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SEMANARIO ZETA: SEMANA DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2007

(SNTE-ISSSTE: NVA. LEY-ARCHIVO HISTÓRICO)

Suspenden ejecución de nueva Ley del ISSSTE

Juzticia | Gerardo Dávila Infante

Con el título de este trabajo, algunos empleados del Gobierno Federal sufrirían dilatación ocular y bucal imaginándose que el Presidente de la República y el Congreso de la Unión habrían dado marcha atrás a la promulgación, publicación y vigencia de la nueva Ley del ISSSTE, y aunque existen posibilidades de que la referida Ley sea declarada inconstitucional por un Juez de Distrito (ahora nomás hay uno que conocerá de dichos amparos, a no ser que a algún quejoso se le ocurra promover un incidente de incompetencia), la referida suspensión se refiere al incidente de suspensión en los amparos que se promovieron con motivo de la mencionada norma.

Dicen los tratadistas de la materia de amparo que la suspensión de la ejecución del acto reclamado constituye el alma y la vida del juicio de amparo ya que consiste en decretar y ordenar a las autoridades responsables la suspensión del acto que se reclama hasta en tanto se resuelve el fondo del planteamiento del juicio, es decir, constituye una especie de medida cautelar provisional previendo la posibilidad de que se conceda el amparo y consecuentemente evitar perjuicios que ocasionalmente puedan ser irreparables.

La concesión de la suspensión de la aplicación de la nueva Ley del ISSSTE no significa que se haya concedido el amparo o, como demagógicamente pudieran decir algunos se haya ganado el juicio, sino que simplemente se determina su no aplicación hasta determinar si es procedente en el procedimiento principal conceder el amparo por considerar que la nueva Ley es inconstitucional.

Incluso en los amparos indirectos como es el caso, en incidente de suspensión, que reitero es el alma del amparo, existen dos clases de suspensiones, la provisional y la definitiva, y en este caso hablamos de la provisional porque es la que, reunidos los requisitos se concede en el primer acuerdo del incidente, dando la Ley un voto de confianza al quejoso en forma provisional, respecto de la veracidad de los hechos que relata como argumento de su queja.

La suspensión definitiva es la que se puede conceder o negar en la audiencia que se fija dentro del incidente y su procedencia se sustenta básicamente en determinar si son ciertos o falsos los hechos que se reclaman, en este caso es obvio que el acto que se reclama que es la nueva Ley del ISSSTE es cierto y consecuentemente deberán conceder la suspensión definitiva, y ésta surtirá efectos hasta que se dicte la sentencia que conceda o niegue el amparo, pero en este último caso si los quejosos combaten la sentencia mediante el recurso de revisión, los efectos de la suspensión durarán hasta que se dicte la resolución de segunda instancia.

En el caso concreto de las demandas de amparo que ya se han presentado y que se están concentrando en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el nuevo juzgado creado para tal efecto, se están señalando para que se lleven a cabo las audiencias en el incidente de suspensión para el mes de septiembre del año en curso, y para las audiencias constitucionales el mes de octubre del mismo año, sin embargo al respecto se contemplan algunos problemas como los siguientes:

1.- En el incidente de suspensión, el juez de Distrito está ordenando que las autoridades responsables rindan su informe previo dentro del término de 24 horas, y tal vez el cumplimiento de dicha orden por las autoridades responsables con residencia en el Distrito Federal, puedan cumplirla en tiempo, sin embargo las autoridades foráneas ejecutoras como es el caso de las delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de las subdelegaciones, difícilmente podrán, ya no rendir su informe en tiempo, sino ser notificados de la orden judicial, en el caso concreto de Baja California que muchos señalaron como autoridad responsable a la Delegación del ISSSTE en Mexicali y a la Subdelegación en Tijuana.

