Propone panista militarizar aulas
Lunes, 16 de Febrero de 2009
La presidenta de la Comisión de Educación del Senado, María Teresa Ortuño, propuso sustituir a los maestros paristas con elementos del Ejército mexicano. Foto: Agencia Reforma
Plantea senadora sustituir a paristas con elementos del Ejército
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Comisión de Educación del Senado, María Teresa Ortuño, propuso sustituir a los maestros paristas con elementos del Ejército mexicano.
En entrevista, la nueva titular del órgano legislativo explicó que así como las fuerzas armadas coadyuvan en los desastres naturales, también pueden actuar ante los conflictos magisteriales, tomando el control de las escuelas para que los alumnos no pierdan sus clases.
“¿Por qué no?, si tenemos un paro de clases que entre el Ejército o algo así, una institución que diga: en lo que se resuelve su asunto laboral, los niños no van a perder clases.
“Que se declare importancia prioritaria en función del educando, no del educador, eso es lo que hay que girar y que entendamos que la prioridad debe ser el alumno y no el maestro”, declaró.
La legisladora por Chihuahua se refirió a los conflictos provocados por la instrumentación de la Alianza por la Calidad de la Educación. Refutó los argumentos de quienes critican que la alianza no se negoció con las bases del magisterio y, en ese contexto, defendió el papel de Elba Esther Gordillo, presidenta del SNTE, como interlocutora del Gobierno federal.
“Si ahorita abrimos un frente diciendo: yo desconozco a este liderazgo y lo cuestiono, ¡pues no! Eso es lo que hay. “Los maestros también pueden decir que con tal gobernante no hablan, ¡pues eso es lo que hay, y con éste hay que empujar lo que se pueda!”, advirtió.
En cuanto a las demandas laborales de los maestros, Ortuño dejó ver que se trata de reclamos excesivos, sobre todo si se toma en cuenta la situación de otros sectores en materia de salarios y prestaciones.
Recordó que la mayor parte de los mexicanos no tienen condiciones laborales como las que ha conseguido el magisterio, y explicó que para satisfacer todas sus peticiones no hay dinero que alcance.
“Tienen que tener condiciones, estoy de
acuerdo, superiores a las de la media nacional, pero no muy superiores, porque entonces de dónde se paga esto. “No quiero meter la pata con esta reflexión, pero hay que ver cómo es el gremio magisterial y cómo es el resto de los gremios que hay en México o no gremios, porque hay quienes no pertenecen a ninguno, porque el que anda partiéndose el lomo, como puede y de lo que puede, pues no tiene esas prestaciones”, comentó.
Por otro lado, la panista demandó quitar a la alianza todos los elementos “grillos”, relacionados con las plazas y los incrementos salariales, para dar prioridad a aspectos como la mejora en la infraestructura educativa.
(Claudia Guerrero/Agencia Reforma)
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EL EJÉRCITO EN LAS AULAS
Carlos Pérez Barranco
Toda conquista social tiene su lado oscuro, el conjunto de compensaciones que quienes ejercen el poder se toman para tratar de reequilibrar la balanza y salvar los muebles. Si el Servicio Militar, esa escuela del machismo y la obediencia, esa forma de servidumbre, ese rito de ingreso en una sociedad injusta y desigual, ha caído principalmente gracias a que el movimiento antimilitarista del Estado español ha impulsado una movilización de base y participativa como la insumisión y todo lo que la ha rodeado —los datos están ahí para quien quiera verlos—, ahora el Ejército obtiene otras prebendas y privilegios con las que los altos mandos militares podrán enjugar sus lágrimas nostálgicas.
Lo estamos viendo desde hace un par de años: entrada sin escrúpulos en la estructura militar de la OTAN, aumento del gasto militar convenientemente camuflado en créditos del M. de Industria, en partidas de I+D, potenciación de los proyectos armamentísticos (avión de caza europeo, tanque Leopard, fragatas F-100), protagonismo del Ejército en la política exterior española… Lo que no son más que compensaciones ante la retirada parcial de la influencia militar sobre la sociedad que supone el fin de la mili, se nos presenta como inseparable de ese proceso, a modo de chantaje. La llamada «profesionalización» es el proceso con el que el M. de Defensa quiere hacer del fin de la conscripción un hecho positivo para el Ejército.
