su cargo.

          ARTICULO 45) Son funciones del vicepresidente de Formación Sindical:a)

          Presidir los Congresos Nacionales conjuntamente con los Presidentes.

          b)

          Presentar informe anual de su gestión ante el Congreso Nacional Ordinario.

          c)

          Elaborar los programas de capacitación, instrucción y formación que contribuyan al fortalecimiento de la UNT, a través del desarrollo de cuadros sindicales propios.

          d)

          Garantizar la difusión, análisis y discusión de todos los documentos básicos de la UNT.

          e)

          Intercambiar información y establecer convenios con otras organizaciones o instituciones especializadas que coadyuven a la formación de cuadros sindicales.

          f)

          Todas aquellas funciones que se deriven del presente Estatuto y de la naturaleza de su cargo.

          ARTICULO 46)

          Son funciones del vicepresidente de Actas y Acuerdos:a)

          Presidir los Congresos Nacionales conjuntamente con los Presidentes.

          b)

          Presentar informe anual de su gestión ante el Congreso Nacional Ordinario.

          c)

          Llevar los registros de asistencia a los Congresos Nacionales, a los Consejos Nacionales de Representantes y a los Plenos de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada, proporcionando dichos registros al Vicepresidente o Secretario de Actas y Acuerdos para la elaboración de las actas correspondientes. Informar al Pleno de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada y a la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia sobre las inasistencias de los representantes de las organizaciones activas a los eventos citados.

          d)

          Levantar las actas de los Congresos Nacionales, de los Consejos Nacionales de Representantes y de los Plenos de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada las que, después de aprobadas, asentará en el Libro respectivo.

          e)

          Recibir y archivar copias de las actas de los Consejos Regionales, Estatales, Locales o Sectoriales de Representantes y demás eventos locales.

          f)

          Llevar el registro de los resolutivos y acuerdos tomados por los Congresos Nacionales, los Consejos Nacionales y Regionales, Estatales, Locales o Sectoriales de Representantes, de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada y de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia, para el debido conocimiento y cumplimiento de las instancias correspondientes de la UNT.

          g)

          Todas aquellas funciones que se deriven del presente Estatuto y de la naturaleza de su cargo.

          ARTICULO 47) en cada región, estado o localidad se constituirá Comisiones Ejecutivas Regionales, Estatales o Locales conformadas de la siguiente manera:

          Organizaciones afiliadas

          Estructura

          Una organización

          Un presidente

          Dos organizaciones

          Dos presidentes

          Tres organizaciones

          Tres presidentes

          Cuatro organizaciones

          Tres presidentes y un vicepresidente de Organización

          Cinco organizaciones

          Tres presidentes y dos vicepresidentes, de Organización y de Finanzas

          Seis organizaciones.

          Tres presidentes y tres vicepresidentes, de Organización, de Finanzas y de Asuntos Económicos, Políticos y Sociales.

          Siete organizaciones

          Tres presidentes y cuatro vicepresidentes, de Organización, de Finanzas, de Asuntos Económicos, Políticos y Sociales y de Relaciones

          Ocho organizaciones

          Tres presidentes y cinco vicepresidentes, de Organización, de Finanzas y de Asuntos Económicos, Políticos y Sociales, de Relaciones y de Comunicación Social

          Nueve organizaciones

          Tres presidentes y seis vicepresidentes, de Organización, de Finanzas y de Asuntos Económicos, Políticos y Sociales, de Relaciones, de Comunicación Social y de Formación Sindical

          Diez organizaciones o más

          Tres presidentes y seis vicepresidentes, de Organización, de Finanzas y de Asuntos Económicos, Políticos y Sociales, de Relaciones, de Comunicación Social, de Formación Sindical y de Actas y Acuerdos

          Las funciones de las Comisiones Regionales, Estatales o Locales Ejecutivas serán similares a las establecidas en el ámbito nacional. Esta estructura es flexible y en casos especiales, previo dictamen de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia, se podrán realizar modificaciones a la misma.

          La vigencia de las Comisiones Regionales, Estatales o Locales de la UNT será de 2 años que se contaran tomando como referencia a la fecha de constitución de las comisiones.