2.- Otro problema que se presenta es que en los juzgados de Distrito exigen a los abogados que registren su cédula profesional para tener la certeza de que los autorizados en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, realmente están autorizados para ejercer la profesión de abogados, y es el caso que en cada parte de la República mexicana en la que existen juzgados de Distrito, los abogados de dicha localidad han registrado sus cédulas en dichos juzgados, pero no en el Juzgado de Distrito Auxiliar creado específicamente para conocer de los amparos que nos ocupan, mismo que tiene su residencia en la Ciudad de México, y en consecuencia el multi-referido juez no tendrá por autorizados a los abogados foráneos, amén de que en los escritos de demanda no se señala domicilio procesal en la Ciudad de México, Distrito Federal, lo que evidentemente representa un grave problema de indefensión para los quejosos, cabiendo reflexionar en cuanto a la amplitud de criterio de la autoridad judicial federal de que, si no es tan rigorista consigo mismo en cuanto a los términos de la fijación de las fechas de las audiencias, también pudiera ocurrírseles pedir informe oficiosamente a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública respecto de la existencia y expedición de las cédulas profesionales de los abogados que aparecen autorizados en las demandas de amparo presentadas fuera del Distrito Federal, a fin de que cubran la certeza de que están autorizados para ejercer la profesión de abogado y consecuentemente pueden ser autorizados en los términos del artículo 27 de la Ley de la materia.

Por otra parte, resulta interesante el que a los quejosos se les admita la demanda y específicamente se les conceda la suspensión provisional de la aplicación de la Ley impugnada, por virtud de que el juez de Distrito en su argumentación para conceder la suspensión implícitamente reconoce que la nueva Ley del ISSSTE es una Ley autoaplicativa que por su sola vigencia obliga al gobernado a realizar una conducta de hacer, de no hacer o de dar, y que por lo tanto son impugnables desde su publicación ya que sus efectos no quedan supeditados a un acto posterior futuro o incierto por parte de la autoridad, sino contrariamente, el incumplimiento de las disposiciones legales en comento, por parte del obligado hoy quejoso, generaría sanciones de diversos tipos cuya aplicación es oficiosa por parte del Estado, de lo que se colige que constituyen actos razonables futuros que son susceptibles de suspensión, ya que en principio el fin de esta institución (la suspensión) es evitar a la parte quejosa perjuicios de difícil reparación, así como evitar que se dificulte el retorno de las cosas al estado que tenían en caso de concederse el amparo.

Desde luego, la suspensión provisional de la aplicación de la nueva Ley del ISSSTE para aquellos que interpusieron el amparo, resulta una tranquilidad oportuna para evaluar la situación y fortalecer la argumentación jurídica, tomando en consideración lo abrupto del trámite de esta Ley que deriva de un fast track legislativo, y si no analícelo Usted:
1.- La iniciativa se presentó el 15 de marzo de 2007 por tres diputados del PAN, tres del PRI, dos del Partido Nueva Alianza y uno del Partido Verde Ecologista.
2.- El 19 de marzo de 2007 se llevó a cabo la reunión de las comisiones de ambas cámaras del Congreso de la Unión, mismas que fueron creadas al presentarse la iniciativa.
3.- El 22 de marzo de 2007 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de las comisiones remitiéndolo esa misma fecha al Senado.
4.- El 28 de marzo de 2007 fue aprobada por los senadores, y
5.- El 31 de marzo (sábado) de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación para que entrara en vigor al día siguiente, primero de abril de 2007 (domingo).
Desde luego, si no fuere absurdo, presentaría mis respetos a todos los diputados y senadores que no integraron las comisiones correspondientes por su gran capacidad de comprensión y entendimiento de la Ley abrogada, de la nueva Ley y de sus 47 artículos transitorios, que hoy aún, para muchos todavía resultan confusos y complicados.

Lo más importante de esta situación es que la mayoría de los afectados por la nueva Ley han reaccionado y tomado conciencia de que el primero que debe resolver los problemas son los afectados ya que las directivas sindicales desarrollaron un triste papel de representar intereses, paradójicamente distintos a los que teórica y legalmente deben representar y que son los intereses de los sindicalizados.

Gerardo Dávila Infante, ejerce su profesión en Tijuana, B. C.
Correo: lic_g_davila@hotmail.com

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