Descarrilamiento educativo

Axel Didriksson. 29 de marzo de 2014
Análisis

Peña con los alumnos. Foto: Presidencia

Peña con los alumnos.
Foto: Presidencia

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con todo y sus múltiples artificios discursivos, sus cambios legislativos que han logrado “armonizar” de forma acrítica las leyes correspondientes en varias entidades del país, la reforma educativa no avanza. Como en la línea 12 del Metro, los rieles se han venido separando de las ruedas de los trenes.

Donde el magisterio disidente está más organizado –como en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Morelos o Zacatecas–, la aplicación de la normatividad mediante la cual se realizará la evaluación universal para distribuir las nuevas plazas docentes u organizar un elemental sistema de información, no podrá realizarse, o bien se hará de forma parcial, en medio de constantes descalificaciones y disputas. El conflicto magisterial se radicalizará y extenderá por varios estados y el DF, mermando las posibilidades de que el magisterio sea controlado por la vía laboral. En el imaginario de la SEP, para 2018 el 100% de las plazas docentes serán contratadas por concurso de oposición, cuando de antemano debiera reconocerse que esto no podrá ocurrir.

La presidenta de la Junta de Gobierno del INEE, Sylvia Schmelkes, con mayor objetividad, ha declarado recientemente que este organismo no podrá alcanzar las metas que se propuso ni las que están en su normatividad, debido a la falta de recursos, y, con seguridad, pensando en la problemática que se vive, señaló que se harán grandes esfuerzos pero que el tren en marcha tendrá que ir bastante más lento para no descarrilarse.

Con la centralidad en la toma de decisiones económicas y políticas por parte de la SEP, que contradice de entrada su objetivo prioritario de “poner en el centro a la escuela misma”, la negociación salarial, solapada por el SNTE, agudizará los conflictos cuando se confronte con lo alcanzado desde hace décadas por sindicatos locales o estatales, es decir, cuando determinadas conquistas o hasta prebendas, usos y costumbres se vean deshilvanados porque el gobierno federal invade todas las atribuciones que estaban en manos de las representaciones locales. El modelo Michoacán se ha extendido al sector educativo.

Los más preocupados, no obstante, son los directores y el personal académico que están al frente de las instituciones de educación media superior y superior. Porque teniendo que afrontar el problema del enorme rezago y deses­colarización (la tasa de abandono escolar en la educación media superior es la más alta del sistema: 60%), se quiere imponer un esquema tipo “europeo” de “marco curricular común”, dentro de un “Sistema Nacional de Bachillerato”, para las instituciones federales y estatales, en donde no está involucrado el bachillerato de las universidades públicas ni privadas (que concentran la gran mayoría de la población en el nivel, con más de 85% de la matrícula total), para alcanzar una meta de absorción de 80% del grupo de edad escolar correspondiente para 2018. Imposible.

Hacia la educación superior, aunque todas las universidades públicas están saturadas, se pretende pasar de 25% de tasa bruta de escolarización a 40%, con la idea de que ampliando la matrícula con licenciaturas a distancia, o haciendo crecer opciones técnicas intermedias, se podrá alcanzar esta meta. Durante décadas ha ocurrido lo contrario: la contracción de la oferta educativa universitaria, que se agrava ahora dado que no se han programado los recursos multianuales solicitados por las universidades, ni la propuesta de construcción de otras cuatro instituciones de este tipo responde al crecimiento que tiene la demanda social.

Las estrategias y metas que se han presentado en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, como las mencionadas, suenan más a bien a retórica burocrática, como para tener algo que hacer; a un ejercicio de cumplimiento formal de requisitos dispuestos en la Ley de Planeación, pero no de atención a los ingentes requerimientos de construcción de una política pública en el sector educativo con legitimidad y participación (¿alguien se acuerda de que hay foros de discusión?), desde una prospectiva debidamente sustentada.

Con planteamientos reduccionistas, con un largo listado de buenos propósitos, la planeación se ha cumplido en tiempo y forma, pero los propósitos aparecen como una mera ilusión para los actores reales del sistema, aunque sí se ven aprobados por los grupos empresariales (competencias, estándares, capital humano, aseguramiento de la calidad) conformes con ideas más bien de tipo pragmático y cortoplacista.

Para el resto de los profesores y estudiantes, de las familias y los más excluidos, las fallas que se resienten representan más bien un verdadero peligro, porque confirman que la oportunidad de transformar el sistema educativo ha vuelto a quedarse en el diseño arquitectónico y en la formalidad de la entrega de los planos. Queda en entredicho la operación y efectividad de tal sistema, y se refuerza el temor de que siga llevándose a más niños y jóvenes entre las ruedas de la ignorancia y la exclusión.

Descarrilamiento educativo

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