          CAPITULO VII

          DE LA COMISIÓN NACIONAL AUTÓNOMA DE VIGILANCIA Y JUSTICIA

          ARTICULO 48)

          La Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia constituye el órgano permanente de fiscalización y vigilancia de la UNT. Está integrada por cinco Secretarios, que deberán funcionar en forma colegiada,

          ARTICULO 49)

          La Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia actuará permanentemente en ejercicio y cumplimiento de las facultades y obligaciones que establece este Estatuto para el conjunto y para cada uno de los miembros que lo integran.

          ARTICULO 50)

          Para ocupar el cargo de secretario de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia se requiere ser Secretario General en funciones en alguna de las organizaciones activas, que se encuentre al corriente en el pago de sus cuotas.

          ARTICULO 51)

          Para ocupar el cargo de secretario de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia se requiere ser postulado por su Delegación o por el Comité Ejecutivo -o su equivalente- de su organización.

          ARTICULO 52)

          El período de gestión de los miembros de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia será de dos años.

          ARTICULO 53)

          Son funciones de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia: a)

          Asistir a los Congresos Nacionales y cuidar que se realicen en los términos de las convocatorias relativas y de las reglas estatutarias correspondientes, impidiendo que se tomen acuerdos que las contravengan.

          b)

          Presentar informe anual de su gestión ante la Congreso Nacional Ordinario.

          c)

          Realizar plenos cuando se estime conveniente para el correcto cumplimiento de sus funciones.

          d)

          Asistir a las reuniones del Consejo Nacional de Representantes y a los plenos de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada, vigilando que sus resoluciones correspondan a las tomadas en los Congresos Nacionales y que no contravengan el Estatuto.

          e)

          Vigilar que los integrantes de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada , de las Comisiones y, en general, de las organizaciones integrantes de la UNT cumplan con los acuerdos tomados por las diversas instancias representativas que les vinculan y con las obligaciones derivadas del Estatuto.

          f)

          Conocer, investigar y resolver sobre las faltas denunciadas por alguna de las organizaciones activas o representantes de las diversas instancias de la UNT.

          g)

          Conocer, investigar y dictaminar sobre las propuestas de sanciones a las organizaciones activas o representantes de las diversas instancias de la UNT, cuando se trate de faltas que deban ser sancionadas por el Congreso Nacional.

          h)

          Fiscalizar las cuentas presentadas por la Vicepresidencia o Secretaría de Finanzas, así como todas las operaciones económicas que realice la UNT y ordenar cuando menos una auditoría anual.

          i)

          Convocar, conjuntamente con la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada, a los Congresos Nacionales Ordinarios, Extraordinarios y Judiciales.j)

          Cumplir con las funciones electorales que le corresponden en los términos del presente Estatuto.

          k)

          Todas aquellas funciones que se deriven del presente Estatuto y de la naturaleza de su cargo.

          CAPITULO VIII

          DE LAS COMISIONES ESPECIALES

          ARTICULO 54)

          Además de las Comisiones que corresponda designar al Congreso Nacional y a los Consejos Regionales, Estatales, Locales o Sectoriales, la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada queda facultada para designar comisiones de trabajo permanentes o transitorias, a las que corresponderá estudiar y proponer en relación con las temáticas o tareas que se les asignen. Las instancias mencionadas en este artículo podrán designar también comisiones especiales, permanentes o transitorias, encargadas de realizar actividades específicas tales como organización, solidaridad, propaganda y otras. Las comisiones permanentes funcionarán en los términos de los reglamentos especiales que al efecto emita el Consejo Nacional de Representantes.

          CAPITULO IX

          DE LAS ELECCIONES

          ARTICULO 55)

          En caso de que alguno de los Presidentes de la UNT termine su gestión sindical en la organización a la cual pertenece, se procederá de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del Artículo 24 de este Estatuto.

