Educación: resistencia y lo que falta

Educación: resistencia y lo que falta

Bulmaro Pacheco / bmorenop@rtn.uson.mx

El artículo 105 de la CPEUM establece: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) La Federación y un estado o el Distrito Federal.

“En esta clase de controversias, el Poder Judicial de la federación actúa como contralor de la Constitución, es decir tiene el imperativo de hacer respetar la Constitución sobre los intereses de las partes, independientemente de la calidad de éstas y de sus argumentos” (SB).

“Las controversias constitucionales son juicios que se promueven en única instancia ante la SCJN cuando se suscitan conflictos entre poderes o niveles de gobierno;y lo que en ellas se controvierte es si alguno de ellos afecta a otro en su esfera competencial,contraviniendo con ello a la CPEUM”.(CMA)

El vocero presidencial Eduardo Sánchez informó que la federación interpuso el recurso contra cuatro entidades federativas: Michoacán, Oaxaca, Sonora y Chiapas, por diferencias entre la legislación educativa aprobada por sus congresos, y los contenidos de la reforma educativa federal.

En el caso de Oaxaca, las resistencias a las disposiciones de política educativa federal no son nuevas. Desde 1978, la sección 22 del SNTE ha liderado la oposición contra la dirigencia nacional del sindicato, contra los gobernadores que no se ajustan a sus demandas, y contra la autoridad educativa federal, a la que cada año visitan en el Zócalo de la ciudad de México y en otros lugares para desde ahí presionar la negociación laboral.

En Chiapas, las secciones 6 y 40 del SNTE han observado un comportamiento similar al de Oaxaca desde finales de los 70 del siglo pasado y desde entonces han significado una fuerte resistencia a la política educativa federal. Fueron de las primeras secciones en desplazar a la dirigencia nacional del sindicato y en negociar directamente con sus gobernadores.

Michoacán vive circunstancias especiales en materia de seguridad pública y de desarrollo político.La sección 18 del SNTE siempre ha sido disidente y combativa y ha estado en lucha permanente.

Por alguna razón,Sonora no aprobó la reforma constitucional en materia de educación que impulsara el presidente Enrique Peña Nieto desde diciembre del 2012. No figuró en la lista de los 16 congresos locales necesarios para cumplir con lo establecido por el artículo 135 constitucional relativo al procedimiento de reforma de la Carta Magna. Algo sucedió que al parecer y por lo visto, ni el Ejecutivo ni el Congreso se dieron por enterados de que se había reformado el artículo tercero constitucional.

Es entendible entonces que la controversia anunciada por la federación contra las cuatro entidades federativas señaladas sea producto de las especiales circunstancias con que cada uno de los gobernadores y los congresos locales de cada Estado manejaron el tema.

Se cita invasión de facultades de los estados hacia la federación,omisiones y  contradicciones entre la ley local y la federal, sea porque en lo local se trataron de pasar de vivos o simplemente ignoraron -por negociaciones políticas previas- lo medular de la reforma federal.

Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que dirá la última palabra, que seguramente será una decisión para que los Estados se ajusten a la Carta Magna y reformen su legislación. No habrá de otra, simplemente por  los contenidos del artículo 133 que establece la supremacía constitucional: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados”.

El regreso del PRI a la presidencia se la República y la política de reformas del presidente Enrique Peña Nieto alteraron seguramente el sistema de alianzas políticas establecidas en algunos Estados, y algunos gobernadores han quedado atrapados entre sus antiguos compromisos políticos, y su alardeado-de dientes para fuera- compromiso con el gobierno de la República. Ahí está el fondo de la actual crisis. La autoridad federal sabe de lo riesgoso que pudiera ser el establecer una reforma al gusto de cada quien o una camisa de fuerza a capricho de cada interés. Sería debilitar el federalismo, el desorden total y un seguro fracaso de la reforma que ha creado muchas expectativas en la sociedad, en el sentido de que ahora sí se luchará en forma definitiva para lograr la calidad de la educación.

¿Que pasó en Sonora? El titular de educación ha afirmado que el proyecto de ley original enviado al Congreso sí, armonizaba con el proyecto de la federación. En el Congreso,el diputado Neblina del PAN dice “¡que los maestros de Sonora son diferentes a los del resto del país y así deben ser tratados!” (sic), y el Ejecutivo previsor, afirma que se harán los cambios que señale el Poder Judicial, pero nadie señala el porqué de una legislación distinta a los propósitos originales de la reforma federal. Ninguno coincide y cada cual ha opinado diferente del tema, como que la noticia de la controversia los sorprendió a todos por igual. ¿No la esperaban o no le entraron en serio al tema o fueron otros los que decidieron que tipo de ley se cocinara?, ¿Qué pasó entonces?, ¿Quién se impuso finalmente?

La realidad es que en Sonora no dejan de manifestarse los problemas políticos relacionados con la educación. Eso, al parecer es lo que estamos viendo en la crisis de nuestra Máxima Casa de Estudios.

Es mucho lo que se pierde cuando un conflicto dura más de la cuenta. Más que dinero se pierde credibilidad, confianza y la certeza que que los medios utilizados para la atención de los conflictos han dejado de ser viables, y más que garantizar la armonía entre intereses contrapuestos, los deja al libre juego de fuerzas, apoyos y resistencias, que más que contribuir a la solución de las crisis, las agrava y prolonga.

¿Quién o quiénes pierden con el prolongado conflicto de la Universidad de Sonora? Pierde la institución, porque se debilita internamente en su propia comunidad y hacia la sociedad; pierden los estudiantes, porque el tiempo ya no lo recuperan; pierden las autoridades universitarias, porque -ante la recurrencia del conflicto- han demostrado que no están hechas para la crisis de las instituciones. Uno tras otro,año con año. ¿Quien resiste así?.

Y pierden también los liderazgos de los trabajadores, con independencia de las siglas de sus organizaciones y sus estrategias de lucha, porque los movimientos demasiado prolongados, terminan por cansar a sus bases y los exponen a ser rebasados por liderazgos más radicales, que al observar desesperación, saben interpretarla llevándola al terreno de la estrategia y en cascada generan conflictos,esquiroles o divisiones internas.

En la crisis que actualmente enfrenta la Universidad de Sonora, ni el Congreso local ni los legisladores federales ni los alcaldes -en donde operan sus unidades académicas- ni en el Ejecutivo local parece existir voluntad para colaborar para acabar con la inestabilidad laboral de la Máxima Casa de Estudios. Sí, la Máxima Casa de Estudios, a pesar de la enorme invasión de la educación superior privada, que ofrece de todo a cambio de ganancias y aparecen como alternativas a la crisis de la Universidad pública. Quizá entre todos le apuestan a que el conflicto se solucione solo. Sea por la inercia, por cansancio o por voluntad de las partes hartas de caminos sin salidas y de falta de apoyos reales.

Por eso la receta más adecuada para atender el problema, sigue siendo la política, a través de un diálogo intenso, ininterrumpido y arbitrado por la autoridad competente, que es sin duda, la autoridad estatal.

La universidad fue creada por ley del Congreso local, y su mantenimiento se da con aportaciones federales, estatales y con ingresos propios.

Si no fuera así, quizá habría algo de razón para desentenderse del problema como hasta ahora se ha hecho; ¡pero no!, la Universidad de Sonora es una institución de interés público y su situación nos implica a todos, empezando por quienes al protestar para  un cargo público, juran cumplir y hacer cumplir, la Constitución y las leyes.Así de fácil, ¿Que no?.

bulmarop@gmail.com

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