Historia de un divorcio
Una reflexión más detenida nos revela algo que ni siquiera los analistas más orgánicos —pasando por el propio ministro de Defensa— se atreven a negar: entre la sociedad española y las Fuerzas Armadas existe un verdadero divorcio, un desencuentro del que nace y en el que ahonda desde hace años el movimiento antimilitarista. El anunciado fin del Servicio Militar para los próximos años hará perder al Ejercito uno de sus puntos de anclaje social más importantes, y la grieta se ensanchará. De ahí esa preocupación por fomentar la «conciencia» o «cultura» de defensa. Se trata de una nueva compensación, especialmente grave por cuanto constituye una clara transgresión de los principios democráticos; el Gobierno en lugar de atender a la sensibilidad popular en cuestiones militares, se propone por todos los medios adoctrinarnos sobre la necesidad de los Ejércitos, imponer ideológica y políticamente un sistema de defensa que la sociedad realmente no demanda ni siente como suyo.
En este marco hay que entender la aparición casi diaria de noticias relacionadas con el Ejército en la prensa, la multimillonaria (1.600 millones de pesetas) campaña de marketing sobre su profesionalización, incluyendo anuncios en la tele de hasta 25 minutos de duración (serie semanal Código Alfa) y exposiciones itinerantes a todo lujo como la que se instaló el pasado mes de noviembre en la estación de RENFE en Valencia. Mención aparte y un comentario más extenso merecen los planes del M. de Defensa de intervenir a todos los niveles en el sistema educativo.
La militarización de la enseñanza
La Directiva de Defensa Nacional en vigor desde 1996, ya adelantaba que para «conseguir un mayor apoyo social al dispositivo de Defensa [...] Se promoverá, a través del sistema educativo general, un conocimiento suficiente de la organización política de Defensa y de la función de los Ejércitos, para así fomentar el compromiso de los españoles en las exigencias de nuestra seguridad y defensa». Unos fines expresados con menos maquillaje en 1992 por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), el organismo del Ministerio de Defensa encargado hoy de hacer efectivas esas directrices:
«Dentro de la política de Defensa a desarrollar por el Gobierno, la responsabilidad en esta materia incumbe especialmente a los Ministerios de Cultura y con especial énfasis al de Educación, que debe aportar el fomento del patriotismo entendido como destino común de todos los españoles, procurando en todos los niveles educativos el respeto y el conocimiento de la Constitución, la veneración de la Bandera y el himno nacional, el fortalecimiento de la conciencia nacional, provocando la ilusión individual y colectiva en el logro de los fines permanentes, la identificación del pueblo con sus Fuerzas Armadas presentando a nuestra juventud una imagen respetuosa y rigurosa de las mismas». [Cuadernos de Defensa, 1992]
Los objetivos escondidos tras este ejercicio de retórica joseantoniana son sin embargo bastante pragmáticos. Y tantos como puntos débiles tiene la «profesionalización»: en primer lugar que aceptemos como algo natural el cada vez más difícilmente camuflable incremento del gasto militar —en un momento de desmantelamiento de los servicios públicos—, y en segundo lugar garantizar el reclutamiento de suficientes soldados profesionales para compensar la desbandada de los llamados a la mili hacia la objeción de conciencia y la insumisión —fenómeno que en EE.UU., Bélgica y Holanda dejó sin soldados de reemplazo los cuarteles a mitad de transición hacia el modelo profesional.
Un desembarco silencioso
Desde 1994, diversos convenios interministeriales han parapetado al ministerio de Defensa tras el de Educación en muchas de las actuaciones concretas llevadas a cabo sobre el mundo de la enseñanza. Caracterizadas además por un sigilo que contrasta con la parafernalia de las mencionadas más arriba, se han centrado en los institutos y las universidades.
Los profesores y profesoras de enseñanza secundaria han podido conocer a lo largo del último año y medio qué es lo que entiende el Ejército y el ministerio de Defensa por «educación para la paz» —un contenido transversal en el currículo de secundaria, según la LOGSE. Propaganda del Ejército profesional (el mailing de esta campaña incluía a 5.500 centros educativos de diferentes niveles), cartas desde el ministerio de Educación ofertando conferencias sobre la Defensa a cargo del IEEE, visitas a cuarteles y la «posibilidad de contar con apoyo especializado si consideráis interesante el que los alumnos de Secundaria y Bachillerato dentro de su formación curricular en Gª e Hª puedan contar con una información directa de los profesionales de la Defensa Nacional», lujosos videos promocionales como el titulado «La fuerza que hay que tener»… Por su trascendencia, merece la pena destacar las ofertas para realizar cursos sobre Defensa para profesores/as de enseñanza secundaria dentro de la programación de los centros de formación de profesorado (CEFIREs), bajo títulos tan sugerentes como «Cultura de defensa», «Defensa, paz y seguridad» y, en un caso muy reciente y cercano, el CEFIRE de Elche, incluso «Educación para la paz». Este último incluía como contenidos «un Ejército para la Paz» y «el Ejército y la democracia».