          ARTICULO 56)

          En caso de que alguno de los integrantes del Consejo Nacional de Representantes, de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada, con excepción del Presidente o Secretario General, o de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia, con excepción del Presidente, concluyan su gestión sindical en la organización a la cual pertenecen antes de que termine su período dentro de la UNIÓN, su cargo será ocupado por su sucesor en su organización, o por el representante que ésta designe para tal efecto. En tales casos cada nuevo titular de los cargos entregará a la brevedad posible al Presidente o Secretario General de la UNT, la documentación relativa a su elección o, en su caso, de la elección de quien lo designó en su correspondiente organización.

          ARTICULO 57)

          Cuando alguno de los miembros de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada renuncie, se ausente de manera intempestiva o sea destituido conforme a las disposiciones aplicables del presente Estatuto, su cargo podrá ser ocupado por la persona que designe el Presidente o Secretario General de la UNT hasta por un lapso de tres meses en el caso de que la organización a la que pertenezca el Vicepresidente o Secretario a substituir no pudiera acreditar en ese tiempo al substituto o en tanto se convoca al Congreso Nacional y se realiza la elección de que se trate.

          ARTICULO 58)

          Cuando el Secretario de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia se ausente temporalmente por un período no mayor de tres meses, su puesto será ocupado por uno de los Secretarios de dicho Comité. En el caso de ausencias temporales que excedan de tres meses o definitivas, se estará a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 24 de este Estatuto.

          ARTICULO 59)

          En el caso de que algún miembro de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada cese en su cargo por haber sido expulsada su organización de la UNT, así como en el caso de ausencias definitivas de la totalidad de los miembros de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia, se convocará a elecciones para designar al miembro o miembros de los Comités mencionados que se requieran para reintegrarlos.

          ARTICULO 60)

          La elección de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada y de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia en todos sus cargos o de una parte de los mismos, será realizada como punto de la agenda del Congreso Nacional Ordinario o en algún Congreso Nacional Extraordinario convocado para dicho propósito.

          ARTICULO 61)

          No podrá haber reelección consecutiva para una misma organización.

          ARTICULO 62)

          Cada organización activa y que se encuentre al corriente en el pago de sus cuotas podrá presentar sus candidatos y sus programas, registrándolos ante la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia a partir de la publicación de la Convocatoria al Congreso Nacional Ordinario o Extraordinario respectivo.

          ARTICULO 63)

          La Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia comunicará los programas y nombres de los candidatos registrados a cada organización activa al menos con tres semanas de anticipación a la fecha de la elección, a efecto de permitir la realización del consenso interno en el que se defina la decisión de cada organización al tener conocimiento de los candidatos y de sus programas. Se podrán realizar campañas, previo acuerdo de las organizaciones activas de la UNIÓN, siempre y cuando no se afecte la autonomía, ni las actividades de cada una de ellas.

          ARTICULO

          64) Agotada la temática del Congreso Nacional de la UNT, el Presidente de Debates procederá a tomar el acuerdo para constituirlo en Congreso Electoral, a fin de pasar a la elección de las Planillas. Pedirá que se nombren escrutadores de entre los Delegados acreditados, quienes realizarán el cómputo de los votos. La votación se hará a través de voto secreto y directo mediante papeletas foliadas en un talón desprendible, que se depositarán en urnas transparentes. La Planilla que obtenga la mayor votación ocupará los cargos correspondientes, salvo en el caso de que la primera minoría obtenga una votación igual o superior al 25% (veinticinco por ciento) del total de votos emitidos en el Congreso, en cuyo caso tendrá derecho a ocupar la Vicepresidencia de Comunicación Social y dos Secretarías de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia.ARTICULO 65)

          Concluido el depósito de boletas, el Presidente abrirá la urna, sacará cada voto, lo exhibirá y entregará a los escrutadores, quienes dirán en favor de quién fue emitido y tomarán nota. El Vicepresidente de Actas y Acuerdos levantará el acta correspondiente.

          ARTICULO 66)

          Concluido el proceso electoral, el Presidente de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia solicitará el acuerdo para declarar concluido también el Congreso Electoral y se reinstalará la mesa de debates del Congreso Ordinario

          ARTICULO 67)

          La nueva Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada, la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia o los nuevos dirigentes rendirán su protesta para tomar posesión de sus cargos en la fecha señalada en la convocatoria, conforme a las reglas establecidas en este Estatuto.

