Educación, el primer fracaso de Peña

Axel Didriksson. 18 de junio de 2013
Análisis

Alumnos de la escuela primaria "Enrique Rebsamen", en Oaxaca. Foto: Miguel Dimayuga

Alumnos de la escuela primaria "Enrique Rebsamen", en Oaxaca.
Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Todo apunta a que la primera iniciativa de reforma estructural que fue aprobada durante este año, la reforma al artículo 3° constitucional, tendrá que ser abrogada, o por lo menos entrar en una suerte de suspensión gravitacional, debido a que lo que se ha avanzado en la discusión de la misma por parte del movimiento social magisterial, y lo que se está proponiendo para reglamentarla, van en contra de sus contenidos, enfoque y hasta orientación.

Por ahora se discute en sendos foros organizados por la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en los eventos que impulsa la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en universidades y otras instituciones educativas, donde se están cubriendo los 60 días que fueron propuestos por la SEP para formular la ley reglamentaria respectiva.

En tales debates se ha podido constatar que, desde la opinión de los actores directos del proceso educativo (organismos sindicales, miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, expertos e investigadores, directivos de escuelas, rectores y comunidades universitarias y agrupaciones de la sociedad civil), se ha alcanzado un alto nivel de articulación conceptual y programática –y en muchos casos hasta de sentido común– que va en un carril contrario a lo que se aprobó en la reforma constitucional.

Entre los temas que se discuten y se conocen de manera muy amplia están los siguientes: algunos miembros destacados de la recién nombrada Junta de Gobierno del INEE han insistido en que resulta contradictorio y técnica y metodológicamente incorrecto aplicar una sola prueba estándar sin contemplar la diversidad, desigualdad y heterogeneidad económica, social y cultural de quienes participan en los procesos de enseñanza-aprendizaje a lo largo y ancho del país, y del mismo modo lo han planteado quienes viven en carne propia la desigualdad más profunda, como los profesores que trabajan en comunidades de Chiapas, Oaxaca o Guerrero, o en donde se padece de circunstancias excepcionales para su desempeño, como en Michoacán.

También se ha insistido en el absurdo que implica seguir polarizando y extendiendo el conflicto con los maestros de las entidades mencionadas y de otras tantas, por sostener una “espada de Damocles” que atenta contra los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Allí están ya los miles de amparos y las demandas en cierne que pueden hacerse mucho más extensas tan pronto empiecen a aplicarse y a conocerse los resultados de la llamada “evaluación universal”. El dato reciente de la aplicación de la prueba ENALCE (5/VI), que corrió bajo la sombra de la venta fraudulenta de exámenes, da cuenta de que al mejor mago se le pueden salir de la chistera los conejos sin ningún control, sobre todo cuando se sabe de qué tamaño es la enredadera de corrupción que se sigue tejiendo entre los gobiernos y las cúpulas del SNTE.

Fragmento del análisis que se publica en la edición 1911 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

Educación, el primer fracaso de Peña

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