Los 7 puntos sobre discapacidad que no incluye la nueva Ley de infancia, y que activistas exigen | Animal Político

Foto: Cuartoscuro.

La organización civil ‘Comunicación para la inclusión’ plantea que, a pesar del "cambio radical" que promovieron los senadores a la Iniciativa Preferente del presidente Peña Nieto, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene aún un largo recorrido que hacer para ser incluyente con los menores que tienen alguna discapacidad.

octubre 1, 2014

¿Cuántos son los niños, niñas y adolescentes que tienen alguna discapacidad en México? ¿Cómo los rehabilitamos y los integramos a la escuela? ¿Cómo los recibimos sin discriminación en los albergues? ¿Cómo les damos garantías a sus padres y cómo apoyamos a quienes tengan una discapacidad aparente?

De acuerdo con la organización de la sociedad civil Comunicación para la inclusión estos son algunos de los interrogantes que aún están pendientes de respuesta, a pesar de que ayer lunes 29 de septiembre el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, en los general y en lo particular, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que pasará ahora a ser discutida en la Cámara de Diputados.

En entrevista con Animal Político, Katia D’Artigues, periodista e integrante de Comunicación para la inclusión, señaló que, aunque reconoce el trabajo de los senadores para hacer “cambios radicales” a la Iniciativa Preferente que mandó el presidente Enrique Peña Nieto, la cual, asegura la periodista, “tenía muchas áreas de oportunidad, por decir de manera amable que estaba muy mal hecha”, la nueva Ley de infancia aún tiene mucho camino por recorrer para ser incluyente con los menores que tienen alguna discapacidad.

En este sentido, Comunicación para la inclusión enumera siete puntos que la nueva Ley debe contemplar para “salvarse de contradicciones planteadas dentro de ella misma”:

1.- Un verdadero censo

Aunque el Artículo 57 V de la nueva ley asegura que se deben “establecer mecanismos que permitan la recopilación de información y estadística de niñas, niños y adolescentes con discapacidad”, Comunicación para la inclusión resalta que “es necesario precisar que este mecanismo debe actualizarse de manera constante, desde que se detecte que hay un niño con discapacidad o aún con presunta discapacidad”.

Asimismo, la organización civil pide que este mecanismo se incluya en varias bases de datos, no solo de salud, sino también de educación, del DIF, y el INEGI. “Que se sepa dónde está (el niño), cuál es su discapacidad, su situación socio-económica. Debe ser un censo cambiante de fácil acceso incluso para personas con discapacidad misma“, apunta la organización.

2.- Rehabilitación

El Artículo 52, fracción XII, señala que “se debe disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita un ejercicio igualitario de sus derechos”.

Sin embargo, Comunicación para la inclusión pide que se cree un estándar con base a experiencias y mínimos internacionales en la rehabilitación de los menores con alguna discapacidad. Además, exige que la rehabilitación sea: oportuna, intensiva de acuerdo a sus necesidades, integral (no sólo física, también psicológica y social), familiar (“porque las familias necesitan apoyos también de tipo psicológico para alcanzar las metas de rehabilitación y por lo tanto de inclusión”, y con altos estándares de calidad.

3.- Que se GARANTICE la educación y la inclusión

El Artículo 59, fracción XIII, indica que se debe “impulsar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional (…)”.

No obstante, Katia D’Artigues critica que el verbo que emplea la Ley “no es el correcto”.

“‘Impulsar’ es lo que el gobierno ha dicho que ha hecho todos estos años. El verbo es muy importante, y lo que queremos que diga es garantizar”, añade la integrante de Comunicación para la inclusión, que además critica que la nueva ley no dice cómo, efectivamente, se va a impulsar la educación y la inclusión de los menores con alguna discapacidad.

En este sentido, la organización civil plantea que la nueva iniciativa incluya, entro otros puntos, que se garantice el aprendizaje de Braile, la escritura alternativas, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos, y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares. Además, se exige que se garantice y promueve el aprendizaje de la lengua de señales mexicana.

4.- Albergues accesibles e incluyentes y que se garantice el derecho a vivir en comunidad

En el apartado de los albergues y centros de acogida, Katia D’Artigues critica que el Artículo 110 “sólo obliga a ser accesible a un ‘tipo’ de albergue”, mientras que la propuesta de Comunicación para la inclusión plantea que todos los centros de asistencia cumplan con requisitos como que tengan la infraestructura inmobiliaria adecuada y accesible para menores con y sin discapacidad; que tengan medidas de seguridad, protección y vigilancia que garantice la accesibilidad y que permita un entorno inclusivo para los menores; y que el entorno prevea apoyos materiales y humanos para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad vivan incluidos en su comunidad.

“Sabemos que hacer accesibles los albergues para los menores con y sin discapacidad y capacitar al personal implica una inversión -admite la periodista y activista-. Pero de no hacerlo, lo que pasará es que en pleno siglo 21 seguiremos construyendo guetos. Porque los menores con discapacidad van a ir a lugares donde sólo habrá menores con discapacidad, y en donde no van a tener derecho a vivir en comunidad”.

5.- Garantías a padres con discapacidad

Comunicación para la inclusión pide que, tanto la Federación, como las diferentes entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales del DF, establezcan programas para proporcionar la capacitación, bienes y servicios  “para evitar que la discapacidad y la falta de recursos, apoyos y servicios, se traduzca en la separación de niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de personas con y sin discapacidad”.

6.- Si los medios no enseñan, excluyen

En el apartado de los medios de comunicación, Katia D’Artigues plantea que al Artículo 69, que habla de las responsabilidades de los medios, se le añada un inciso en el que se garantice la existencia en la sociedad “de servicios, instalaciones accesibles y de diseño universal” para menores con discapacidad.

“Hemos visto a personas con discapacidad trabajar, casarse. ¿Pero cuántos niños y niñas con discapacidad ves en los medios? Si los medios no enseñan, excluyen”, señala la periodista.

7.- Más rapidez en los diagnósticos de discapacidad

Comunicación para la inclusión hace hincapié en este apartado en la existencia de casos de padres y madres que durante años tratan de tener un “diagnóstico” sobre qué le sucede a su hijo y no lo logran hasta muchos años después. Por lo que pide que a la Ley se le agregue el siguiente inciso: “Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o adolecente es persona con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente con discapacidad”.

Cuestionada sobre qué expectativas tiene en cuanto a que los diputados incluyan estos puntos en la nueva ley que deberán revisar para su posterior aprobación, D’Artigues admite que será complicado que éstos hagan algún tipo de modificación a lo aprobado el lunes en el Senado.

“Sabemos que es difícil, porque, por lo general, todo se plancha en el Senado y en la Cámara de Diputados no pasa nada. Pero vamos a hacer un esfuerzo para hacer conscientes a los diputados de la importancia de estos siete puntos para que salga una ley mejor”, concluyó la periodista

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