          ARTICULO

          68) La elección del Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada y de la Comisión nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia, en todos sus cargos o de una parte de los mismos, será realizada como punto de la agenda del Congreso Nacional Ordinario o en algún Congreso Nacional Extraordinario convocado para dicho propósito. En ese momento el Congreso será considerado Electoral.

          ARTICULO 69)

          Cuando alguno de los miembros del Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada sea destituido por causas personales conforme a las disposiciones aplicables del presente Estatuto, su cargo podrá ser ocupado por la persona que designen los presidentes de la UNIÓN hasta por un lapso de tres meses. En el caso de que la organización a la que pertenezca el Secretario a substituir, no pudiera acreditar en ese tiempo al substituto, o en tanto se convoca a la Convención y se realiza la elección de que se trate.

          ARTICULO 70)

          Cuando alguno de los presidentes o vicepresidentes de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia se ausente temporal o definitivamente, su puesto será ocupado por el vicepresidente designado de común acuerdo por los demás integrantes de dicha Comisión.

          ARTICULO 71)

          En el caso de que algún miembro del Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada o del Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia de la UNIÓN cese en su cargo por haber sido expulsada de la UNT la organización sindical a que pertenezca o pertenezcan, se convocará a elecciones para nombrar al funcionario o funcionarios de que se trate.

          CAPITULO X

          DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS

          INTERNOS DE LA UNIÓN

          ARTICULO 72)

          Los dirigentes y funcionarios de la UNIÓN que contravengan los preceptos establecidos en este Estatuto podrán hacerse acreedores a la aplicación de sanciones, las cuales podrán consistir en: a)

          Amonestación por escrito.

          b)

          Consignación del caso a su organización respectiva para proceder conforme a lo establecido en sus Estatutos.

          c)

          Destitución del cargo en el caso de integrantes de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada y de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia o de Comisionados.

          ARTICULO 73)

          Serán causas de amonestación por escrito: a)

          Excederse en la ejecución de sus funciones sin que el exceso ocasione perjuicios a la UNIÓN.

          b)

          Omitir el cumplimiento de sus funciones cuando ello no cause perjuicios a la UNT.

          c)

          Provocar desorden en alguno de los eventos de la UNT.ARTICULO 74)

          Serán causas para consignación del caso a su organización de origen, los siguientes: a)

          De los Delegados a los Congresos Nacionales y a las diversas comisiones de la UNT, incurrir en la comisión comprobada y reiterada de los hechos que merecen amonestación por escrito.

          b)

          De los dirigentes y funcionarios de la UNIÓN:: b.1)

          Incurrir en la comisión comprobada y reiterada de los hechos que merecen amonestación por escrito.

          b.2)

          Incurrir en la comisión comprobada de cualquiera de las causales de destitución.

          ARTICULO 75)

          Son causas de destitución de los integrantes de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada o de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia, los siguientes: a)

          Por impropia gestión administrativa.

          b)

          Por aprovechar la representación de la UNT para asuntos que redunden en beneficio personal.

          c)

          Por extralimitarse dolosamente en sus funciones ocasionando perjuicios y/o poniendo en riesgo la estabilidad de la UNIÓN.

          d)

          Por malversar los fondos de la UNT o atentar en contra de sus bienes patrimoniales.

          e)

          Por espionaje gratuito o pagado en contra de la UNIÓN.

          f)

          Por falsificación de firmas o documentos de la UNT.

          g)

          Por omitir el cumplimiento de sus funciones cuando ello cause perjuicios graves a la UNT.

          h)

          Por agredir o provocar agresiones físicas contra alguno o varios de los representantes de la UNT o de los participantes en los eventos de la misma.

          i)

          Por provocar disturbios graves en alguno de los eventos de la UNT en condiciones que impidan su desarrollo.

          ARTICULO

          76) .Son causas de expulsión de una organización de la UNT: a)

          El incumplimiento de los acuerdos nacionales cuando ello no esté justificado por los estatutos de la organización de que se trate.

          b)

          . La violación o rebeldía de los principios, objetivos y estatutos de la federación.