Según el Director General de Política de Defensa, Teniente General Víctor Suances, en comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la profesionalización del Ejército, «en la Universidad ya hay mucho hecho. Lo que quizá había era un esfuerzo disperso. Esto se está tratando de concentrar y acercarse a la Universidad mediante seminarios, seminarios que hagan las propias universidades, casi sin participación del Ministerio de Defensa». Una estrategia maquiavélica, en el sentido literal de la palabra. El autor de «El Príncipe» ya señalaba en 1513 que «los príncipes deben delegar los asuntos escabrosos en otros y reservar para sí mismos el derecho a conceder gracias y favores». Siguiendo sin duda esta máxima, Defensa ha firmado hasta 25 convenios de colaboración con las universidades de Zaragoza, Murcia, Santiago, El Ferrol, Barcelona, Carlos III de Madrid, Salamanca, Tenerife, Sevilla… y Valencia, al mismo tiempo que se han puesto en marcha desde el Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado» —creado por el Ministerio de Defensa y dependiente de la UNED— actividades docentes y cursos de doctorado sobre paz, seguridad y defensa. Así, previa disimulada formación castrense, el profesorado universitario será el que, de forma autónoma e independiente, cree las ideas, la doctrina, los razonamientos, los fundamentos, los rumores, los datos y las estadísticas, y en definitiva, las preguntas con sus convenientes respuestas.
Contra la Formación del Espíritu Militar
La respuesta social a estos planes de «militarizar» la enseñanza está tomando mayor consistencia cada día. En un primer momento, al hacerse pública la colaboración de Educación, se generó una intensa polémica a nivel de medios de comunicación, animada por una reacción todavía demasiado genérica. Fue entonces, hace ya un año cuando se acuñó la afortunada definición de la intervención de Defensa sobre el mundo educativo como «Formación del Espíritu Militar» (FEM), en clara analogía con la «Formación del Espíritu Nacional», padecida por quienes pasaron por la escuela nacionalcatólica del franquismo. La primera iniciativa concreta se produjo poco tiempo después, cuando la Fundació per la Pau, de Barcelona puso en marcha su campaña de «Escuelas objetoras», mediante la que los institutos de secundaria se comprometían a hacer objeción de conciencia negándose a colaborar con la pretensión del ministerio de Defensa de fomentar el espíritu en los centros educativos. En el texto de la declaración que suscribieron en poco más dos meses 80 centros de secundaria (y otros 17 de primaria) aparecía:
«Cuando cada vez más se admite que la seguridad depende de la gestión de variables como los derechos humanos, el equilibrio medioambiental, y la justicia social, creer —aún— en esquemas de seguridad basados en conceptos de defensa militar es totalmente caduco, pero querer introducir esta visión en los centros de enseñanza es completamente absurdo y antieducativo (…) Apostamos claramente por la Educación para la paz, los derechos humanos y el respeto a la diversidad (…) Educar en la prevención y resolución de los conflictos es mucho más coherente y eficaz que educar en esquemas militaristas desfasados».
Hoy son unas 125 las escuelas objetoras en toda Catalunya. Paralelamente han ido surgiendo en diferentes lugares del Estado plataformas contra la militarización de la enseñanza que agrupan a colectivos, asociaciones, ONGs, sindicatos… La experiencia ya está funcionando en Bilbao, Sevilla, y Madrid. En Valencia se están dando los primeros pasos en esa dirección.
Una respuesta como la descrita no surge de la nada. Está emparentada directamente con datos objetivos como los 170.000 objetores de conciencia de cada uno de los dos últimos años, y los más de 15.000 insumisos a la mili y su prestación sustitutoria, los graves problemas de reclutamiento del Ejército profesional y la composición básica de su tropa —personas de sectores donde se ceba el paro y la falta de expectativas laborales—, el malestar que genera cada nueva noticia sobre el aumento del gasto militar… Si como parece, existe ese divorcio entre la sociedad española y las Fuerzas Armadas tendremos que ir pensando en pasar de la denuncia del adoctrinamiento de las conciencias que pretende el Gobierno, traicionando el mandato popular, a promover la única solución democrática al problema de los Ejércitos: su abolición.
[Artículo elaborado a partir de documentos de trabajo de la Campaña contra la Militarización de la Escuela (Madrid) y del Colectivo Utopía Contagiosa]
enero, 1999
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