LA LEY DEL SERVICIO CIVIL Y LAS CIRCUNSTANCIAS POLÍTICAS DE 1989. Por: Profr. Juan Ríos Pérez

Juan Rios Pérez

El 5 de enero de 1989 el Lic. Xicoténcatl Leyva Mortera fue obligado por el presidente Carlos Salinas de Gortari a solicitar
licencia como gobernador del Estado de Baja California. En su lugar fue designado el Ing. Óscar Baylón Chacón que completó los
nueve meses pendientes.
Por el rumbo del magisterio nacional y estatal crecían las manifestaciones de protesta en reclamo de ¡Democracia sindical! y
¡Aumento salarial!, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación encabezaba el movimiento nacional que, en ese
momento, culminó con la renuncia de Carlos Jonguitud Barrios, presidente vitalicio de vanguardia revolucionaria, con la solicitud de
permiso de J. Refugio Araujo del Ángel, Secretario General del SNTE y el arribo de Elba Esther Gordillo Morales como nueva
Secretaria General del SNTE, el 24 de abril de 1989, por orden del presidente Salinas de Gortari.

El 2 de julio de 1989 se acabó la supremacía priísta, por primera vez en la historia del país, llega un gobernador panista; Ernesto
Ruffo Appel, desde entonces el PRI no ha podido recuperar la gubernatura después de 24 años. Se dejó sentir la mano de Salinas al
poner como candidata a la Lic. Margarita Ortega, primera vez y, única, que una mujer haya sido postulada a la gubernatura por el
mismo partido.
Con el triunfo del PAN, el Sindicato de Burócratas compartió a la Sección 37 del SNTE su proyecto de Reforma a la Ley del
Servicio Civil para que le agregaran las adecuaciones inherentes a los trabajadores de la educación. No obstante la buena disposición
de la Burocracia, la dirigencia del SNTE no le aportó “ni una coma” por enfrentar serios conflictos internos, 55 Secretarios Generales
Delegacionales desconocieron al Comité Ejecutivo Seccional, episodio que nadie quiere recordar.
La Ley del Servicio Civil nació muy cuestionada, rechazada por la nueva administración panista y por los diputados del mismo
partido. Había sido aprobada por la XII Legislatura el 19 de septiembre de 1989, siendo presidente del Congreso del Estado el Profr.
Antonio Salgado Ruffo. El Gobernador Óscar Baylón Chacón mandó se imprimiera y publicara el 27 de septiembre del mismo año,
pero fue hasta el 20 de octubre de 1989 que apareció su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Su aplicación al magisterio
estatal se dio dos años después por exigencia de la XIII Legislatura, que contaba con cuatro maestros, para que se pagara por primera
vez la “Prima de Antigüedad” en 1991. En esa ocasión dejaron fuera a los que se habían jubilado antes del 20 de octubre de 1989, a los
fundadores del sistema educativo y de la Sección 52 del SNTE. Fue una intensa lucha que cristalizó con el pago de la “quincena
vitalicia”, en esa época el Secretario General de la Sección 37 del SNTE era el Profr. Antonio Salvatierra González.
El 7 de noviembre de 2011 el Congreso del Estado recibió la Iniciativa de Reforma a la Ley del Servicio Civil, por parte del
exgobernador José Guadalupe Osuna Millán y por los cinco expresidentes Municipales, quienes después de dialogar con el dirigente
del Sindicato de Burócratas, desistieron de su propuesta dejando solo al gobernador. La actual administración acaba de anunciar que si
habrá reforma.
Muchas acciones del exgobernador llevan una clara intención de venganza o desquite, como sucedió con Héctor Lara (q.e.p.d.) con
el SETE y ahora con el sindicato de Burócratas. Con éstos, pretende eliminarles la protección de la Ley del Servicio Civil y trasladarlos
a la Ley Federal del Trabajo a todos los trabajadores de “Organismos o instituciones descentralizadas” Propone eliminar de La Ley del
Servicio Civil de los trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, lo siguiente; E INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA porque resulta INCONSTITUCIONAL, para quedar en los siguientes términos:
LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El ISSSTECALI es un organismo descentralizado, de prosperar la reforma lo elimina de los beneficios y lo traslada a la LEY
FEDERAL DEL TRABAJO, lo que significa que los problemas habrán de ventilarse en las Juntas de Conciliación y Arbitraje y no en
el Tribunal de Arbitraje del Estado que es el que lleva la problemática de los pensionados y jubilados, entre otros el reclamo del
FONDO MUTUALISTA DE DEFUNCIÓN. Se nos acabarían muchos beneficios que nos otorga la Ley del Servicio Civil.
¡OTRA VEZ EN MANOS DE LOS DIPUTADOS!
COMISIÓN DE PRENSA Y PROPAGANDA DEL SETE

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