          ARTICULO 77)

          Las amonestaciones por escrito serán aplicadas por el Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia, informando de ello al Consejo Nacional de Representantes.ARTICULO 78)

          Las consignaciones a que hace referencia el artículo 72 serán ejercidas por escrito por la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia, informando sobre el caso a la organización de origen, al Consejo Nacional de Representantes y al Congreso Nacional inmediato.

          ARTICULO 79)

          Las sanciones consistentes en la destitución del cargo únicamente podrán ser aplicadas en Congreso Nacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de este Estatuto.

          ARTICULO 80)

          La aplicación de sanciones a los funcionarios o a las organizaciones activas estará sujeta al siguiente procedimiento: a)

          Toda acusación deberá turnarse por escrito a la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia, aportando las pruebas documentales de que se disponga y proponiendo los testigos presenciales o a quienes consten los hechos denunciados. Tienen derecho a denunciar los representantes de las organizaciones activas al corriente en el pago de sus cuotas y los funcionarios de la UNT.

          b)

          La Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia instruirá un procedimiento de investigación de los hechos denunciados, consistente en recibir los testimonios de los denunciantes y demás pruebas que se le aporten o que pueda obtener sobre el caso, otorgando siempre el derecho de defenderse a quienes resulten presuntivamente implicados en los hechos mediante la oportunidad de recibirles sus declaraciones, permitirles examinar los documentos, carearlos con sus acusadores y con los testigos, permitirles nombrar a alguien de la UNT que les defienda o en su defecto, nombrárselos.

          c)

          Una vez terminada la averiguación, rendirá un dictamen de inculpabilidad o culpabilidad.

          d)

          Cuando el dictamen de culpabilidad se refiera a un caso leve de los contemplados como sancionables en el presente Estatuto, la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia aplicará la sanción correspondiente.

          e)

          Si la sanción es de aquellas que corresponde decidir al Congreso Nacional, la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia seguirá los lineamientos establecidos en el presente Estatuto en sus Artículos 19. y 21, segundo párrafo.

          f)

          Si el dictamen se refiere a un caso grave de los contemplados en el Estatuto como sancionable, el Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia turnará el dictamen al siguiente Congreso Nacional Ordinario, a efecto de que lo conozca y decida, escuchando al acusado, a su defensor, recibiendo y valorando las pruebas que se le aporten tanto por él como por la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia, en los términos del presente Estatuto.

          g)

          Si el dictamen se refiere a un caso de expulsión de una o varias de las organizaciones activas, la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia deberá solicitar a la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada que convoque a un Congreso Nacional Judicial en los términos del artículo 21, segundo párrafo y demás aplicables del presente Estatuto, a efecto de que lo conozca y decida en definitiva, escuchando al o los representantes de la organización u organizaciones acusadas, a su o a sus defensores, recibiendo y valorando las pruebas que se le aporten tanto por éstos como por el Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia, en los términos del presente Estatuto.

          h)

          Las organizaciones miembros de la UNIÓN no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito.

          i)

          La expulsión sólo podrá decretarse por los casos expresamente consignados en el Estatuto, debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso.

          ARTICULO 81)

          Para la determinación de las sanciones se tomarán en cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes al momento de cometerse la falta, tomando en consideración también la reincidencia.

          CAPITULO XI

          DE LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS ENTRE LAS ORGANIZACIONES AFILIADAS

          ARTICULO 82)

          En el caso que surjan conflictos entre las organizaciones activas, el Consejo Nacional de Representantes actuará como mediador entre los contendientes con la finalidad de resolver tales conflictos sobre una base mutuamente satisfactoria y justa.

          ARTÍCULO 83)

          Los principios y procedimientos establecidos en este capítulo deberán ser aplicables a todos los sindicatos fundadores y afiliados a esta UNIÓN y cada afiliado deberá ser responsable por cualquier acción tomada por sus sindicatos, secciones, delegaciones o cualquier otro cuerpo subordinado.

          ARTÍCULO 84)

          Ningún afiliado deberá organizar o intentar representar trabajadores que ya tengan una relación establecida con cualquier otro afiliado a la UNIÓN, ni deberá propiciar la ruptura de tal relación. La integridad de cada organización activa deberá mantenerse y preservarse y cada afiliado deberá respetar la titularidad de los contratos colectivos de cualquier otro afiliado.

