El fantasma de la maestra | El Financiero

Raymundo Riva Palacio

Estrictamente Personal

Raymundo Riva Palacio

31.07.2014

Los mexiquenses en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto están chocando. No es algo nuevo que el grupo que lucía monolítico al arrancar la administración, tenga fricciones después de 18 meses de estar en el poder. Lo preocupante es que estas divisiones, por estrategias distintas y antagónicas, están poniendo en riesgo la reforma educativa. El conflicto se da entre Emilio Chuayffet, secretario de Educación, responsable de ejecutar la reforma, y Luis Miranda, subsecretario de Gobernación, y Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, que manejan la relación política con la disidencia magisterial, que se opone a ella y quiere descarrilarla.
La lucha de fuerzas no es reciente, pero en estos días llegó al punto de las definiciones para saber si el presidente Peña Nieto quiere completar la reforma educativa a costa de turbulencias sociales, o pactar con la disidencia, para neutralizar el conflicto social a costa de sacrificar uno de los principales ingredientes de la reforma: quitar el control de las plazas al sindicato de maestros, que es parte fundamental para la recuperación, por parte del Estado mexicano, de la rectoría de la educación. Enfrentar la estrategia del gobierno y no aceptar sus tiempos, llevó a la maestra Elba Esther Gordillo a la cárcel. Ahora, ¿está dando pasos para atrás el presidente?

Chuayffet, a quien Peña Nieto se refiere como “maestro”, enfrenta las estrategias de Miranda, compadre del presidente, con quien juega regularmente golf los domingos, y de Castillo, que es multifuncional para Los Pinos. El secretario ha seguido las instrucciones presidenciales de aplicar los mandatos de la reforma, por lo que se realizó el primer concurso de oposición para 16 mil 505 plazas en el magisterio. Los resultados debían haber sido anunciados el domingo, pero se pospuso una semana más porque se logró persuadir a 917 aspirantes de Oaxaca y Michoacán que dejaran atrás sus temores y soslayaran las amenazas de represalias de la Coordinadora, la disidencia magisterial, y cumplieran con lo que marca la ley para acceder a una plaza como maestro.
La Coordinadora nació en Chiapas, pero su bastión está en Oaxaca
–casi 70 por ciento de su membresía está en ese estado–, y en Michoacán se encuentra su sector más beligerante. Cuando arrancó el gobierno tenía presencia, además, en Guerrero y el Distrito Federal. El presidente optó por una doble vía para lidiar con el magisterio, y responsabilizó a Miranda de la relación política con la disidencia. Miranda, que como secretario de Gobierno en el Estado de México en la administración de Peña Nieto, manejaba la política estatal con dinero y prebendas, repitió el método. La diferencia con Toluca es que creó un monstruo. En un año la Coordinadora creció su presencia en cinco entidades, a células en más de 22 estados. ¿Por qué lo hizo Miranda? Salvo que la lógica sea querer administrar la protesta, su gestión es incomprensible y muy probablemente equívoca.
Miranda ofreció a la Coordinadora que si dejaban de manifestarse en las calles y reducían la beligerancia, les entregaría 900 plazas de manera directa. Esto quiere decir que no tendrían que pasar por los concursos de oposición y devolverle, pero a la disidencia, lo que en el pasado veía la maestra Gordillo como patrimonio sindical: el control para asignar y quitar plazas. Para acompañar el proceso de desactivación de conflictos, Castillo impuso como subsecretario de Educación Básica a Rafael Mendoza Castillo, que es el principal ideólogo de la Coordinadora.
Ofrecer plazas a la Coordinadora sin pasar por los concursos de oposición, y entregarle a la sección más beligerante de la disidencia el manejo de las primarias, desactivó las protestas que iban a converger esta semana en la ciudad de México, pero no resuelve el problema de fondo planteado por la Coordinadora: que en sus plazas históricas no haya reforma educativa. Miranda y Castillo pueden pensar que son capaces de manipular a la disidencia y administrar sus expectativas de privilegios, pero además de Chuayffet, a quien minan en sus esfuerzos por arrancar maestros afiliados a la Coordinadora para incorporarlos al sistema planteado en la reforma educativa, se van a topar con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por quien pasa la autorización para aprobar esas plazas que prometió Miranda, porque queda claro que el secretario de Educación no va a hacer concesiones con las que se pusieron a concurso.
En la lógica de la política económica de este gobierno, Videgaray rechazará las 900 plazas que quiere la Coordinadora, que pretenden sumarse a cientos más que el año pasado ofreció y que al no entregárselas directamente Hacienda, arreglaron por la vía del ISSSTE que se les reconociera en dinero y antigüedad, con lo que aplacaron la ira de la disidencia. La diferencia entre 2013 y 2014, es que entonces no existía el concurso para plazas, lo que cambia por completo el contexto y las consecuencias de un arreglo similar. En este choque dentro de su gabinete, el presidente tiene que tomar una decisión, que no puede ser ambigua sino definitiva, y sobre todo clara si su reforma educativa va en serio o si, con el paso de los meses, prefiere no tener más conflictos y navegar, como durante muchos años presidentes anteriores, entre la simulación y la subordinación ante el magisterio.

El fantasma de la maestra | El Financiero

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