¿Transparencia o control de las escuelas públicas?

Luis Hernández Montalvo.

Domingo, 13 de junio de 2010

“… ¿y las juntas? ¿Á ver quién es el guapo que les toma el pulso y se entera de todos sus nombres, objetos, atribuciones, franquicias y percances? Acá nos juntamos.- ¿Y qué hacen ustedes? Preguntará alguno.- ¡Canarios! ¿Está usted sordo? Nos juntamos.- ¿Y después?- Después nos hemos juntado, y juntarse es hacer algo, y haberse juntado todavía es hacer más. Ya parece que los francesitos le van tomando el gusto á las juntas,…” (Juan Cortada, octubre de 1838).

El martes 4 de junio, el señor Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal, Secretario de Educación Pública, hizo una amplia exposición en los medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos sobre el contenido del Acuerdo 535 por el que se emiten los lineamientos para la operación de los Consejos Escolares de Participación Social.

El Acuerdo de referencia expresa una visión burocrática de lo que pudiera ser una nueva visión gestionaría, que ponga fin a una cultura que se impuso a las escuelas de Educación Básica en la segunda mitad de siglo XX. El presidencialismo dominante en el ejercicio del poder permeo a la escuela y ha sido el principal instrumento de corrupción, autoritarismo y antidemocracia, que niega los principios consagrados en el Artículo 3º. Constitucional.

El Reglamento Interior de Trabajo de las Escuelas Primarias de la República Mexicana, establece que es el Director de la escuela, la primera autoridad responsable del correcto funcionamiento, organización y administración del plantel. (Art. 3º.)

El reglamento referido, establece una gestión piramidal, cuando establece las líneas de mando, entre la SEP, las Direcciones de Educación y la Inspección de la zona. El Reglamento data del 4 de octubre de 1966, cuando era Secretario de Educación Agustín Yáñez.

El Acuerdo 535 establece la derogación de las disposiciones emitidas por la autoridad educativa federal que se opongan al presente Acuerdo, por lo que sería pertinente preguntar si el Acuerdo contempla la derogación de los Reglamentos Interior de la Secretaría de Educación Pública; de Asociaciones de adres de Familia; Interior del trabajo de las escuelas primarias de la República Mexicana; de Cooperativas Escolares, de Parcelas Escolares; el Decreto que establece las normas a que se sujetará el ahorro escolar, entre otros.

Pues bien, de estas minucias burocráticas, nos iremos enterando conforme transcurra el tiempo, que ya juega en sentido contrario, pues la gestión del señor secretario, de hecho culmina en unos meses, en tanto se inicia la campaña presidencial y se designa un nuevo gabinete.

Lo que parece ser la principal apuesta del gobierno en materia de educación pública, se va a enfrentar a una realidad compleja, en la que aparecen y se ocultan fuertes intereses políticos, económicos y burocráticos que no están dispuestos a ser cuestionados sobre la conducción de las instituciones escolares. El Reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia, establece perfectamente sus funciones de colaboración a las órdenes de los directores de escuela; ahora se pretende que los nuevos Consejos Escolares, tendrán las funciones de: consulta, colaboración, apoyo, gestoría e información.

El problema no es nuevo, en los días previos a la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en 1992, se distribuyó entre los miembros del SNTE un documento que contenía el esquema de operación de los Consejos Escolares de Participación Social. Posteriormente, en 1993, la Ley General de Educación, incorpora la idea y se definen los derechos y obligaciones de los padres de familia y de sus asociaciones. (Sección I artículos 65 a 67).

Ya han transcurrido más de 18 años. Ha sido hasta 1999, cuando se crea el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (CONAPASE), de cuestionable presencia pública. Los nuevos Consejos Escolares se van a enfrentar a la resistencia, en primer lugar de los directores de escuela, que no van a estar dispuestos a compartir su poder unipersonal en un colegiado como lo pretenden los Consejos Escolares, que por primera vez buscan la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, tal como lo establece la Ley General de Educación, la cual busca ensayar nuevos modelos de gestión estratégica, de participación activa en las escuelas.

El artículo 69, tercer párrafo de la Ley General de Educación, establece que los padres de familia y representantes de sus asociaciones, entre otros, tienen como funciones:

Conocer las metas educativas de la escuela.

El avance de las actividades escolares.

Tomar nota de los avances de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, propiciando la participación de padres y maestros.

Apoyar las actividades extraescolares.

Convocar a trabajos específicos de mejoramiento de las instalaciones escolares.

Respaldar las labores cotidianas.

Realizar actividades en beneficio de la propia escuela.

El Acuerdo 535 y las declaraciones del Secretario de Educación establecen una intensa movilización nacional, que contempla por lo menos a 200 mil escuelas en todo el país, para convocar y nombrar democráticamente a los Consejos Escolares de Participación Social en Educación, independientemente de los múltiples comités, integrados por los padres, los cuales no podrán estar en minoría en relación con los profesores, los directivos los sindicatos y demás personajes convocados para tal efecto. Los diversos comités, se integrarán, para realizar las siguientes actividades:

Un comité de impulso a la lectura, de creación de círculos de lectores y de mejoramiento de las bibliotecas escolares; un comité que promueva la infraestructura, otro más que se encargue de la protección civil; de seguridad en las escuelas, un comité de impulso a la actividad física; un comité que se responsabilice del desaliento de las prácticas que generan violencia entre pares, o sea, entre estudiantes.

Por primera vez, los padres podrán opinar y vigilar sobre el consumo de alimentos saludables. También, habrá un comité especial que cuide el medio ambiente, otro que organice los eventos deportivos y las actividades recreativas, de actividades artísticas y culturales, entre otros, como el establecimiento de un comité para el reconocimiento social a los profesores. (Artículo 6º del Acuerdo 535).

El Acuerdo excluye a las escuelas particulares, las cuales podrán organizarse a través de consejos análogos de acuerdo a las características y necesidades. ¿De quiénes? ¿De los dueños o de los padres consumidores?

El Acuerdo es contradictorio cuando señala que los Consejos Escolares, no intervendrán en aspectos laborales, ni políticas o religiosas. (Artículo 73 de la Ley General de Educación). El Acuerdo trae plazos. La integración de los Consejos será a más tardar la última semana de septiembre, y debe integrarse al Registro Público de los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación.

En sus intervenciones públicas, el señor secretario ha ignorado a la Presidenta del CEN del SNTE, y por lo que puedo ver, el señor ignora lo que ocurre en las escuelas de educación básica, la relación de los profesores con los directivos y los padres de familia, el control político del sindicato con los trabajadores de la educación y la resistencia de los grupos de poder local a ser vistos como mecenas de las escuelas.

El autor es profesor del Bachillerato General Matutino del Benemérito Instituto Normal del Estado de Pueblahernandez_luis21@yahoo.com.mx

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