          ARTÍCULO 85)

          Los casos de fusión o reorganización de establecimientos o empresas bajo circunstancias que impliquen la eliminación o modifiquen la situación de las organizaciones activas serán remitidos directamente al Consejo Nacional de Representantes.ARTÍCULO 86)

          Ningún afiliado deberá circular o causar la circulación de reporte o cargo alguno que pretenda o que produzca hacia otro afiliado el descrédito público que afecte su reputación o la de la UNT.

          ARTÍCULO 87)

          El arreglo de los conflictos conforme al procedimiento de este capítulo se limitará al caso en disputa y, en consecuencia, no podrán afectarse la autonomía, la jurisdicción o las actividades generales de las organizaciones involucradas.

          ARTÍCULO 88)

          Si el Consejo Nacional de Representantes resuelve que la reclamación es justificada y, como consecuencia, emite una recomendación, será obligación de todos los afiliados apoyarla.

          CAPÍTULO XII

          DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS CONFLICTOS EXTERNOS DE LAS

          ORGANIZACIONES AFILIADAS

          ARTÍCULO 89)

          Para los efectos de este capítulo, la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada tendrá las siguientes obligaciones y facultades: a)

          Intervenir en los conflictos intergremiales u obrero-patronales a petición de cualquiera de las organizaciones activas afectadas.

          b)

          Determinar la ayuda solidaria económica y política que deba otorgarse a las organizaciones activas en conflicto.

          c)

          Proponer al Consejo Nacional de Representantes la determinación de ir a la huelga general en los casos previstos en el Artículo siguiente.

          ARTÍCULO 90)

          Como consecuencia del ejercicio de los derechos inherentes a la autonomía de que disfrutan las organizaciones activas, éstas tienen la facultad constitucional de acordar la huelga para conseguir la solución de sus conflictos.

          En el caso de las huelgas por solidaridad que afecten a todas las organizaciones activas de determinada región, antes de ir al movimiento el acuerdo deberá ser ratificada por el Consejo Nacional de Representantes. Si hubiera discrepancia entre éste y el Consejo Regional respectivo la huelga podrá llevarse a cabo bajo la responsabilidad exclusiva del Consejo Regional que la haya acordado.

          En el caso de las huelgas acordadas por los Sindicatos Nacionales Industriales que afecten a toda la industria será obligatorio también para los organismos representativos de esos Sindicatos ponerse de acuerdo previamente con el Consejo Nacional de Representantes. Si hubiere desacuerdo, las huelgas podrán llevarse a cabo por las organizaciones que las hayan acordado bajo su exclusiva responsabilidad.

          ARTÍCULO 91)

          La huelga general de carácter nacional será obligatoria para todas las organizaciones activas, cuando así lo acuerde el Consejo Nacional de Representantes, en los casos siguientes: a)

          Cuando aparezcan en el país manifestaciones de carácter autoritario o de cualquier otra índole, que pongan en peligro la vida de la UNIÓN o de las agrupaciones que la integran.

          b)

          Cuando se pretendan restringir o abolir los derechos fundamentales de la clase trabajadora, como el de huelga, asociación, el de expresión del pensamiento o el de manifestación y de reunión públicas.

          c)

          Cuando se imponga, en contra de la voluntad mayoritaria de la población, un modelo económico inequitativo que se traduzca en el abatimiento generalizado de sus niveles de vida.

          d)

          Cuando el Estado tolere o fomente organizaciones cuyos propósitos o tendencias sean abiertamente contrarios a los derechos fundamentales de los trabajadores.

          e)

          Cuando el Estado pretenda implantar o tolere la implantación de un régimen de sindicalismo blanco, ya sea para enfrentarlo a la organización sindical independiente del Estado , o para reemplazarla.

          f)

          Cuando el Estado tolere o fomente la existencia de cuerpos armados independientes del Ejército Nacional cuyos actos o tendencias sean las de restringir en cualquier forma los derechos de la clase trabajadora.

          g)

          Cuando se establezca en el país un Gobierno contrarrevolucionario, por medio de la violencia o de la violación flagrante de las leyes o de los principios democráticos.

          h)

          Cuando la clase patronal lleve a cabo un paro para oponerse a la clase trabajadora, o para pedir la supresión o la restricción de algunos de los derechos o de las conquistas conseguidas por ella.

          CAPITULO XIII

          DEL PATRIMONIO DE LA UNIÓN

          ARTICULO 92) Para el sostenimiento de la UNIÓN todos los asociados tienen obligación de contribuir oportunamente con sus aportaciones ordinarias y con las extraordinarias acordadas.

          ARTICULO 93)

          Las aportaciones ordinarias deberán cubrirse mensualmente dentro de los diez primeros días del mes subsecuente. Se destinarán al cumplimiento de los fines para los que fue creada la UNT y para los gastos que se deriven del cumplimiento de sus objetivos, que deberán ser presupuestados anualmente y aprobados por el Congreso Nacional.

          Dichas aportaciones mensuales serán prorrateadas entre todas las organizaciones activas pertenecientes a la UNT proporcionalmente a su membresía registrada. De ser necesario, el Congreso Nacional podrá determinar aumentos de las mismas de conformidad con los presupuestos anuales o con actividades extraordinarias que se tengan contempladas.

          ARTICULO 94)

          Las aportaciones extraordinarias serán las que se acuerden por el Congreso Nacional o por el Consejo Nacional de Representantes y el importe íntegro de lo aportado se destinará para la finalidad manifestada.

          ARTICULO

          95) Cualquier organización que no cubra su aportación en el término indicado, en la sesión del Consejo Nacional de Representantes, recibirá una notificación por escrito del Vicepresidente de Finanzas de la UNT. Cualquier organización que se atrase tres meses en este pago quedará suspendida de sus derechos fijados en los incisos (a), (b) y (e) del Artículo 9 de este Estatuto y los cuales sólo podrá recuperar hasta que liquide la totalidad de su adeudo.

          ARTICULO 96)

          El patrimonio de la UNIÓN se integrará con: a)

          Los bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para desarrollar eficientemente las labores y las acciones de la UNT.

          b)

          Los fondos provenientes de las cuotas de ingreso, ordinarias y extraordinarias por parte de las organizaciones de la UNIÓN y de los fondos que se deriven de los rendimientos obtenidos por el depósito y manejo de dichas cuotas en alguna institución financiera que determine la Congreso Nacional.

          c)

          Las donaciones, transferencias o demás recursos provenientes de personas u organizaciones fuera de la UNT, en los términos que sean acordados por la Congreso Nacional.

          ARTICULO 97)

          La administración del patrimonio de la UNT corresponderá al Vicepresidente o Secretario de Finanzas, quien será el responsable de recibir las aportaciones ordinarias y extraordinarias y depositarlas en los fondos que correspondan.

          ARTICULO 98)

          El Vicepresidente o Secretario de Finanzas presentará mensualmente al Consejo Nacional de Representantes un informe de la situación del patrimonio de la UNIÓN así como el requerimiento de gastos, erogaciones o inversiones para que éste autorice su realización, la cual será por acuerdo y se hará constar en actas.

          ARTICULO 99)

          El Consejo Nacional de Representantes podrá autorizar al Vicepresidente o Secretario de Finanzas para disponer de los recursos del fondo común de la UNIÓN hasta por una cuarta parte del total existente en el mismo. En todo caso, el Consejo Nacional de Representantes será responsable ante el Congreso Nacional de dicha autorización y de su utilización en beneficio de la UNT.

          ARTICULO 100)

          La disposición de fondos del patrimonio de la UNT que excedan una cuarta parte del total existente sólo podrá ser autorizada por el Congreso Nacional.

          ARTICULO 101)

          El Vicepresidente o Secretario de Finanzas presentará al Congreso Nacional un informe anual del estado que guarda el patrimonio de la UNT.

          ARTICULO 102)

          En el caso de incumplimiento en el manejo y administración del patrimonio de la UNT, el Congreso Nacional procederá según los artículos correspondientes en el presente Estatuto.

          CAPITULO XIV

          DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA UNIÓN

          ARTICULO

          103) Para la disolución de la UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES es necesario que se cumplan los requisitos que establecen las fracciones siguientes: a)

          Que sea convocado un Congreso Nacional con anticipación de tres meses, con el único y exclusivo objeto de discutir la disolución.

          b)

          Que se lleve a cabo el cómputo riguroso de la votación relativa, conforme se establece en el Artículo 19) de este Estatuto.

          c)

          Es requisito necesario que la disolución de la UNT sea voluntad expresa de las dos terceras partes o más de sus miembros, y que dichas organizaciones agrupen en su seno a las dos terceras partes o más del total de trabajadores agremiados en las organizaciones activas.

          ARTICULO 104)

          Si las organizaciones que hubieren votado en contra de la disolución de la UNT pudieren integrar una agrupación de carácter nacional, podrán hacerlo así, adoptando un nombre diferente y tendrán derecho a tomar posesión del patrimonio de la extinta UNIÓN, quedando obligados a liquidar el pasivo de la misma.

          Si las agrupaciones que hubieren votado en contra de la disolución de la UNT no pudieren integrar una agrupación de carácter nacional, el patrimonio de la extinta UNIÓN, una vez liquidado su pasivo deberá repartirse proporcionalmente al monto del total de sus aportaciones a la UNT.

          TRANSITORIOS

          PRIMERO)

          El presente Estatuto inicia su vigencia el día 28 de noviembre de 1997.

          SEGUNDO).-

          En virtud de que se han cumplimentado debidamente y de que se ha agotado su materia, quedan suprimidos los TRANSITORIOS del SEGUNDO al SEXTO, acordados por el CONGRESO CONSTITUYENTE del 28 de noviembre de 1997.

          TERCERO).-

          Se ratifica la estructura de la directiva de la UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES acordada por CONGRESO CONSTITUYENTE celebrado el 28 de noviembre de 1997, consistente en una Comisión Nacional Ejecutiva, integrada por tres presidentes y siete Vicepresidentes y una Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia, compuesta por cinco Secretarios, mismas que fungirán del 28 de noviembre de 1998 al 28 de agosto del año 2000. En el caso de las Comisiones Estatales Ejecutivas, funcionará una estructura análoga o similar a la Nacional de acuerdo a sus condiciones específicas y al número de organizaciones afiliadas, cuyo período de vigencia será de dos años a partir de la fecha de su constitución.

          CUARTO).-

          Para tal efecto, se reforman los artículos 8 inciso b), 9 inciso b), 11 inciso b), 14, 15, 16, 19, 21, 22 incisos e) f) y j), 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53 inciso d), e), h) e i), 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72 inciso c), 75, 89, 97, 98, 99, 101, del presente estatuto, cuyos nuevos textos entrarán en vigencia a partir del día 28 de noviembre de 1998.

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          3 comentarios to “GUÍA BÁSICA PARA FORMACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES”

          1. ME PARECE DE GRAN IMPORTANCIA LO QUE HE LEIDO EN ESTA BASE OJALA Y SE IMPLEMENTE EN LA REALIDAD GRACIAS

          2. solisito asesoria para derrocar a nuestros actuales dirigentes sindicales. que proseso legal se debe de hacer cuando la base de los trabajadores ya no los asepta por rasones muy justificadas

            • la base sindical que es la masa abrera, le tiene que solicitar al comite actual,que convoque a asamblea general para que rinda cuentas a los reclamos de sus agremiados, y en caso de no hacerlo, un sindicalizado puede convocar la asamblea, en esa misma ya establecidos en asamblea general pueden tomar el acuerdo de nombrar un nuevo comite ejecutivo, o en su defecto, si solamente es el secretario general que esta fallando, pueden octar por removerlo de su cargo, pero todo tiene que ser de acuerdo a la ley federal del trabajo, y los estatutos del sindicato, ya que dentro de los mismos, se encuentra el articulo para cambiar al comite, la notificacion de convocar la asamblea, de estar de acuerdo a los estatutos, siguiendo paso a paso los reglamentos internos, tu actual dirigente no se la acaba

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